Consideramos que estas medidas constituyen un ataque directo a las libertades democráticas, derechos adquiridos y, de manera flagrante, representan un intento de golpe de Estado al desconocer los poderes democráticos establecidos. La privatización indiscriminada no es más que la entrega de nuestros recursos estratégicos y riquezas, en manos de intereses extranjeros que buscan saquear a nuestro país. Las consecuencias de