Alberto Fernández: “Proponemos organizar mejor la justicia federal”

El mandatario aseguró que la iniciativa apunta a “reforzar” la justicia federal y afirmó que los nuevos fueros no afectarán “el principio del juez natural”.

El presidente Alberto Fernández destacó que propone “organizar mejor la justicia federal” y que “el poder decisorio no se concentre en poco magistrados” porque eso fue lo que llevó a que ese fuero “se politizara”, que “los procesos no se desarrollaran con eficacia” y se “manipularan los tiempos en función del clima político imperante”, al presentar el proyecto de reforma judicial en Casa Rosada.

El mandatairo resaltó la necesidad de una reforma judicial para que “nunca más” exista “una política que judicializa los disensos”, y aseguró que sin un sistema de justicia “independiente del poder político, no hay república y democracia”.

La iniciativa propone unificar y duplicar los juzgados federales y designar un consejo de notables para que asesore al Poder Ejecutivo sobre el funcionamiento del sistema.

El mandatario aseguró que “la defensa del derecho reclama como indispensable que el sistema se adecué a la norma” y que “el Poder Judicial deba estar en manos dignas, no permeables a ninguna presión”.

Al presentar el proyecto elaborado por el Poder Ejecutivo, el Presidente repasó las intromisiones de la política en la Justicia a lo largo de la historia argentina.

En ese marco, aseguró que durante el gobierno de Mauricio Macri la Administración Federal de Inteligencia “quedó en un manto de sospecha” por intervenir en causas judiciales” y el principio de incocencia en juicio se vulneró”.

En otro punto de su discurso, el jefe de Estado aseguró que los miembros del Consejo Consultivo que asesorarán sobre la reforma judicial “tendrán plena libertad” para formular las propuestas que “la sociedad demanda”.

Durante el acto en la Casa Rosada, añadió que “ningún” país avanza “sin un adecuado servicio de justicia” (Télam).

Comisión asesora

El discurso del presidente:

Querido Pueblo Argentino:

         Desde mi adolescencia cultivé mi amor por el derecho.

         Mi padre fue Juez. En esa familia fui criado. Difícilmente podría haberme sustraído a la idea del respeto a la ley y a creer que en una sociedad todo diferendo o controversia debía ser sometida al análisis y la decisión de la Justicia.

         En la República, la vigencia del derecho reclama como indispensable que el sistema judicial se apegue a las normas y se abstraiga de cualquier influencia que quiera torcer la imposición de justicia.

         La justicia es uno de los tres poderes de nuestra República y como tal tiene potestades singulares. Por eso la Constitución establece que, llegado el caso, puede disponer de nuestros bienes y hasta de nuestras libertades.

         Semejante poder debe estar en manos de personas dignas que no sean permeables a ningún tipo de presión. Esas personas siempre deben imponer justicia en el mismo momento en que la ley se quebranta y el orden social se altera.  

         Con el correr de los años hemos visto cómo el influjo del poder político, y también de otros poderes, fue operando sobre la decisión de algunos jueces.

         Con el primer golpe militar que arrebató la presidencia constitucional a Hipólito Yrigoyen, comenzó un lamentable proceso de intromisión de la política en las decisiones de nuestros tribunales. El punto culminante estuvo dado en la llegada del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, que no solo asaltó al Estado de Derecho, sino que además hizo prevalecer sus Estatutos Básicos por sobre la misma norma constitucional.

         Cuando el año 1983 culminaba, el retorno de la democracia dio inicio a un tiempo de restablecimiento de las instituciones. Fue ese el momento en que el Presidente Raúl Alfonsín, designó al frente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a juristas de un alto prestigio técnico y a los que se les reconocían los mejores valores democráticos.

         Tras ello, la justicia penal federal inició un derrotero de mejor calidad institucional signado por la moralidad de sus miembros y la objetividad de criterio a la hora de sentenciar. Fue en ese tiempo, cuando la Cámara Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal (uno de sus miembros hoy nos acompaña), juzgó ejemplarmente la violación sistemática de los derechos humanos por parte de quienes conformaron las ex Juntas Militares de la última dictadura, mereciendo por ello el reconocimiento mundial.

         Durante la década de 1990, muchos sentimos constatar un nuevo avance cuando el Congreso de la Nación instituyó, por primera vez en el orden federal, el sistema de juicios orales en materia penal. Sin embargo, otras situaciones como la ampliación de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que habilitó una “mayoría automática” al servicio del poder de turno, sumado a una serie de designaciones de magistrados y magistradas que merecieron severos cuestionamientos a sus cualidades técnicas, volvieron a frustrar esa expectativa de lograr un mejor servicio de justicia.

         Esas condiciones judiciales se prolongaron hasta el año 2003 cuando Néstor Kirchner accedió a la Presidencia de la Nación. La promoción de juicios políticos a algunos miembros de aquella Corte de la “mayoría automática”, sumada a la renuncia de algunos otros, permitió reconstruir al Máximo Tribunal del país. Fue en ese contexto cuando a instancias del Congreso de la Nación, se redujo de nueve (9) a cinco (5) el número de miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 

         Para garantizar la máxima transparencia en la designación de los nuevos jueces, el Presidente Kirchner limitó sus facultades para proponer candidatos a dicho tribunal generando un extraordinario sistema de escrutinio social. De ese modo fueron designados como Ministros y Ministras de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, juristas éticamente irreprochables y técnicamente reconocidos, algunos de los cuales mantienen sus cargos hasta hoy.

         A ello se sumó el nombramiento como Procurador General de la Nación del Esteban Righi, mi siempre recordado amigo y maestro, quien llevó adelante una destacada labor como jefe de todos los fiscales federales del país, siempre en resguardo de valores esenciales del Estado de Derecho. 

         Cuando Cristina Fernández de Kirchner ejerció la Presidencia de la Nación, también adoptó una serie de decisiones que permitieron modernizar el funcionamiento judicial. Esas decisiones quedaron cristalizadas en la sanción de un nuevo Código Procesal Penal Federal y de un plexo de leyes que dieron a los Tribunales Federales y Nacionales, al Ministerio Público Fiscal y al Ministerio Público de la Defensa una mejor conformación acorde con los estándares que fija la ley suprema.

         Los cuatro años que precedieron mi asunción como Presidente de la República, estuvieron signados por medidas que afectaron las reglas de imparcialidad que deben gobernar la acción judicial en un Estado de Derecho.

         Con el dictado del Decreto de Necesidad y Urgencia 257/15, se suspendió la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal Federal y de todas las normas que lo complementaban.

         A su vez, la Agencia Federal de Investigaciones volvió a quedar bajo un manto de sospecha al permitírsele, una vez más, el manejo de fondos reservados y la posibilidad de participar en el curso de diversas pesquisas judiciales.

         Con el devenir de los días se fue perdiendo la transparencia judicial. El cuestionamiento a jueces que expresaran independencia se tornó tan cotidiano como la manipulación de otros jueces que respondieran a los intereses del poder de turno. 

