La Comisión Provincial por la Memoria denunció hacinamiento record en comisarías bonaerenses

Actualmente hay 5.480 detenidos cuando las comisarias bonaerense tiene cupos disponibles para 1199 personas. Además los establecimientos no cumplen con estándares internacionales de derechos humanos y representan un déficit estructural complejo que promueve la violencia y la vulneración sistemática de los derechos de las personas detenidas.

La Plata, (InfoGEI).- Una nueva denuncia fue presentada por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) sobre las comisarias bonaerenses después de realizar inspecciones las comisarías 3ª de Quilmes y la 2ª de Virrey del Pino. Ambas dependencias se encuentran alcanzadas por medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero sin embargo, siguen alojando personas “en condiciones que generan riesgo de vida crítico”.

En su carácter de Mecanismo local de Prevención de la Tortura, conjuntamente con el Comité Nacional de Prevención de la Tortura, la CPM pudo determinar un primer dato que sirve para ilustrar la grave crisis humanitaria que atraviesa a las comisarías bonaerenses: en agosto se registró un récord de sobrepoblación y hacinamiento extremo en comisarías de la provincia de Buenos Aires que ascendió al 357%. 

Los 5.480 detenidos en 1199 cupos disponibles, que tampoco cumplen con estándares internacionales de derechos humanos, “representan un déficit estructural complejo que promueve la violencia y habilita la vulneración sistemática de los derechos de las personas detenidas”, señalaron.

Sobre los espacios inspeccionados se describió que la comisaría 3ª de Quilmes está actualmente alcanzada por una medida cautelar de la CIDH que en 2019 prohibió su funcionamiento y además se encuentra clausurada por una orden judicial de junio de 2020. Antes de esta clausura el cupo disponible era de 12; en la inspección realizada entre la CPM y el CNPT, se constató que había 52 personas detenidas, lo que implica un 333 % de sobrepoblación. 

Las 52 personas detenidas conviven en dos celdas colectivas y cuatro individuales. Comparten un sector común que es un espacio cerrado, sin ingreso de luz natural ni ventilación. El encierro y la humedad densa dificultan la respiración. Todos comparten un único inodoro. Para dormir se reparten entre camastros de cemento y el piso. Según informó el comisario sólo hay 10 colchones. Así que la mayoría duerme sobre mantas o deben turnarse para hacerlo”, detallaron desde la CPM sobre las condiciones de detención.

En estas condiciones, la alimentación adecuada prácticamente no existe y la comunicación con el exterior depende de un único teléfono que es llevado a los internos a requerimiento”, remarcaron. 

El caso de la comisaría 2ª de Virrey del Pino es similar: si bien no tiene clausura judicial, sí se encuentra alcanzada por una medida cautelar de la CIDH de 2016 que prohíbe el alojamiento de personas. Antes de esta decisión había cupo para 8 detenidos, pero durante la inspección conjunta se constató que había 33 personas detenidas, es decir un 312 % de sobrepoblación.

Además de la sobrepoblación, hacinamiento y condiciones inhumanas de detención, se comprobó particularmente la evidente ausencia de mecanismo de control y cuidado respecto de situaciones de riesgo vinculadas con la pandemia de COVID-19. Las personas que ingresan detenidas son alojadas en celdas donde ya hay otras personas sin que se les aplique ningún protocolo preventivo.

Cabe señalar que en ambas comisarías, la mayoría de las personas se encuentran allí por delitos menores y han permanecido detenidas más tiempo del que se establece por ley; varias de ellas durante muchos meses llegando a casos que superan el año de detención en comisarías, según detallaron desde la CPM.

Lo constatado ayer en Quilmes y Virrey del Pino no es una excepcionalidad sino una muestra del grave estado estructural en que se encuentran las comisarías en la provincia de buenos Aires. La continuidad del alojamiento de personas violando lo que establece la justicia y recomiendan los organismos internacionales no sólo constituye una grave ilegalidad sino que se impone como una política que habilita la vulneración sistemática de los derechos humanos y expone a las personas detenidas al deterioro de sus condiciones de vida y las ubica en un serio riesgo de muerte”, remarcaron. (InfoGEI) Mg

Caso Maldonado: tres años de injusticia e impunidad

A tres años de la desaparición forzada, seguida de muerte, de Santiago Maldonado, la única respuesta de la justicia fue un “loop” de encubrimiento. En diálogo con APU, Verónica Heredia, abogada de la familia, analizó el estado de la causa, el espionaje ilegal de Gendarmería y el papel de los medios.

Por Diego Moneta | Foto: Daniela Morán

Se cumplieron tres años de aquel 1 de agosto de 2017, en el que se produjo la desaparición forzada de Santiago Maldonado en la localidad de Cushamen, Chubut, luego de un accionar represivo ilegal por parte de Gendarmería Nacional. Casi 80 días después encontrarían su cuerpo sin vida, río arriba desde el epicentro de la represión, en un lugar que ya había sido rastrillado.

