El Senado de la Provincia de Buenos Aires aprobó en la sesión ordinaria del último jueves, la adhesión del gobierno bonaerense a la legislación conocida popularmente como Ley Lucio.
Se trata de la normativa nacional N° 27.709 que crea el Plan Federal de Capacitación de Carácter Continuo, Permanente y Obligatorio en Derechos de los Niñas, Niños y Adolescentes destinado a las personas que se desempeñan en áreas y dependencias de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado Nacional, y hace extensiva también a las dependencias municipales y organizaciones sociales, deportivas, recreativas y culturales involucradas en su desarrollo.
La adhesión de la provincia a la ley nacional fue el resultado de la unificación de tres proyectos que habían sido presentados este año: uno del Poder Ejecutivo, otro de Unión por la Patria y otro de Juntos, autoría de la senadora Lorena Mandagarán.
Entre otros puntos, la normativa establece el deber de comunicar una vulneración o amenaza de derechos, y la obligación del funcionario público de recibir y tramitar una denuncia; como así también la protección de los denunciantes.
A su vez, dispone la elaboración de campañas de concientización anuales sobre la promoción y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, con el objetivo de sensibilizar a la ciudadanía.
Cabe señalar que la Ley fue aprobada luego del asesinato del niño Lucio Dupuy, de 5 años, en noviembre de 2021, hecho por el cual su madre y su pareja fueron condenadas a condena a cadena perpetua.
“Un avance importantísimo”
En la sesión del jueves, la senadora Mandagarán señaló que “este proyecto me genera sensaciones divergentes. Por un lado, la satisfacción de estar tratándolo y que hayan sido varias voces las que nos pronunciamos en favor de adherir a la ley Nacional con el objetivo de generar mecanismos, herramientas para la protección de los derechos de la infancia y la prevención contra la violencia de los niños, niñas y adolescentes. Pero, por otro lado, me genera un inmenso dolor y bronca el hecho que ha motivado el presente proyecto y la sensación de haber llegado tarde”.
“La muerte de un niño, niña, siempre moviliza, pero más dolor genera cuando la causa de esa muerte ha sido totalmente prevenible y evitable”.
Luego se refirió a la omisión del Estado al no garantizar y adoptar medidas de protección y promoción de los derechos; a un sistema judicial y servicios de protección de la niñez que se contentan con tomar medidas, pero que operativamente no pudieron acompañar, supervisar, hacer seguimiento respecto del desarrollo de las mismas; y también “evidenció una comunidad que sigue creyendo que la violencia es tema de índole privado”.
“No quiero con esto buscar culpables, las mismas ya han sido condenadas. Sí pretendo visibilizar la corresponsabilidad que todas las dependencias de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial tenemos respecto al Sistema de Promoción y Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes”, aseguró la legisladora.
Por esto, consideró que el proyecto “es un avance importantísimo”, pero advirtió que “no debe ni puede ser el único”.
De esa manera, indicó que es necesario proyectar un sistema integrado de salud, con una historia clínica electrónica, que permitirá que ningún niño, niña, adolescente pase inadvertido; del mismo modo que reforzar estrategias y herramientas en el ámbito educativo para la observación de situaciones de violencia.
Añadió que “pensar en mecanismos que fortalezcan y organicen los sistemas judiciales y servicios de protección de la niñez, hará más eficaz la garantía y ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes”.
Por último, la senadora apuntó que “dotar a la comunidad de información y contención ante el involucramiento, hará que la violencia sea vista como hecho público y no del ámbito privado. Tenemos una enorme responsabilidad y debemos trabajar a la altura de la misma”.