         En ese contexto, la arbitrariedad procesal fue ganando terreno en desmedro de las más elementales normas que garantizan el debido proceso. Por esa vía se abrieron camino pretendidas doctrinas que fueron utilizadas para convertir al encarcelamiento preventivo en un sistema de penas anticipadas. De esa manera, el principio de inocencia y de defensa en juicio fueron repetidamente vulnerados.

         Cuando transcurría la campaña que culminó con nuestro triunfo electoral del 27 de octubre de 2019, muchas veces planteé mi preocupación sobre el modo en que la Justicia Federal había actuado en los últimos años. Dije entonces que la Justicia debería funcionar bien para todos los argentinos y argentinas. Que debía imponerse la ley en forma igualitaria con prescindencia de quien ejerce el poder y quien resulta opositor.  Lo único que me impulsaba a reclamar un cambio, era fortalecer el Estado de Derecho. Solo busco hacer la República que todos declaman, pero que algunos humillaron.

         El último 10 de diciembre volví a reafirmar ante la Asamblea Legislativa que debíamos “terminar con la mancha ominosa que un sector minoritario le provoca a la credibilidad de la institución judicial”. Volví a señalar la existencia de persecuciones indebidas y detenciones arbitrarias inducidas por quienes gobernaban, y silenciadas por cierta complacencia mediática. Puse singular énfasis en que “sin Justicia independiente del poder político no hay república ni democracia. Solo existe una corporación de jueces dispuestos a satisfacer el deseo del poderoso y castigar sin razón a quienes lo enfrentan. De una vez por todas digamos nunca más a una Justicia que es utilizada para saldar discusiones políticas, y a una política que judicializa los disensos para eliminar al adversario de turno”.

         He recordado todo esto para que nadie tergiverse mi proceder. Nadie puede sorprenderse por lo que estamos haciendo. Sometí mi parecer al veredicto popular y el pueblo con su voto me acompañó. Y reafirmé ese mismo compromiso ante el Parlamento argentino, en el mismo instante en que asumí la Presidencia de la Nación.

         Para comenzar a corregir los desvíos que cierto proceder judicial evidenciaba, dispuse la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia. Ese organismo ya no cuenta con fondos reservados, no hace inteligencia interna y no influye en procesos judiciales.

         Ese fue un paso que necesariamente debíamos dar para poder seguir en la búsqueda de nuestros objetivos. 

         Ahora es tiempo de iniciar los cambios a los que siempre me he referido. Es hora de poner en el escenario del debate la cuestión judicial para que podamos lograr tener un mejor Estado de Derecho.

         Lo que estamos proponiendo hoy no es otra cosa que consolidar una Justicia independiente, regida por las mayores normas de transparencia y que desarrolle los procesos con celeridad y eficiencia. Estoy convencido que todos los argentinos y argentinas participan de estos propósitos.

         Solo con ese objetivo estamos poniendo a consideración del Honorable Congreso de la Nación el proyecto de Ley de Organización y Competencia de la Justicia Federal.

         En términos generales, proponemos organizar mejor la Justicia Federal y, en particular, superar la crisis que claramente afecta la credibilidad y el buen funcionamiento de la justicia federal con competencia penal.

         En primer término, el proyecto crea la Justicia Federal Penal con asiento en esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante la consolidación de los fueros Criminal y Correccional Federal y Penal Económico. Cada uno de esos Tribunales actuarán en lo sucesivo con una de las dos secretarías que actualmente tienen. La restante se convertirá en secretaría de 23 nuevos tribunales que se sumarán para acabar de conformar el fuero. Esta lógica de ampliación del número de juzgados, ha tenido muy en cuenta la necesidad de adecuar la labor jurisdiccional a la demanda que deriva de la puesta en marcha del sistema acusatorio que impone el Código Procesal Penal Federal.

         De esta manera, buscamos superar que el poder decisorio se concentre en un reducido número de magistrados y magistradas que, como sucede en la actualidad, tienen el poder de conocer y decidir en casi la totalidad de las causas con relevancia institucional y consecuentemente mediática. Estas han sido circunstancias determinantes para que este fuero se politizara del modo en que ha ocurrido.

         Ese nivel de concentración tampoco ha servido para que la administración de justicia se desarrollara con la eficacia adecuada. Es fácil observar la manipulación de los tiempos del proceso que les permite a los jueces y juezas actuantes impulsarlos o detenerlos en función del “clima político” imperante. A eso el saber popular terminó calificándolo como “justicia pendular”.

         Los fenómenos delictivos evidencian hoy una complejidad significativa. Delitos como el narcotráfico, el lavado de activos, la trata de personas, el contrabando, la defraudación o malversación de caudales públicos o los delitos tributarios permanentemente concurren para perfeccionar el funcionamiento de lo que algunos llamaron la “empresa criminal”.

         En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a diferencia de lo que ocurre en la justicia federal del resto del país, la competencia para investigar y sancionar ese entramado delictivo se encuentra dividida entre los fueros Criminal y Correccional Federal y Nacional en lo Penal Económico. Es hora de unificarlos.

         Este proyecto propicia que el nuevo fuero Federal Penal comience a funcionar cuanto antes. Por ese motivo ha previsto un sistema de subrogancias que busca la máxima transparencia en la designación transitoria de los magistrados y magistradas en el que intervendrán la  Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, el Consejo de la Magistratura y el Senado de la Nación que deberá dar los Acuerdos correspondientes para quienes resulten subrogantes.

         Para que nadie siembre dudas es necesario dejar expresamente aclarado que la conformación de esta nueva estructura judicial, en nada afecta el principio del Juez Natural. La totalidad de las investigaciones y juicios en curso quedarán bajo la jurisdicción de los jueces, juezas o tribunales orales que actualmente las estén tramitando.

         También se ha previsto la unificación de las cámaras de apelaciones y la creación de tribunales orales, de fiscalías y defensorías para que se sumen al nuevo esquema que hemos diseñado y le otorguen el mejor funcionamiento.

         Es necesario destacar que los concursos que el Consejo de la Magistratura realice para seleccionar los candidatos y candidatas a cubrir los nuevos tribunales federales que proponemos crear, deben realizarse por prueba de oposición oral y pública, y todo el procedimiento será registrado en soporte de imagen y sonido al que se le dará difusión pública para garantizar objetividad, igualdad de oportunidades y transparencia.

         En otro orden de ideas, el proyecto propone transferir a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la competencia para investigar y juzgar la totalidad de los delitos no federales cometidos en su territorio, completando de este modo el proceso de transferencia de competencias penales que aún hoy se encuentra pendiente. Queremos hacer que la manda constitucional dispuesta en 1994 finalmente se cumpla.