Tres años después no hay ningún responsable, nadie investiga y ni siquiera hay un juez a cargo. La familia sigue exigiendo respuestas mientras la justicia se debate entre la imputación o el sobreseimiento del gendarme Emmanuel Echazú, sospechoso principal, y, sobre todo, por la designación de un juez y la definición de las líneas de investigación.   

Agencia Paco Urondo dialogó con Verónica Heredia, abogada de la familia, quien analizó el estado de la causa, el espionaje ilegal de Gendarmería Nacional durante el gobierno anterior y el papel de los medios a lo largo del caso.

Agencia Paco Urondo: ¿Cuál es el estado actual de la causa?

Verónica Heredia: Hoy la causa está paralizada por dos cuestiones. La primera es que no hay juez. El Dr. Gustavo Lleral fue designado el 22 de septiembre de 2017, después de que se apartara al Dr. Guido Otranto por parcial. Lleral investigó lo que él consideró y concluyó el 29 de noviembre de 2018 que no había nada que investigar. Él entendió que Santiago murió porque ingresó voluntariamente a las aguas heladas del Río Chubut, por lo tanto determinó que no había ningún delito que investigar y archivó la causa. Durante todo 2019 trabajamos para revertir la decisión, lo que llevó a que la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, el 5 de septiembre, dijera que efectivamente había que seguir investigando, exceptuando la desaparición forzada. Nosotros recurrimos a la Cámara de Casación Penal diciendo que había que investigar todas las posibilidades, pero, en un fallo de dos contra uno, se consideró que no. Ahí recurrimos a la Corte Suprema de Justicia, donde todavía está sin resolver este planteo.

Mientras tanto, cuando la cámara indica que hay que seguir investigando, remite la causa a Lleral, quien dice que no puede, por ya haber dado su opinión fundada que no iba a cambiar. La causa pasa al juez Hugo Sastre. Este último también alega que no puede investigar porque, ante la denuncia contra Patricia Bullrich por encubrimiento, ya consideró que no había nada que investigar, por lo que se la envía a la jueza Eva Parcio, que a diferencia de los dos anteriores, es de Comodoro Rivadavia y no de Rawson. La jueza consideró que quien debía investigar era Lleral, entonces la cámara, presidida por Leal de Ibarra, volvió a designarlo. En ese momento lo recusamos porque como juez, cuya característica principal es la imparcialidad, alega que no va a serlo. La cámara lo rechazó. Presentamos un recurso de casación y el Dr. Mariano Borinsky decidió rechazar el planteo, por lo que la causa volvió otra vez a Lleral. Nosotros recurrimos y ahora estamos ante la Corte Suprema para que resuelva qué juez va a actuar y qué se va a investigar.

APU: Considerando que desde la familia lo vienen denunciando desde hace tiempo, ¿Cómo analiza la situación del espionaje ilegal del gobierno anterior?

VH: Todo el espionaje ilegal que se está verificando demuestra que el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal detentan del poder político de turno. Esto realmente nos tiene que preocupar. Más allá de lo que se está conociendo, cometido desde el mismo Estado, esta es una causa estatal porque gente designada desde las estructuras estatales se dedicó al espionaje ilegal. Es muy preocupante en el aspecto de un poder que investiga lo que hizo el Estado, y un propio Estado que, desde el poder político, utiliza todo su aparato para cometer ilegalidades.

En lo particular de la causa se notaba que era así, tanto en el proceso como en los medios de comunicación. Esto forma parte del crimen de desaparición forzada, que comienza con la desaparición de una persona y continua con el ocultamiento y la negativa a reconocerlo. Para ello se necesita al propio Estado funcionando, incluyendo la implantación de pruebas y falsas pistas. Toda esta situación va a servir para demostrar las falsedades que se dijeron en la causa y la instalación de la mentira histórica de que Santiago se había muerto solo y que su cuerpo quedó ahí. Nadie explicó por qué no se encontró el cuerpo antes si ya se había rastrillado ese lugar. Además demuestra que si Santiago estuvo en ese lugar durante 78 días, y si el lugar ha sido monitoreado con drones y se lo conocen de memoria, ¿Cómo pudo pasársele a esta gente que sabía, investigaba y tenía controlado todo?

APU: ¿Cuál fue el papel de los medios de comunicación a lo largo del caso?

VH: Dentro de la estructura de la desaparición forzada los medios de comunicación juegan un papel imprescindible. Instalan, reproducen y amplifican el efecto demonizador sobre la persona desaparecida y sobre la utilización política, cuando fueron ellos desde los medios quienes utilizaron el caso de Santiago. Que hayan instalado que yo era abogada del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) fue al solo efecto de desacreditar la denuncia, desacreditándome a mí, por relacionar al CELS con el kirchnerismo. Todo para decir que el caso era un invento del kirchnerismo.

