A partir del 29 de diciembre, con la entrada en vigencia del DNU 70/2023, que arrasó con cientos de normas y artículos, entre las cuales derogó la Ley de Alquileres vigente, los nuevos contratos dejarán de tener un plazo mínimo legal y los propietarios tendrán absoluta discricionalidad para determinar el precio, la moneda de pago y el mecanismo de ajuste.