         En un segundo título, la ley propicia la unificación plena de la materia Civil y Comercial Federal con la que es propia del Contencioso Administrativo. En este caso, se ha considerado la experiencia que da cuenta de los numerosos conflictos de competencia que suscitan entre ambos fueros, lo que atenta contra la celeridad, eficiencia y eficacia tan reclamada a la labor judicial. 

         El tercer título de la ley propone un fortalecimiento de la Justicia Federal en el interior del país.

         Intentamos así poner en marcha una iniciativa que ya tuvo trámite parlamentario en el Congreso y que por las normas reglamentarias vigentes, ha caducado. En efecto, la iniciativa que se propone recoge el texto de un proyecto de ley impulsado por la anterior gestión de gobierno en el marco del programa “Justicia 2020”. El proyecto citado fue presentado ante el Senado de la Nación por los senadores Humberto Schiavoni, Federico Pinedo, Ernesto Martínez, Rodolfo Urtubey, Luis Naidenoff y por la senadora Silvia Elías de Pérez.

         Aquella iniciativa tuvo en consideración los 114 proyectos de ley presentados desde el año 2008 sobre creación de juzgados federales, poniendo el objetivo en el fortalecimiento de la justicia federal con asiento en las provincias y la especialización por materia evitando con ello el establecimiento de competencias múltiples.

         Esta idea va en consonancia con nuestro propósito de continuar implementando gradualmente en todo el país el Código Procesal Penal Federal.

         Finalmente, la ley impone en su capítulo final una serie de reglas de actuación que deberán respetar los jueces y juezas federales.

         La Ley N° 27.146, cuya vigencia fue suspendida por el gobierno que nos precedió mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 257/15, establecía una serie pautas de actuación que en la magistratura deben ser respetadas:

         a) Mantener un trato equivalente con las partes, sus representantes y abogados.

         b) Evitar comportamientos que indiquen favoritismo, predisposición o prejuicio respecto de cualquiera de las partes.

         c) Garantizar que las personas reciban un trato digno e igualitario.

         d) Ejercer sus funciones libres de interferencias.

         e) Comunicar al Consejo de la Magistratura de la Nación cualquier intento de influencia en sus decisiones por parte de poderes políticos o económicos, miembros del Poder Judicial, Ejecutivo o Legislativo, amistades o grupos de presión de cualquier índole, y solicitar las medidas necesarias para su resguardo.

         f) Evitar que el clamor público y el miedo a la crítica incidan en sus decisiones, y en ningún caso deberán actuar en base a consideraciones de popularidad, notoriedad u otras motivaciones impropias.

         g) Evitar valerse del cargo para promover o defender intereses privados, transmitir ni permitir que otros transmitan la impresión de que se hallan en una posición especial para influenciar.

         El proyecto que se eleva a consideración del Congreso mantiene estas pautas de actuación y agrega que su incumplimiento constituirá una causa grave de mal desempeño, además de las sanciones administrativas y penales que pudieren corresponder. 

         Por otra parte, estoy creando el Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público.

         A tal fin, he recurrido a juristas de reconocimiento técnico indiscutido. Han sido sus sólidos antecedentes académicos y la experiencia enorme que individualmente acumulan, lo que me ha determinado a convocarlos y convocarlas a la tarea de repensar el funcionamiento de nuestro Poder Judicial y de nuestro Ministerio Público.

         Quiero agradecerles de corazón, a todas y a todos, por haber aceptado mi convocatoria con total compromiso y de un modo generoso y desinteresado.

         Solo les pido me dispensen el permiso de expresar un especial y profundo agradecimiento para alguien que ha sido el maestro de muchos de nosotros. Gracias Profesor Enrique Bacigalupo por estar siempre dispuesto a colaborar en el mejoramiento de nuestra querida Argentina.  

         Este Consejo que estamos creando deberá elevar a consideración del Presidente, propuestas concretas sobre los temas que conciernen a una mejor administración de Justicia.

         Analizar los problemas que se observan para el mejor funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, del Consejo de la Magistratura de la Nación, del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa en el ámbito nacional, será una condición imperiosa para poder abordar las posibles soluciones.

         De ahí en más, los miembros del Consejo tendrán plena autonomía y libertad para recomendarme lo que crean conveniente. No existe en mi ánimo, contrariamente a lo que muchos han repetido, el deseo de condicionar la decisión de este Consejo Consultivo. Sé de las cualidades intelectuales de cada uno de ustedes y sé que no estarían aquí si se sintieran limitados o limitadas a expresarse libremente.

         Yo quisiera que las recomendaciones que finalmente me brinden, sean parte del debate que estamos abriendo y se conviertan en las piedras basales de un nuevo sistema judicial que nuestra sociedad está demandando desde hace ya mucho tiempo y que lamentablemente nuestra democracia no ha podido construir todavía.

         He dedicado más de treinta años de mi vida a estudiar y a enseñar derecho. Por más que por momentos la realidad parezca contradecirme, estoy convencido de que la institucionalidad en la democracia moderna es una condición necesaria para pensar el desarrollo. Ninguna sociedad avanza sin un servicio de justicia que solo responda a la necesidad de imponer la ley allí donde se ha quebrantado.

         No he llegado hasta aquí para defraudar a los alumnos y alumnas que me oyeron en las aulas de la universidad pública reivindicar la importancia de preservar las reglas del debido proceso. Sé que esas reglas se olvidan cuando en los tribunales entran a tallar intereses económicos o políticos.

         Sé que eso, precisamente eso, ha venido ocurriendo en parte de nuestra Justicia en los últimos años y no voy a ser yo el que se haga el distraído frente a una situación que daña la República.

         Este proyecto de ley que hoy presentamos es el resultado de meses de trabajo desarrollado con seriedad y objetividad. Esta Comisión que hoy estoy creando será la que me recomiende las mejores alternativas para que la Justicia funcione en su plenitud. De esas recomendaciones saldrán los proyectos de ley que el Congreso de la Nación deberá debatir. Ahora nos cabe a todos y todas la responsabilidad de avanzar en pos de esos objetivos. Una mejor democracia demanda del compromiso activo de los actores sociales y de la política.  

         Soy un cultor del diálogo. Valoro el don de saber escuchar y de reflexionar sobre lo que escucho. Creo que vivimos un tiempo único en el que una pandemia nos ha hermanado. Estoy seguro de que no es hora de imponer decisiones: es hora de que esas decisiones seamos capaces de construirlas en conjunto.  

         Esa es mi convocatoria. Es hora de tener una justicia proba que solo esté atenta a respetar y hacer respetar las reglas del Estado de Derecho. Una justicia sobre la que no influyan los poderes mediáticos, los poderes fácticos ni los poderes políticos.

         Si lo logramos, habremos fortalecido esta democracia que tantas deudas tiene para con los argentinos y las argentinas.

         Si lo logramos, también habremos saldado una de esas deudas que la democracia argentina aun tiene con la sociedad.