Sin embargo, nunca dijeron que yo fui la abogada que llevó el primer y único caso de condena contra el estado argentino, durante el gobierno de Néstor Kirchner, por la detención ilegal, tortura y desaparición forzada de Iván Eladio Torres. La condena fue en 2011, es decir que yo litigué contra el estado, durante gobiernos kirchneristas. Por eso, quienes utilizaron políticamente la causa fueron ellos. Recordemos que el allanamiento de la casa de Santiago en El Bolsón fue el día anterior a las PASO de 2017, el cuerpo aparece el 17 de octubre, cuatro días más tarde el juez Lleral salió rápidamente a decir que Santiago se había ahogado, y al día siguiente fueron las elecciones legislativas. Se instaló la utilización política y los medios de comunicación sirvieron para este fin, como sirvieron en la dictadura. La responsabilidad de los medios debe ser cuestionada e interpelada.

Fuente: https://www.agenciapacourondo.com.ar/

La Comisión Provincial por la Memoria denunció que un joven fue picaneado y golpeado por la policía

Los hechos que se denuncian ocurrieron en la madrugada del pasado sábado 25 de julio alrededor de la 5 de la madrugada en el barrio de Tolosa. Además de radicar la denuncia en la justicia, la CPM denunció estas torturas a la Auditoría General de Asuntos Internos.

La Plata, (InfoGEI).- La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), en calidad de Mecanismo Local de Prevención de la tortura, presentó una denuncia penal por torturas, que incluye la aplicación de descargas eléctricas con una picana, contra un joven de 17 años. La víctima tiene, además, múltiples lesiones en todo el cuerpo que no fueron constatadas durante el reconocimiento médico tras su detención ni a su ingreso al centro cerrado Almafuerte. La CPM también denunció que el joven fue interrogado de manera ilegal y amenazado para que no contara lo que pasó.

Los hechos que se denuncian ocurrieron en la madrugada del pasado sábado 25 de julio alrededor de la 5 de la madrugada, cuando agentes de la Policía de la provincia de Buenos Aires que patrullaban el barrio Tolosa de La Plata persiguieron durante algunas cuadras al joven. Al momento de la detención lo golpearon y le propinaron una serie de culatazos con el arma reglamentaria. Luego fue trasladado a la comisaría 6ª.

En la dependencia policial, lo alojan en un calabozo sin ningún mobiliario, lo obligan a permanecer de pie durante más de 9 horas al mismo tiempo que tres policías, de manera sistemática, le aplican descargas eléctricas con una picana para sacarle información. Mientras esto ocurría, los mismos policías filmaban las sesiones de tortura, imágenes que ellos mismos difundieron por las redes sociales.

El interrogatorio ilegal buscaba que el joven no sólo declarara contra sí mismo sino que incrimine también a más personas. A pesar de ser menor de edad y de estar imputado de un delito, durante todas esas horas, las declaraciones se realizaron sin presencia de un abogado o un defensor oficial y sin la compañía del padre, madre o tutor del adolescente. Se violaron así garantías constitucionales esenciales, incluyendo la Convención de derechos del niño.

Recién en la tarde del sábado, los policías lo llevan a reconocimiento médico; durante el traslado en el patrullero, siguieron aplicándole descargas con la picana. Ninguna de las lesiones que tenía fue registrada. Casi diez horas después de su detención, interviene por primera vez un funcionario judicial, sin embargo no se generaron las condiciones para que pueda contar lo sucedido.

Finalmente, fue alojado en el centro cerrado Almafuerte. Al momento de ingresar, por temor a represalias, el joven no dio cuenta de las lesiones que tenía producto de los golpes y torturas en la comisaría, y el personal médico hizo una revisión superficial y registró sólo algunas de las múltiples y visibles lesiones que tenía en el cuerpo.

Tras la detención del joven, intervino la UFI 3 de La Plata que, a pesar de la ilegalidad del operativo, convalidó desde el primer momento todo lo actuado por la policía.

Además de radicar la denuncia en la justica, la CPM denunció estas torturas a la Auditoría General de Asuntos Internos.

Ante este nuevo hecho, la CPM reclama el cese de estas graves violaciones de derechos humanos ejecutadas por la policía de la Provincia, agravadas en este periodo de cuarentena dónde se incrementaron los índices de letalidad policial y denunciaron gran cantidad de casos de gatillo fácil, uso letal de los patrulleros y torturas y malos tratos. (InfoGEI) Mg

Caso Facundo Castro: la fiscalía federal rechazó la recusación impulsada por la querella

La familia había impulsado el pedido de desplazamiento del representante del Ministerio Público Fiscal. El presidente Alberto Fernández habló con la madre del joven y se puso a disposición. 

