El 21 de agosto de 2003, el Senado nacional sancionó la ley que anuló las leyes de punto final y obediencia debida, un impulso fundamental para la reapertura de los procesos por crímenes de lesa humanidad en la Argentina y marcó un hito en la búsqueda de verdad y justicia por los delitos Cometidos durante la dictadura cívico militar. A 20 años opinó para Télam Horacio Pietragalla Corti, secretario de Derechos Humanos de la Nación.
POR HORACIO PIETRAGALLA (para Télam)
El 21 de agosto de 2003, el Senado de la Nación convirtió en la ley la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, dos normas que habían sido aprobadas por el Congreso en 1986 y 1987 y que desde entonces habían obstaculizado el juzgamiento de los responsables por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar.
Se cumplen 20 años de esa decisión que fue fundamental para que se reabrieran en todo el país los juicios a los genocidas y que mostró la voluntad del gobierno que recién comenzaba y de gran parte de la dirigencia política de terminar con casi dos décadas en las que los genocidas caminaban libres por la calle y sin condena.
Hacía apenas tres meses que Néstor Kirchner había asumido la presidencia y tuvo la valentía de acompañar desde el Poder Ejecutivo el proyecto de la diputada de Izquierda Unida Patricia Walsh para declarar “insanablemente nulas” las leyes 23.492 y 23.521, algo que era reclamado desde hacía varios años por los organismos de derechos humanos, los familiares y los sobrevivientes.
En ese momento ya se habían producido algunos avances en la justicia, como el fallo en el caso “Poblete”, en el que se había declarado nula la aplicación de estas leyes, y estaba pendiente la resolución de la Corte Suprema (que llegaría en 2005), sin embargo el debate y la sanción en Diputados y en Senadores de esta norma tuvo un valor político muy fuerte y mandó un mensaje muy claro a la sociedad: el mismo Poder Legislativo que había dictado la amnistía más de 15 años antes estaba anulándola y declarando explícitamente que apoyaba el juzgamiento a quienes habían cometido un genocidio en nuestro país.
El 2 de septiembre siguiente, Néstor promulgó la ley y unos días después reivindicó al movimiento de derechos humanos en un discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en el que sostuvo: “Somos hijos de las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo”. Estaba cambiando la historia y cerrando una época muy oscura para nuestro país.
Fueron hechos que marcaron un antes y un después y permitieron iniciar el camino hacia una democracia con la Memoria, la Verdad y la Justicia como uno de sus pilares. Le siguieron otros hitos en los meses siguientes, como la recuperación de la ESMA y de otros centros clandestinos de detención, tortura y extermino, bajar los cuadros de los genocidas Videla y Bignone, la renovación de la Corte Suprema de Justicia menemista, la reparación a las víctimas, entre muchos otros.
La anulación en el Congreso de las leyes y la posterior declaración de inconstitucionalidad por la Corte Suprema permitieron la reapertura de las causas y el inicio de los juicios de lesa humanidad que, con sus avances y retrocesos, siguen hasta hoy. Desde ese momento, se realizaron más de 300 debates por los crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado con más de 1100 genocidas condenados.
En estos momentos en los que vemos crecer a la ultraderecha en nuestro país con posturas negacionistas, discursos de odio y la banalización del terrorismo de Estado, es más importante que nunca recordar y ponderar estas acciones y a los dirigentes políticos que las impulsaron, que permitieron comenzar a revertir tantos años de impunidad y cerrar una etapa a la que no queremos regresar nunca más.
Por Horacio Pietragalla Corti, secretario de Derechos Humanos de la Nación.