Participaron con su presencia en el acto:

Ramón, José Luis
Recalde, Mariano
Sbdar, Claudia
Siley, Vanesa

Álvarez Rodríguez, Cristina
Arregue, Carlos
Arslanian, Carlos
Battaini, María del Carmen
Beraldi, Carlos Alberto
Bucca, Eduardo
Busnelli, Luis
Cullota, Juan Manuel
Doñate, Claudio Martín

Anabel Fernández Sagasti
Raúl Gustavo Ferreyra
Adriana García Netto
Marcelo Gebhardt
Andrés Gil Domínguez
Marisa Herrera
Elena Highton de Nolasco
Gonzalo Kodelos
Hilda Kogan
Alberto Lugones
Sergio Massa
Diego Molea
Omar Palermo
Gerónimo Ustarroz
María Fernanda Vázquez
Inés Weimberg de Roca

Participaron de manera virtual:

Senador Alberto Wereltinek
Decano Fernando Pérez Lazala de la Universidad de Cuyo
Diputado Felipe Álvarez
Diputada Alma Liliana Sapag
Decano Gonzalo Salerno de la Universidad Nacional de Catamarca
Decano Guillermo Barrera Buteler de la Universidad Nacional de Córdoba
Diputado Carlos Gutiérrez
Decano Javier Aga de la Universidad Nacional del Litoral
Senador José Mayans
Diputado Luis Contigiani
Diputado Luis Di Giacomo
Senadora Magdalena Solari Quintana
Senadora María de los Ángeles Sacnun
Miembro del Consejo de la Magistratura María Inés Pilatti Vergara
Decana María del Carmen Ortega de la Universidad Nacional de Mar del Plata
Senador Oscar Parrilli
Miembro del Consejo de la Magistratura Ricardo Recondo
Diputado Enrique Estevez

Estudiantes y docentes de escuelas de Enfermería realizarán acciones de educación para la salud en el regreso a clases presenciales

Con el objetivo de organizar acciones para la vuelta a clases presenciales, se reunieron de manera virtual autoridades nacionales y referentes provinciales del Programa Nacional de Formación de Enfermería (Pronafe).

Durante el encuentro se discutieron acciones para que estudiantes y docentes de escuelas de enfermería pertenecientes al programa brinden educación para la salud y capacitación en escuelas de todo el país. De esta manera, se realizarán acciones de capacitación sobre protocolos, correcto lavado de manos, higiene respiratoria, formas de actuar ante la aparición de un caso de Covid-19, entre otras.

El fin de esta primer reunión fue explicar los alcances de la propuesta y generar una agenda de trabajo conjunta. Estuvo encabezada por el coordinador nacional del Pronafe, Gabriel Muntaabski y participaron referentes de Tucumán, San Juan, Misiones, Corrientes, Santa Fe y Santiago del Estero.

Se aprobó por unanimidad la paritaria nacional docente

Se acordó la continuidad del pago de un monto excepcional “FONID-suma extraordinaria COVID-19” en los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre y la adecuación de condiciones de trabajo y su organización en el contexto escolar para el retorno a las aulas cuando la situación epidemiológica lo permita. Asimismo se presentó un relevamiento que afirma que se ha garantizado y cumplimentado el acuerdo paritario de junio de este año.

El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, acompañado por el secretario de Trabajo de la Nación, Marcelo Bellotti, y la secretaria General del Consejo Federal de Educación (CFE), Marisa Díaz, encabezó una nueva reunión en la que se aprobó por unanimidad de las cinco entidades gremiales docentes con representación nacional –CTERA, UDA, CEA, SADOP y AMET– y las 24 jurisdicciones educativas del país una nueva acta paritaria.

El Gobierno nacional acordó la continuidad del pago de una suma extraordinaria “FONID-suma extr.COVID-19”, a cuenta del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), de 4.840 pesos por cargo, y hasta dos, que se pagará en cuatro cuotas iguales, mensuales y consecutivas de 1.210 pesos cada una, la primera correspondiente a julio. Las mismas se harán efectivas en los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2020 conjuntamente con el pago del FONID ($1.210) y material didáctico ($210). Además, se convocará a la Comisión Negociadora del Convenio Marco de esta Paritaria Nacional Docente durante noviembre, para analizar la evolución de este acuerdo y las condiciones laborales del trabajo docente.

El titular de la cartera educativa se refirió al “enorme compromiso que está llevando a cabo el sector docente en el marco de la pandemia para garantizar la continuidad pedagógica de nuestros niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos” y la importancia de “dar un paso más en la construcción colectiva de consensos para el regreso seguro a las aulas”.

Asimismo, Trotta expresó: “Todos queremos que nuestra escuela sea ese espacio que permita que la Argentina se ponga de pie y podamos construir mejores realidades. No concebimos otra manera de hacerlo que a través del diálogo con maestros y maestras, profesores y profesoras. Queremos reconocer su compromiso y, por iniciativa del Presidente, nuestro Gobierno hace este aporte excepcional porque contribuye a los ingresos de todas y todos los docentes del país”.

Como resultado de una evaluación y un análisis de la situación en la que se encuentra el país a causa de la pandemia por COVID-19, el Ministerio de Educación de la Nación y el CFE consideran que la delicada situación socioeconómica en el marco de la cual se llevó a cabo el primer acuerdo paritario en materia salarial se ha agudizado. Por este motivo, resulta necesario priorizar la atención de los sectores con mayores dificultades para resolver sus necesidades básicas y garantizarles el derecho a la educación obligatoria mientras continúe la emergencia en contexto virtual y en forma presencial en el retorno gradual a las aulas, cuando la situación epidemiológica y sanitaria lo permita, acompañadas de las condiciones adecuadas de infraestructura, salud y provisión de elementos de higiene y de seguridad necesarios.

Por otra parte, el acta establece un permanente diálogo y negociación colectiva en las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, agotando todas las instancias tendientes a alcanzar los acuerdos que resulten necesarios para garantizar el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes de todo el país como así también los derechos de las maestras y los maestros.

Además, se ratificó la vigencia del Acuerdo Paritario del pasado 4 de junio el cual fijó las condiciones y el medio ambiente de trabajo docente en contexto virtual o no presencial, aplicable también cuando se produzca el regreso a las clases presenciales, según como lo determine la situación sanitaria.

El acta paritaria fue aprobada por unanimidad. La reunión contó con la participación de la secretaria del Consejo Federal de Educación, Marisa Díaz y los integrantes de su Comité Ejecutivo por las cinco regiones: María Agustina Vila (PBA- Centro); José Manuel Thomas (Mendoza – Cuyo); Mariela Nassif (Santiago del Estero – NOA); Daniela Torrente (Chaco – NEA) y María Cecilia Velázquez (Santa Cruz – Sur).