Por Juan Borges

En un comunicado la fiscalía federal n°1 de Bahía Blanca, a cargo de Santiago Ulpiano Martínez, anunció que rechazó la recusación promovida por la familia del joven Facundo Astudillo Castro, en el marco de la causa que investiga su desaparición ocurrida el 30 de abril pasado. Además, la fiscalía señaló que “arrojó resultado negativo el procedimiento llevado a cabo en la Subestación de Policía Comunal de Mayor Buratovich” de detección de rastros instrumentada por División Canes de la Superintendencia Federal de Bomberos, de Rastros Específicos de la División Canes de los Bomberos Voluntarios de Punta Alta y del asesor de canes Marcos Darío Herrero, especializados en las identificación de rastros biológicos. La medida había sido requerida por la familia de Facundo y sus abogados que afirman “que hubo una desaparición forzada en la cual hubo un dispositivo de encubrimiento donde están implicados al menos nueve policías en cinco etapas que incluyeron demoras en los rastrillajes y la incorporación de testigos falsos y pistas irregulares”. Tras el desplazamiento de la Policía Bonaerense, la causa fue destinada al fuero federal que esta semana realizó seis rastrillajes con más de 200 efectivos comprometidos con la incorporación de canes especializados en la búsqueda de personas.

En este marco, Agencia Paco Urondo dialogó con el abogado de la familia Leandro Aparicio quien sostuvo: “La desaparición de Facundo obedece a un plan de encubrimiento posterior que presenta una secuencia de cinco etapas, la primera transcurre el día en que desaparece, el 30 de abril en el momento en el que le hacen llamar a su madre y cuando supuestamente le envía un mensaje de texto a un amigo cuando esa no era una práctica frecuente en Facundo”. Además, añadió: “La segunda se desarrolla en los primeros días de junio cuando un amigo intenta hacer la denuncia y después de su insistencia se la toman aunque la escribieron en un papel de rotisería. La tercera etapa, la más alevosa, se produce el 15 de junio que no se realizó un rastrillaje clave suspendido ´por cuestiones climáticas´. Asimismo, la policía comienza a presionar y a apretar a testigos intentando llevarlos para que declaren en contra de la familia de la ex novia.  El miércoles 17 de junio Cristina Castro (madre de Facundo) concurrió junto al abogado Luciano Peretto para supervisar un operativo sin poder llegar porque son bloqueados por la policía quienes les niegan el paso. En esos días la policía comenzó a incorporar testigos falsos y allí entendimos que algo no estaba funcionando bien”.

En este mismo sentido, el letrado desarolló que “la cuarta etapa se produce entre los días 26 de junio y el 6 de Julio cuando aparecen testigos que declaran con muchas contradicciones, la quinta y última etapa que es el 13 de Julio, según el abogado querellante, se produjo en las últimas semanas cuando el expediente ya paso a manos del fiscal federal Ulpiano Martínez quien introdujo de manera muy irregular una supuesta persona que afirma haber llevado a Facundo hacia Bahía Blanca, después se confirmó la falsedad de ese testimonio”.

De esta manera, la querella sostiene que la causa debe “estar orientada hacia la desaparición forzada que es nuestra hipótesis y la que más sustento tiene, además la madre de Facundo le pidió a la jueza interviniente como madre y como querellante que aleje al fiscal actuante Santiago Ulpiano Martínez porque está obstaculizando la real investigación. Nosotros lo consideramos el enemigo dentro de la causa”.

Repercusiones de la causa y proyecto legislastivo del Poder Ejecutivo

Ante la petición de acción urgente del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas por el caso, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, a cargo del nieto recuperado Horacio Pietragalla, elaboró una respuesta y enfatizó: “Tenemos absoluto compromiso con la búsqueda e investigación en la desaparición de Facundo Castro, al tiempo que hemos puesto a disposición de la familia todos los recursos del Estado”. Además, el Gobierno subrayó que “la protección y apoyo a las víctimas de violaciones a los derechos humanos constituye una política de Estado en la Argentina”. En este marco, el Gobierno nacional expresó la semana pasada la voluntad de impulsar una Ley contra la violencia Institucional contemplando la proliferación de casos vinculada a situaciones de excesos y casos de gatillo fácil provenientes de las fuerzas de seguridad. Asimismo, el abogado de la familia confirmó que el presidente Alberto Fernandez dialogó telefonicamente con la madre del joven y se puso a disposición. “Se comunicó el Presidente con Cristina, hablaron personalmente, le dijo que lo llame con lo que le quiera pedir”, explicó el letrado en declaraciones a los medios. 

Por su parte, este último fin de semana, el Ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, se volvió a referir a la causa de Facundo e hizo alusión a lo actuado por la autoridades en una videoconferencia del espacio político “Instituto Peronista”. Según el funcionario de la provincia de Buenos Aires, el joven Castro fue “detenido por el primer reten de control, le piden el permiso para circular, debido a las medidas de la cuarentena. Al no poseerlo la policía informa a sus autoridades y finalmente lo notifican y lo dejan seguir su rumbo. A los pocos metros un auto lo recoge, la oficial Ordoñez conducía ese vehículo y lo acerca hasta la ruta 3. Una persona lo ve circulando por la ruta y da aviso a la policía preocupado porque lo vio de contextura física muy pequeña y pensaron que era más joven. Lo intercepta un patrullero y nuevamente le piden documentación y constan que ya había sido notificado, envían una foto a la comisaria de Mayor Buratovich y le confirman que era el muchacho visto anteriormente”. Además, Berni sostuvo Facundo “sigue su rumbo y testigos afirman que lo ven subir en una camioneta oscura y de allí no hubo más noticias. Después de cuarenta días la madre hace la denuncia y se comienzan las investigaciones pertinentes por averiguación de paradero”.  