Por las entidades sindicales nacionales participaron: Sonia Alesso, Roberto Baradel, Eduardo López, Luis Branchi y Juan Monserrat (CTERA), Norberto Cabanas (UDA); Juan Carlos Aguirre (CEA); Rubén Blanco (AMET) y Jorge Kalinger (SADOP)

El Gobierno lanzó una línea de créditos subsidiada para que docentes puedan comprar equipamiento informático

A partir del 29 de julio, las y los maestros y profesores podrán acceder a créditos de hasta 100 mil pesos con una tasa de interés del 12%, que podrán pagar en 36 cuotas.

El Ministerio de Educación y el Banco de la Nación Argentina, con el apoyo del Ministerio de Desarrollo Productivo, lanzan una nueva línea de créditos para que docentes de educación obligatoria y superior no universitaria que perciben el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), puedan acceder a computadoras en planes de largo alcance y con una tasa accesible muy inferior a la de mercado.

El convenio firmado entre el ministro de Educación, Nicolás Trotta y el presidente del Banco Nación, Eduardo Hecker, se realizó en el despacho del Jefe de Gabinete Santiago Cafiero, junto al Ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas y el secretario de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa, Ariel Schale.

El objetivo de los créditos es facilitar a las y los docentes una herramienta imprescindible en este contexto de pandemia, fortaleciendo una tendencia con la mirada en el futuro. Los equipos especialmente seleccionados podrán ser adquiridos a través del sitio web del Banco Nación, donde también estarán las especificaciones y los pasos a seguir para la adquisición de los mismos.

La inversión inicial que realizará la cartera educativa para subsidiar la tasa de interés será de 50 millones de pesos. Las y los docentes cuyo ingreso equivale hasta cuatro salarios mínimos, vitales y móviles, podrán acceder a créditos de hasta 100 mil pesos, con una tasa de interés del 12%, y un plazo a pagar de 36 cuotas. La cuota promedio es de $1700 para equipos de hasta $50.000, $2500 para aquellos de hasta $75.000 y $3400 para los que alcancen los $100.000.

El titular de la cartera educativa, Nicolás Trotta expresó: “Estamos desplegando distintas medidas en el marco del Plan Federal Juana Manso, para brindar una solución integral en estos momentos tan complejos que estamos transitando. Las acciones adoptadas deben dar respuestas y trascender el contexto de pandemia. Creemos que una educación de calidad sólo es posible si se mejoran las condiciones formativas y laborales de nuestras y nuestros docentes y trabajadores de la educación. Cuanto más igualitarias son las sociedades y más equitativa la educación que ofrecen los Estados, mayor es la calidad del sistema educativo. Ese es nuestro horizonte”.

Por su parte, Eduardo Hecker,aseguró: “Para nuestra entidad cada uno de los ciudadanos cuenta. Consideramos que el sistema financiero tiene que estar al servicio de todos y en particular cerca de los que más necesitan. En este sentido, impulsamos líneas de créditos accesibles para aquellos que tienen una gran responsabilidad, que es la de brindar educación a nuestros jóvenes para construir un mejor futuro y en un país con inclusión”.

El Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación convocó a empresas fabricantes de computadoras en la Argentina a través de las Cámaras que las agrupan, para que pongan a disposición un stock de equipos específicos que cumplan con los requisitos necesarios para poder llevar a cabo este programa destinado a las y los docentes. La subsecretaria de Industria de la Nación, Julieta Loustau, celebró la iniciativa y aseguró: “Si hay una enseñanza que nos deja la pandemia de COVID-19 es que la tecnología es fundamental para la educación y nos parece importante aprovechar este contexto para darle impulso a la industria nacional”.

Elon Musk, y el golpe en Bolivia por el litio, el recurso estratégico del futuro

A medida que pasa el tiempo se va develando la trama de actores protagónicos y secundarios que articularon el golpe de estado cívico, militar y policial, con conexiones internas como externas en Bolivia.

(*) por Verónica Zapata, periodista y psicóloga boliviana

Dentro del sector cívico se agrupan la O.E.A., sectores eclesiásticos, medios de comunicación, políticos, empresarios y funcionarios judiciales. Cabe destacar que hay que diferenciar responsables y cómplices para llevar a cabo un golpe de estado diseñado y planificado desde el 2016, con el invento de un hijo a Evo Morales que llevó a la derrota del referéndum.

El golpe de estado se montó sobre un terreno fértil para ello, abonado por errores del ex gobierno y la desviación de los principios ideológicos que originaron el proceso de cambio.

El 24 de julio se conoció la participación de la empresa Tesla, el mayor fabricante de autos eléctricos del mundo, en el golpe de estado en Bolivia. Elon Musk es el fundador y director de esta empresa que diseña, fabrica y vende automóviles eléctricos, sus componentes y baterías de litio.

La participación en el golpe del empresario quedo revelada con un mensaje de Twitter en el que el magnate nacionalizado estadounidense se quejaba sobre los subsidios de Trump y escribió: “Un nuevo paquete de estímulos no está en lo que más le interesa a la gente”. Un internauta llamado Armani lo increpó: “¿Sabes que no era lo mejor para la gente? El gobierno de EU organizando un golpe de estado contra Evo Morales en Bolivia para que puedas obtener el litio allí”.

El magnate respondió de forma impune: “Derrocaremos a quién querramos. Supéralo”. Luego, Evo Morales se hizo eco de esta conversación y cruzó al empresario: “@elonmusk, dueño de la fabrica más grande de autos eléctricos dice sobre el golpe de estado en #Bolivia: “nosotros golpearemos a quién querramos”. Otra prueba más de que el golpe fue por el litio boliviano, y dos masacres como saldo. Defendamos nuestros recursos naturales”.

La publicación causó revuelo en redes sociales y miles de mensajes condenaron las palabras del magnate. Luego, Elon Musk aclaró que el litio para su empresa lo obtiene desde Australia.

La sugerencia de que EU pueda realizar un golpe de estado a cualquier país sin que nadie pueda hacer nada, es un mensaje amenazante para la región y deja al descubierto que el golpe llevado a cabo en Bolivia es utilizado como escarmiento para los países que no se alinean a los intereses de EU. No es una novedad la participación de empresas en golpes de estado y en guerras en la región, pero no se había visto hasta el momento semejante descaro jactándose de tal acción de parte de un empresario.

Por otro lado, las palabras del magnate revelan su participación de alguna forma y se confirma que lo que ocurrió en Bolivia el 10 de noviembre del 2019 fue un golpe de estado, y no hubo un fraude electoral de parte del M.A.S. como sostuvo la O.E.A. en un informe que no presenta pruebas al respecto y que ha sido cuestionado por diversos informes independientes de diversas universidades.

Al respecto, Evo Morales siempre sostuvo la hipótesis de que el principal móvil del golpe de estado había sido el haber dejado afuera a EU del proyecto de industrialización del litio que se estaba llevando a cabo en el país en conjunto con Alemania y China.

El boicot a la industrialización del litio en Potosi y su relación con el golpe

Marcos Pumari, presidente del comité cívico potosinista (Comcipo) y actual candidato a vicepresidente en el binomio por “Creemos”, junto a Fernando Camacho fue quien lideró, antes del golpe de estado, una feroz movilización con bloqueos y una huelga de hambre en contra del proyecto de desarrollo industrial nacional de baterías de litio en el departamento de Potosí donde se encuentra la reserva más importante de litio. Tamaña azaña proyectaba al país como futura potencia a nivel regional.

Esta movilización regional con bloqueos duró casi dos meses para que el 7 de octubre del 2019 dos semanas antes de las elecciones generales del 20 de octubre del 2019, anunciara una huelga general indefinida, exigiendo a Evo Morales la anulación del decreto supremo 3.738, sobre la industrialización del litio del Salar de Uyuni. Mediante el cual el estado boliviano a través de Yacimiento Petrolíferos Bolivianos (Y.P.B.) se asociaba con la empresa alemana ACI Systems, con el fin de de la instalación de una planta de materiales catódicos y baterías de ion litio destinadas al mercado europeo. A su vez, este decreto especificaba que Potosí recibiría una regalía del 3%. De esta manera EU había quedado afuera del proyecto de industrialización del litio boliviano.

En esta sociedad mixta el accionista mayoritario sería la empresa estatal Yacimientos del Litio Boliviano (Y.L.B.) con el 51% y la empresa alemana con el 49% que aportaría tecnología, mercado y financiamiento. A su vez, Y.L.B. también había firmado contrato con la empresa Industrias Quantum Motors que posee una planta en Cochabamba con el fin de fabricar vehículos eléctricos en serie.

El 1 de octubre del 2019, Bolivia había sido noticia mundial cuando Evo Morales había presentado en un hito histórico de soberanía tecnológica del país, el primer vehículo eléctrico fabricado en territorio boliviano por Quantum que funcionaba con baterías de litio potosino del salar de Uyuni.

Por otro lado, el país había firmado un contrato preliminar con la empresa china Xinjiang TBEA Group-Baocheng para construir plantas industrializadoras de litio en los salares de Copaisa y Pastos Grandes. A partir de un tipo de salmuera se produciría litio metálico, producto de valor en tecnología de punta.

De esta manera Bolivia sería uno de los pocos países del mundo en producirlo. La importancia del acuerdo estratégico con China consistía en que era el principal productor y exportador de autos eléctricos, además de controlar el mercado de baterías de litio y acumuladores eléctricos. Su empresa BYD fabricante de autos electicos había desplazado en producción a la estadounidense Tesla en ese momento.

Marcos Pumari, logró hacer retroceder a Morales en esta iniciativa acusándolo de “vende patria” y de que “entregaría el litio a empresas extranjeras” sin que Potosi tuviera mayores beneficios. Reavivó el fantasma de la historia de la explotación que el departamento vivió durante la colonia con el oro y la plata del famoso cerro rico de Potosí. De esta forma, logró el apoyo de la derecha y parte de la izquierda, organizando bloqueos por toda la ciudad de Potosi, y hasta protagonizó una huelga de hambre para exigir una regalía superior al 3%.

El 3 de Octubre Evo Morales cedió y rompió el contrato con la empresa alemana y se comprometió a instalar una fábrica de baterías de litio en Potosi y de trasladar la sede de Y.L.B. desde La Paz a Uyuni y negociar las regalías. Pero las exigencias de los cívicos cada vez eran mayores, de pronto se reclamaba que Potosi fuera socio y accionista y se rechazaba obtener solo regalías para acceder al 50% de las utilidades que generara esa industria. Lo que revelaba que el reclamo por el mayor ingreso de regalías por el litio era apenas una excusa con otro objetivo superior.

Pumari siguió los pasos del Comité Pro Santa Cruz liderado por Fernando Camacho y se sumó a los reclamos de mayor autonomía de Potosi y hasta de un estado federal. A ello se sumaron los reclamos contra la reelección y un supuesto fraude en las elecciones, con el objetivo de convulsionar al país para concretar un golpe de estado que estuvo planificado al detalle con anticipación.

Los golpistas y Elon Musk

El 1 de abril Jeanine Áñez a través de su canciller Karen Longaric solicitó mediante una carta a Elon Musk, la donación de ventiladores para la atención de pacientes con Covid-19. Tras que el 31 de marzo el empresario desde su cuenta de Twitter había ofrecido a hospitales de todo el mundo el envió gratuito de respiradores. No se conoció respuesta del magnate a la solicitud.

Por otra parte, el 19 de febrero luego de la revelación de Jair Bolsonaro de su objetivo de conseguir que Elon Musk anuncie la instalación de una fábrica de autos eléctricos Tesla en Brasil, Samuel Doria Medina candidato a vicepresidente del binomio “Juntos” con Áñez, anunció en Twitter sus intenciones de entregar el litio boliviano al empresario: “@jairbolsonaro busca convencer a @elonmusk de montar una fábrica de autos eléctricos Tesla en Brasil. Propongo que hagamos un proyecto brasileño-boliviano para que nosotros pongamos las baterías de estos autos con litio de Uyuni”.
Curiosamente, el domingo 9 de noviembre, un día antes del golpe, las acciones de Tesla aumentaron exponencialmente en la bolsa de valores de Nueva York y no paran de subir en la actualidad.

Bolivia principal reserva de litio del mundo con el 60% del total

Entre el 75 y 85 % de las reservas mundiales de litio se encuentra en el denominado “Triángulo del litio” compuesto por Argentina, Bolivia y Chile, pero la mayor reserva de litio en salmueras se encuentra en el salar de Uyuni, Potosi, territorio boliviano.

El país posee una reserva de 21 millones de toneladas de litio, un 60% del total. El litio es considerado un recurso natural estratégico, clave en el cambio de matriz energética y determinante en la modificación del patrón tecnológico, ya que las baterías de ion litio impulsaran la movilidad de los autos y los acumuladores energéticos siendo un metal relevante por su uso en la vida cotidiana.

Se espera que la demanda del litio llamado “nuevo oro blanco” aumente de manera exponencial porque sirve para fabricar baterías de diferentes dispositivos como celulares, relojes electrónicos, smartphones, computadoras portátiles, cámaras de video, de foto, vidrios, aviones, barcos, medicinas y especialmente en autos eléctricos. Se estima que la demanda de este tipo de vehículos se multiplicara por 30 en los próximos 10 años.

El Dr. Ernesto Calvo, uno de los más importantes especialistas en litio de Argentina e investigador UBA-CONICET durante una entrevista el 2018 sostuvo: “El litio es el metal más liviano y además es electropositivo, lo cual permite almacenar mucha energía en muy poca masa, lo que llamamos densidad de energía, y por eso el éxito de las baterías. Los últimos 25 años vimos como cambió nuestras vidas la comunicación con celulares justamente por las baterías de ion litio, ahora supongo que los próximos 25 años veremos algo similar con los autos eléctricos”.