En este mismo, Berni explicó: “La familia y la defensa no se muestran conforme con ese desempeño y piden el cambio de caratula a ´desaparición forzada´ exigiendo el desplazamiento de la causa de la Policía Bonaerense debido a que el abogado de la familia decía que lo habían visto subir a un patrullero. Se efectiviza esa separación para darle mayor tranquilidad a la madre y pasa a manos de la justicia federal la investigación. Se realizan rastrillajes y testimoniales. Después apareció la señora que lo levanto en la camioneta oscura y dijo haberlo dejado antes de un control fitosanitario donde se inicia una vía que son 14 kilómetros que lo llevan a Bahía Blanca. Se revisaron los celulares de los policías y se realizaron pericias en la comisaría de Buratovich que no confirman la estadía de Facundo Castro allí”. Las declaraciones del funcionario haciendo alusión a estos testimonios son objetadas por la familia del joven que puso en duda su veracidad, señalando que se trata de “testigos falsos”, en el marco de un encubrimiento. 

La postura de los organismos de DD.HH

Por otro lado, el colectivo de organismos de derechos humanos elaboró un comunicado en el cual relató que tuvieron este lunes 27 de julio “un encuentro virtual con Cristina Castro, mamá de Facundo Castro, en el que le manifestamos nuestra solidaridad y acompañamiento en la lucha que lleva adelante por la aparición de su hijo”.

El texto que lleva la firma de  Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, H.I.J.O.S Capital, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte y la Liga Argentina por los Derechos Humanos, entre otros, subrayó:  “Queremos recordar que los Organismos de Derechos Humanos hemos impugnado en más de una oportunidad a Santiago Ulpiano Martínez por entorpecer el avance de las causas de lesa humanidad con el objeto de lograr la impunidad de los responsables del terrorismo de Estado. Por lo que, de acuerdo a lo planteado por los abogados de la familia y a los antecedentes del fiscal cabría, cuanto menos, disponer su inmediato apartamiento de esta causa”.

En esta misma dirección expresaron: “Reiteramos que es indispensable el compromiso de todas las instancias del Estado para que efectivamente se avance en el caso y se logre el esclarecimiento de qué fue lo que pasó con Facundo así como la identificación, enjuiciamiento y castigo a los responsables de su desaparición forzada”.

“Los Organismos de Derechos Humanos estamos a disposición de la Castro y acompañamos a los seres queridos y amigos de Facundo en este difícil camino que les toca transitar. Volvemos a hacer público nuestro compromiso para lograr una Democracia plena, sin violencia institucional, que garantice los derechos de todas y todos”, concluyeron.

Detienen a policía que dejó en grave estado a un menor al que le propinó una golpiza

Un agente de la Policía Local de Zárate, fue detenido, acusado de atacar a golpes a dos menores de edad, en un hecho ocurrido el sábado 18 de julio, pero que trascendió recién esta semana.

La Plata, (InfoGEI).- El ministerio de Seguridad bonaerense decidió desafectar al efectivo de la fuerza y ya se encuentra detenido a disposición de la Justicia, acusado de atacar a golpes a dos menores, uno de los cuales, de 17 años, quedó en grave estado de salud.

En un primer momento el policía había declarado que atacó a los menores tras encontrarlos robando en su vivienda pero luego el testimonio de testigos contradijeron esta primera versión, que llevaron a la Justicia a ordenar su detención.

La fiscal que entiende en la causa, Andrea Palacios, titular de la UFI N.º7, fue quien pidió la detención del efectivo al Juzgado de Garantías Nro. 1 del Departamento Judicial Zárate Campana, a cargo de la Dra. Graciela Cione.

La magistrada entendió que los elementos probatorios aportados por la investigación fueron suficientes para hacer lugar a la detención del agente Jorge Rodríguez y la carátula de la causa establecida fue “Homicidio agravado por ser su autor integrante de una fuerza policial y haber abusado de su cargo en grado de tentativa”.

Según da cuenta La Voz de Zárate, el ataque se habría perpetrado por el funcionario público en la mañana del sábado 18, cerca de las 8.30 horas. El menor había concurrido a un domicilio de calle Saenz Peña, junto a un amigo, otro menor de 15 años, para buscar a otro adolescente. Mientras los jóvenes aguardaban en el patio de la vivienda de su amigo, Rodríguez, que ya se encontraba fuera de servicio pero aún llevaba puesto el uniforme y tenía en su poder el arma reglamentaria, comenzó a atacar a los menores.