Coronavirus: El Presidente participó de la apertura de hospitales en La Matanza, Mar del Plata, Chaco, Santa Fe y Córdoba

El presidente Alberto Fernández encabezó ayer, a través de una videoconferencia desde la residencia de Olivos, el acto de apertura del Hospital General de Agudos, Doctor René Favaloro, en el partido bonaerense de La Matanza, para la atención sanitaria de pacientes con coronavirus COVID-19.

Además, anunció la apertura de cuatro nuevos Hospitales Modulares de Emergencias en Mar del Plata, Chaco, Córdoba y Santa Fe, que se suman a los ocho que ya fueron construidos por el Ministerio de Obras Públicas y se encuentran en funcionamiento en el Área Metropolitana de Buenos, para brindar asistencia médica en el marco de la pandemia.

Somos muy conscientes de lo que nos pasa y de cuál es nuestra prioridad y nuestro interés primero que es cuidar la salud de los argentinos y las argentinas”, subrayó el mandatario al tiempo que aseguró: “Ver terminado este hospital es un orgullo para los que seguimos reivindicando en el Estado la presencia necesaria de proteger a los sectores más débiles de nuestra sociedad”.

El Presidente señaló la importancia de “haber terminado con estas obras que durante cuatro años quedaron abandonadas y por las que ahora estamos haciendo lo que corresponde para poder atender la salud y prestar atención a los que más lo necesitan”.

Me pone igual de contento ver que estamos inaugurando estos Hospitales Modulares porque el virus está circulando y queremos evitar que la gente se contagie, se enferme o se muera”, expresó el mandatario y pidió: “Entendamos que estamos muy lejos de resolver el problema, tomemos conciencia del problema que enfrentamos y cuidemos la vida”.

Acompañaron al jefe de Estado desde Olivos el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti; la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra; y el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.

Desde el Hospital Favaloro participaron el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el gobernador bonaerense, Axel Kicillof; y el intendente Fernando Espinoza. También estuvieron presentes, a través de videoconferencia, el ministro de Salud, Ginés González García; los gobernadores de Chaco, Jorge Capitanich; Córdoba, Juan Schiaretti; Catamarca, Raúl Jalil; y Santa Fe, Omar Perotti; y el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro.

Durante el acto, el jefe de Gabinete destacó “el trabajo del equipo médico y de los trabajadores y las trabajadoras de la salud que pusieron acá su pasión por la salud pública”, y dio la palabra a la doctora Gabriela Hamilton, que se desempeña en el Hospital Favaloro, quien destacó que “este ha sido un sueño y siento mucha emoción y alegría por todos los que militamos la salud pública”.

El titular de la cartera de Obras Públicas expresó: “El Presidente siempre nos pidió que estemos a la altura de ese esfuerzo que hizo cada argentino y argentina, y esta es una manera de poder demostrar que valoramos, rescatamos y ponemos fuertemente en valor el esfuerzo de toda la sociedad”.

El gobernador bonaerense explicó que “en el medio de esta tragedia internacional, tenemos un día de alegría” y destacó: “Este es un hospital que durante cuatro años fue un monumento a la desidia y que gracias a sus trabajadores no fue saqueado y destruido, y que ahora ayudó a duplicar la capacidad del sistema de salud de la Provincia”.

El centro de salud situado en la localidad de Rafael Castillo cuenta con 144 camas de internación general y 14 de terapia intensiva, un sector de guardia general y pediátrica con atención las 24 horas, seis shock rooms para urgencias, vacunatorio, salas de obstetricia, quirófanos, y servicios de apoyo como laboratorio, diagnóstico por imágenes y consultorios externos.

Las tareas de reconstrucción del Hospital Favaloro fueron reactivadas en marzo de este año luego de cuatro años de estar paralizadas, y tienen como objetivo fortalecer el sistema público de salud en la provincia de Buenos Aires.

Asimismo, los 12 Hospitales Modulares de Emergencia suman al sistema de salud nacional un total de 1417 camas de terapia intensiva, intermedia e internación, de las cuales 959 están destinadas al AMBA (243 de terapia y 716 de internación general).

Cuentan con salas de atención primaria, guardias, shock rooms, laboratorios, consultorios y áreas de diagnóstico por imágenes, y están equipadas con monitores multiparamétricos, ecógrafos portátiles, electrocardiógrafos, tensiómetros y equipos de rayos X, para brindar una atención integral a pacientes con coronavirus COVID-19.

A su turno, el gobernador Capitanich resaltó el trabajo común con la Nación “para poder construir este Hospital Modular”, e informó que el centro de salud tiene 76 camas disponibles, con 24 respiradores y equipos de oxígeno, lo que “permitió el mejoramiento de los indicadores en la provincia”.

Luego, Schiaretti agradeció al Presidente “la construcción del Hospital Modular porque significa fortalecer el sistema de salud pública, trabajar juntos para enfrentar la pandemia, y promover la responsabilidad social en todo el país”.

El gobernador Perotti subrayó: “Poder montar esta infraestructura nos potencia y nos da la posibilidad de ganar en tecnología, en camas críticas y de tener una cobertura hacia todo el cordón industrial que no teníamos”, y reforzó: “Gracias al esfuerzo de todos los santafesinos, estamos poniendo todo el esfuerzo en el cumplimiento de los protocolos de salud”.

Por su parte, el intendente Espinoza agradeció al Presidente “por permitir el desarrollo de la salud en La Matanza” y afirmó: “Después de la pandemia empieza una nueva etapa que permitirá tener una Argentina de pie para todas las nuevas generaciones”.

El intendente Montenegro ponderó el trabajo mancomunado a nivel nacional, provincial y municipal, y aseguró: “Esto nos dio la oportunidad de estar preparados para esta pandemia y para poder dar el ejemplo de que se puede trabajar en conjunto”.

Los Hospitales Modulares de Emergencia están ubicados en Florencio Varela, Quilmes, Tres de Febrero, Hurlingham, Moreno, Lomas de Zamora, Almirante Brown, General Rodríguez, Mar del Plata, Resistencia (Chaco), Gran Córdoba y Granadero Baigorria (Santa Fe).

Calendario de pagos del jueves 30 de julio

Las sucursales bancarias habilitadas atenderán por ventanilla solo a los jubilados y pensionados con documentos terminados en 8 y 9 y cuyos haberes SUPEREN la suma de $18.952.

En este sentido, si bien estas personas no tienen que solicitar turno previo para cobrar este beneficio, deben acercarse a la sucursal bancaria únicamente en la fecha asignada. Cabe recordar que los haberes permanecerán depositados en sus cuentas.

Prestación por Desempleo

Mañana cobran la Prestación por Desempleo las personas cuyos documentos finalizan en y 7.

La Provincia firmó convenios con Nación para obras viales y de agua y saneamiento en más de 40 municipios

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, junto al ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, y su par provincial, Agustín Simone, firmaron este mediodía el acta de acuerdo para la finalización de obras en las rutas provinciales N° 11 y N° 56, y una serie de convenios para proyectos de agua y saneamiento que beneficiarán a 46 localidades bonaerenses.

Con esta firma estamos concretando el inicio de obras que funcionan como una especie de bisagra entre la situación actual de la pandemia y el comienzo de la etapa pospandemia”, señaló Kicillof desde Casa de Gobierno, donde también estuvo acompañado por el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde. “El Estado tiene que ser la locomotora de ese proceso de reactivación y reconstrucción, para darle la velocidad y el perfil que necesitamos”, agregó.

El Gobernador expresó: “Hay que crear trabajo y al mismo tiempo reconocer derechos: agua, cloacas, conectividad, son derechos y eso es lo que venimos a reafirmar”. 

Asimismo, Katopodis aseguró: “Todos los intendentes de la provincia de Buenos Aires conocen la importancia de estas obras, lo que significa ampliar y lograr que todo el sistema de saneamiento se vaya modernizando para permitir el acceso a muchas familias”. También subrayó que “seguiremos trabajando con todos, porque entendemos que de la mano de la obra pública estamos generando empleo”.

Por su parte, Simone destacó el convenio firmado con Vialidad nacional porque “va a permitir reducir en forma muy importante los accidentes de tráfico y mejorar la circulación de autos sobre todo en la época de verano”. Además, explicó que los proyectos de saneamiento “en muchos casos son ampliaciones, mejoras o refacciones en el servicio de agua y de cloacas para distritos del interior de la Provincia”.

Estas obras suman una inversión de más de 9.000 millones de pesos. En la Ruta Provincial N° 11 se reactivarán las obras del tramo San Clemente del Tuyú – Mar de Ajó; y el de General Conesa – San Clemente del Tuyú. En la Ruta Provincial N° 56 se concluirán los trabajos del tramo General Conesa – General Madariaga, donde circulan aproximadamente 50.000 vehículos por día durante la temporada alta. Ambas estaban paralizadas desde septiembre de 2019. 

Por otra parte, se firmó un convenio con el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA) para la ejecución de 84 proyectos de agua potable y saneamiento en 46 localidades, cuyos intendentes participaron del anuncio mediante videoconferencia. Estas obras se realizarán en Adolfo Gonzáles Cháves, Alberti, Ayacucho, Dolores, Benito Juárez, Berazategui, Bolívar, Cañuelas, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Carmen de Areco, Chascomús, Chivilcoy, Colón, Exaltación de la Cruz, General Las Heras, Ranchos, General Pinto, Guaminí, Mar de Ajó, Las Toninas, Las Flores, Luján, Mar Chiquita, Mar de Cobo, Coronel Vidal, General Pirán, Marcos Paz, Mercedes, Monte Hermoso, Navarro, Pehuajó, Pila, Verónica, Roque Pérez, Salto, San Andrés de Giles, San Vicente, Tapalqué, Tres Lomas, 25 de Mayo, Villa Gesell, Ascasubi, Pedro Luro y Médanos. 

Cuando hablamos de una provincia integrada, donde haya igualdad de oportunidades, nos referimos a esto, un Estado presente, que reconoce que todos los habitantes de la Provincia merecen tener la infraestructura social básica. Por eso hoy firmamos dos convenios que vienen a satisfacer necesidades centrales”, concluyó Kicillof.

Lordén presentó propuesta para realizar el seguimiento de pacientes con patologías crónicas

Ante el impacto de la pandemia en la atención de las patologías crónicas, la diputada provincial y vicepresidente de la Comisión de Salud, Alejandra Lordén, mediante un proyecto presentado en la Cámara Baja bonaerense,  propuso que se realice un seguimiento de los pacientes con patologías crónicas.

Le proponemos al Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires que utilice todo el recurso informático del cual dispone cada efector de salud para citar y monitorear a pacientes en riesgo que hayan requerido atención con antelación a la pandemia.” explicó la diputada.

También se propone la realización de campañas de difusión por todos los medios masivos de comunicación, de controles preventivos en toda la patología crónica, promoción de estilos de vida saludable, así como entornos y conductas seguras en la población infantil, durante el embarazo y el periodo de lactancia, como así también en población mayor de 50 años, incentivando conductas seguras de manera coordinada entre los ámbitos sanitario y familiar-comunitario.

Se ha producido más de un 35 % de disminución de las consultas de control cardiovascular, un 30 % de falta de control mensual gineco obstétrico.” citó Lordén alertando que “se comienza a lesionar el concepto de profilaxis, lo que puede traer aparejadas nuevas problemáticas”.

Precios Máximos: La Defensoría denunció incumplimientos en los grandes supermercados

Faltantes de stock de mercaderías e importes por encima de lo pactado, fueron los principales motivos que llevaron a la Defensoría del Pueblo bonaerense a denunciar que las principales cadenas de supermercados incumplen con el programa Precios Máximos.

Luego de un relevamiento para verificar el cumplimiento de la iniciativa con la que el gobierno nacional estableció congelar hasta el 30 de agosto los precios de alimentos, bebidas, artículos de higiene personal y limpieza según los valores que tenían el 6 de marzo, el organismo que conduce Guido Lorenzino apuntó contra Vea, Día, Disco y Walmart .

Lo hizo tras controlar vía web 50 artículos incluidos en el listado de Precios Máximos, dentro de los que se encuentran productos como aceites, azúcar, arroz, harinas, gaseosas, conservas de tomate y arvejas, mermelada, mayonesa, fideos, café, cacao en polvo, lácteos como crema, queso untable, manteca, yogur, leche, leche saborizada y dulce de leche.

El análisis arrojó que Walmart y Dia son las cadenas en las que se observó un mayor faltante de productos: 62 y 60% respectivamente del listado. Por su parte, Vea mostró un faltante de artículos del 48% y Disco del 44%.

Al observar por rubro, en el ítem alimentos los productos que menos stock registraron fueron las gaseosas, las cremas de leche y las mantecas, que no mostraron existencia en ninguna de las cuatro cadenas. Le siguieron los quesos untables, con presencia en sólo dos supermercados. En cambio, los que mayor stock presentaron fueron el café, las harinas y la leche.

En tanto, del análisis sobre los precios se desprende que el supermercado con mayor cantidad de artículos en stock que no respetó los precios máximos fue Disco, con un 7% de los productos con un precio mayor al establecido, y más atrás Día %, con 6% de los artículos con igual característica.

Precios Máximos es una buena herramienta para cuidar el bolsillo de la gente en esta época donde la pandemia golpeó a la economía de las familias, pero eso es necesario el compromiso de las grandes cadenas para dar respuestas ante estos incumplimientos”, sostuvo Lorenzino, quien agregó que “la Defensoría seguirá monitoreando este listado para que los consumidores dejen de ser siempre los perjudicados a la hora de comprar productos de primera necesidad”.

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