Más tarde, el acusado diría que su accionar tuvo que ver con un presunto intento de robo en su vivienda. Algo que hasta el momento no fue probado ante la Justicia. De hecho, y según consta en el expediente, testigos presenciales certificaron que los adolescentes se encontraban esperando al otro joven cuando el uniformado llegó en su motocicleta y ahí se desarrolló la violenta secuencia que incluyó disparos de arma de fuego.

El menor sigue internado en el hospital Virgen del Carmen con un hematoma subdural y su estado es crítico y con pronóstico reservado. La familia del joven ha comenzado a realizar una campaña en redes sociales para reclamar justicia por la gravedad que revistió el caso. (InfoGEI)Jd

Los policías que mataron a Lucas eran los verdugos del barrio

Cinthia se había quedado sola en su casa. A Lucas Verón, su hermano,  le acababan de pegar un tiro. Sus otros hermanos y sus padres lo llevaron al hospital. Ella no entraba en el auto, así que se quedó. Justo vio pasar por la puerta un patrullero. Le hizo señas desesperadas para que parasen y la llevaran al hospital. La mujer policía que iba de acompañante la miró y la ignoró. 

Por Natalia Arenas (*)

Al hospital llegó con tres amigos de Lucas: uno era “Moneda”, el que manejaba la moto en la que iba Lucas. Adentro de ese auto todo era llanto y gritos. 

–Contame qué pasó– le preguntó Cinthia al Moneda.

–Fue el patrullero, el patrullero nos corrió.

En el hospital les avisaron que Lucas había muerto. Cinthia recuerda que se desplomó. Y que después se encontró con su mamá, que también se descompensó.

En la guardia, una mujer policía se acercó a consolarlas.    

–Tranquilizate, vamos a encontrar a los que hicieron esto. 

Ya en su casa, a Cinthia le llegó un mensaje. Era una amiga de Lucas. Le mandó una foto de Cinthia Duarte, la policía que, junto a Ezequiel Benítez persiguió a Lucas y al Moneda y les dispararon. Cinthia no lo podía creer: era la misma policía que la consoló en el hospital. Y la que antes la había ignorado cuando le hizo señas al patrullero. 

Ellos lo mataron y lo dejaron tirado en la calle a mi hermano. Y ahí es cuando los veo pasar con el patrullero”, dice Cinthia. Las primeras versiones del caso le dan la razón: no sólo ambos huyeron, sino que no avisaron a sus superiores lo que habían hecho. 

En González Catán se los conoce bien a Benítez, de 33 años, y Duarte, de 26, la pareja de policías detenida por el crimen de Lucas Verón. Ambos forman parte del Comando de Prevención Comunitaria (CPC) de González Catán. Hacen patrullajes en la zona. “Tienen antecedentes de violencia. Siempre le tiran el patrullero encima a la gente que camina por la calle”, dijo un tío de Lucas al diario Clarín. 

Los vecinos denuncian que cerca de un mes atrás a un chico lo pararon en la calle por no respetar la cuarentena. Benítez se bajó del patrullero, lo maltrató y le gatilló en la cabeza. Esa misma noche, pararon a otras dos chicas. 

–¿Qué están haciendo en la calle, en cuarentena?

–Vamos a comprar cigarrillos.

Duarte se bajó del patrullero. Con la excusa de revisarlas, contaron ellas después, las manoseó. 

Las tres víctimas de esos abusos declararon ayer en la fiscalía en la causa por el crimen de Lucas, calificada como homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por la condición de policías de los imputados. 

Un poco más atrás en el tiempo, a Duarte se la vincula con el caso de Roberto Maidana, un joven de 26 años con esquizofrenia. Hasta el año pasado, Maidana hacía changas en el complejo de canchas de fútbol Los Leones a tres cuadras de su casa, en Virrey del Pino. El 4 de septiembre de 2019 salió del trabajo a las 19.30. Caminó una cuadra y media. Cuando estaba por llegar a su casa de un auto particular bajaron un hombre y una mujer de civil. 

–Somos policías, quedate quieto. Eran la oficial Cintia Duarte y su hermano, también policía, conocidos en el barrio.   

Roberto se asustó y empezó a correr. Uno de los policías disparó y Roberto corrió más. Hasta que lo alcanzaron, lo tiraron al piso y lo golpearon por un rato largo. Después lo llevaron detenido a la comisaría segunda de Virrey del Pino. 

La familia fue a la comisaría y les dijeron que estaba acusado de robar un celular a mano armada. Ni el arma ni el celular aparecieron. Presentaron el certificado de discapacidad. 

–En dos días lo soltamos– les dijeron.

Roberto estuvo 25 días preso en esa comisaría. Su mamá le llevaba cada día la medicación y apenas si podía verlo. 

La fiscal nunca quiso investigar ni ver las cámaras donde se ve a mi hermano salir de la canchita a las 19.30. Y el robo fue a las 19.15”, dice a Cosecha Roja Marcelo Maidana.

Roberto continúa imputado y espera por un juicio abreviado que aún no tiene fecha. Todos los meses tiene que ir a presentarse al juzgado. Él y su familia ya no viven en Virrey del Pino. Después de la golpiza y la detención, eran hostigados por los hermanos Duarte, que vivían a siete cuadras de su casa. Así que los Maidana decidieron mudarse.  

Mi hermano tuvo un retroceso muy grande. Vive asustado. Se hace pis encima, no quiere salir a la calle. Tiene miedo de que lo vuelva a agarrar la policía”, dice Marcelo. 

Ahora se sabe lo que esos policías son capaces de hacer.

(*) Natalia Arenas es Periodista feminista. Egresada de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Editora general de Cosecha Roja. Premio Lola Mora 2018.

Fuente: cosecharoja.org

Lanzan un programa de contención psicológica para las personas privadas de libertad

En el marco de la pandemia por el Covid-19 se lanzó un programa de asistencia y contención psicológica de manera virtual para las personas privadas de libertad alojadas en cárceles y alcaidías de la provincia de Buenos Aires que comenzará a aplicarse el próximo lunes.

El acompañamiento profesional estará coordinado por el área de Salud Mental y Adicciones de la Dirección Provincial de Salud Penitenciaria, y contará con el aporte de psicólogos que prestan servicio en esa dependencia, en el Servicio Penitenciario Bonaerense y en la Dirección Provincial de Acceso a la Justicia.

Se trata de un programa impulsado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires que atenderá la demanda de contención emocional y orientación de los internos que atraviesen situaciones de ansiedad, nerviosismo o depresión, preocupados por el impacto del coronavirus en la sociedad y en sus entornos más íntimos en la coyuntura de la pandemia.

El contacto de los profesionales con las personas privadas de libertad se realizarán de manera digital a través de videollamadas. Será un espacio de escucha y contención y que buscará llevar calma y contrarrestar los efectos de las tensiones que genera la crisis sanitaria.

Como se recordará, la población carcelaria de la provincia de Buenos Aires no tiene contacto cara a cara con sus familiares desde mediados de marzo de este año, cuando se suspendieron las visitas con el fin de reducir las posibilidades del ingreso del coronavirus en ámbitos de contexto de encierro.

En cada una de las cárceles y alcaidías se conformaron listados con las personas que se han visto más afectadas emocionalmente y desde hoy comenzarán los encuentros con la intervención de los psicólogos.

Los profesionales de la salud utilizarán la tecnología como método de acercamiento mediante los medios de comunicación habilitados: telefonía y salas de video conferencias en todas las Unidades Penitenciarias.

Luego de las entrevistas y en el caso de detectar síntomas psicopatológicos, se realizará la derivación a los profesionales competentes.

Un diagnóstico previo determinó que al menos unas mil personas privadas de la libertad manifestaron necesidad de asistencia psicológica, inquietudes por falta de información confiable, dudas y temores por motivos relacionados con la situación de pandemia.

Cada profesional se conectará desde su domicilio, utilizando las aplicaciones virtuales para establecer la comunicación con el individuo designado, en un marco de formalidad y seguridad de las comunicaciones que brindará el Servicio Penitenciario Bonaerense.

Además, se asignará un tiempo determinado para asegurar igualdad de oportunidades de acceso al dispositivo, y se tendrá en consideración que como los internos deberán trasladarse desde los pabellones hasta las salas dispuestas para las teleconferencias, se mantendrán las condiciones de bioseguridad vigentes por la pandemia.

La Municipalidad de La Matanza toma postura en el caso Lucas Verón

Lucas Verón era un joven de 18 años. En las últimas horas las pericias judiciales confirmaron que la bala que lo mató fue disparada por uno de los policías detenidos por el crimen, y la teoría de un hecho de gatillo fácil de parte de malos elementos de la Policía Bonaerense parece confirmarse.

La Fiscalía General de La Matanza, asimismo, resolvió apartar de forma provisoria al fiscal que tenía a su cargo la investigación tras la recusación realizada por la familia.

Si bien es prematuro sostener inequívocamente algo y la justicia deberá corroborar lo que en este momento parece certeza, como también determinar tanto las circunstancias del lamentable hecho como el nivel de responsabilidades de todos los involucrados, es imperioso dejar claro que no se va a encubrir ni proteger a nadie, como señaló nuestro gobernador Axel Kicillof.

No hay margen para encubrir ni proteger a nadie, la única respuesta es Justicia para Lucas y su familia. La separación de la policía provincial y del fiscal para no dejar lugar a dudas de que lo único que se busca es esclarecer el hecho y hacer justicia es un paso en ese sentido.

Desde el Municipio confiamos en que la Justicia haga su trabajo y nos ponemos a disposición para colaborar en todo lo que hiciera falta y se pueda contribuir”.

En la Argentina que estamos construyendo no hay lugar para el abuso, el gatillo fácil ni las desapariciones forzadas. Estamos construyendo un país sin privilegios. Estamos comprometidos con construir una Argentina de pie y para todos.

Detenidos de Bahía Blanca iniciaron una huelga de hambre

Argumentan que “no queremos morir acá adentro. Por favor le pedimos su ayuda”, por ello reclaman que las autoridades de la cárcel “incorporen a la brevedad medidas sanitarias adecuadas”.

La Plata, 1Jul (InfoGEI).- Alrededor de 80 reclusos alojados en la Unidad Penal 4 de Villa Floresta de Bahía Blanca comenzaron una medida de fuerza luego de la confirmación de seis casos de coronavirus de personas pertenecientes a la cárcel.

Desde el portal de noticias Cafexmedio revelaron los relatos de los propios detenidos, donde anunciaron que las condiciones de higiene que existen en el Penal, son contraproducente para casos positivos de coronavirus

Asimismo plantean que los Juzgados de Ejecución resuelvan sus beneficios de salida en tiempo y forma. La medida pretende que “los Juzgados de Ejecución resuelvan los beneficios en tiempo y forma teniendo consideración que acá adentro ya hay seis casos positivos”.

Y también argumentan que “no queremos morir acá adentro. Por favor le pedimos su ayuda”, por ello reclaman que las autoridades de la cárcel “incorporen a la brevedad medidas sanitarias adecuadas”. (InfoGEI) Mg

Obispado Castrense

Los organismos de derechos humanos pidieron la disolución del Obispado Castrense “Ha sido instigador y cómplice de golpes de Estado”, señalaron los organismos, en el marco de las notas presentadas conjuntamente al Presidente de la Nación, Alberto Fernández, y a las presidencias de ambas Cámaras del Congreso de la Nación.

El 28 de junio se cumple un nuevo aniversario del acuerdo suscripto en 1957 entre la sangrienta dictadura militar de Aramburu-Rojas y la Santa Sede creando el Vicariato Castrense, actualmente denominado Obispado Castrense.

Con la firma de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Liga Argentina por los Derechos Humanos, Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, Centro de Estudios Legales y Sociales, Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, Comisión Memoria Verdad y Justicia Zona Norte y Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Matanza, el 12/3/2020 se solicitó mediante notas presentadas conjuntamente al Presidente de la Nación, Alberto Fernández, y a las presidencias de ambas Cámaras del Congreso de la Nación (Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa), que se inicien los procedimientos para que la República Argentina denuncie la referida Convención.

Los organismos fundamentaron el pedido en razones de oportunidad mérito y conveniencia, y en la situación jurídica violatoria de derechos humanos ínsita en la misma existencia del Obispado Castrense.

Entre las razones de oportunidad, mérito y conveniencia, se señala que “el Obispado Castrense ha sido instigador y cómplice de golpes de Estado, promovió lisa y llanamente un genocidio, fue soporte ideológico y moral del actuar delictivo de las dictaduras cívico militares, mantiene un silencio contumaz sobre el rol cumplido durante la última dictadura cívico-militar; critica la administración de justicia, solidarizándose con quienes han sido condenados por sus crímenes, y, con desparpajo, realiza injerencias indebidas referidas a las políticas de Estado de nuestro país”. Los organismos acompañaron un anexo con referencias históricas documentadas que prueban sus afirmaciones.

En referencia a los fundamentos jurídicos para solicitar la disolución del Obispado Castrense, los organismos de derechos humanos señalan el carácter discriminatorio que conlleva la misma existencia de tal institución, diciendo entre otros fundamentos que “Cuando el peso del sostén del Obispado Castrense (y –dicho sea de paso- de la Iglesia Católica Apostólica Romana en General) recae en todas las personas y no sobre quienes aprovechan en razón de sus creencias y convicciones personales, se vulnera gravemente el principio de igualdad.” “A la luz de los estándares de la Ley antidiscriminatoria N° 23.592, artículo 1, resulta manifiesto que la mera existencia del Obispado Castrense implica necesariamente un conjunto de impedimentos, obstrucciones, restricciones y menoscabo para el “pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional”.”

Junto con el pedido de suprimir de la estructura del Estado al Obispado Castrense y denunciar a tal efecto la Convención entre la Santa Sede y el Gobierno argentino firmado el 28 de junio de 1957, los organismos solicitaron a los titulares de los Poderes Ejecutivo y Legislativo que “se peticione a la Santa Sede la desclasificación de la documentación producida o reunida por todos los integrantes del Vicariato Castrense entre 1976 y 1983. Entre ellos, los documentos referidos a las gestiones realizadas ante distintos miembros del Vicariato por parte de familiares de detenidos desaparecidos, así como la documentación que refiere a la comunicación interna de esa institución y los intercambios de información con diferentes ministerios y agencias durante el terrorismo de Estado en Argentina”.

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