La Convención Constituyente de Jujuy, que quedó conformada sólo por los representantes del Frente Cambia y el Frente Justicialista, aprobó hoy de manera general el texto de los dictámenes de mayoría de la reforma parcial de la Constitución jujeña y se aprestaba a sancionarlo de manera definitiva, con el fondo de una protesta multisectorial en rechazo de esa iniciativa.
Durante las jornadas de ayer y hoy los parlamentarios discutieron los dictámenes de mayoría y minoría en el recinto de la Legislatura jujeña, tras la renuncia de ocho convencionales: dos peronistas y seis del Frente de Izquierda Unidad.
El debate se llevó a cabo en un contexto de movilizaciones permanentes por parte de docentes, trabajadores estatales, comunidades indígenas, organizaciones sociales, políticas y sindicales, que se oponen a las modificaciones de la Carta Magna y se preparan llevar adelante mañana una medida de fuerza general.
Tras un cuarto intermedio, poco después de las 18 y con el retorno a la sesión del gobernador Gerardo Morales, pero esta vez en su función como presidente de la Convención, los presidentes del bipartidismo jujeño, Guillermo Jenefes (FJ) y Alejandro Nieva (FCJ), dieron por cerrado el debate de los tópicos en general de las siete comisiones.
Posteriormente Morales ocupó su banca para defender el proyecto de reforma constitucional impulsado por él mismo, y refirió que “hay una sensación de escaso tiempo del trabajo de la convención”, al tiempo que ratificó “el trabajo de los representantes que discutieron por más derechos”.
“Los desafíos a 40 años de la sociedad jujeña tienen que ver con nuevos derechos. Se ha planteado una idea conceptual desde que se votó la ley de reforma parcial para reafirmar la vigencia de la paz que hay en nuestro pueblo”, sostuvo.
Reiteró que la gestión “no va a volver atrás” luego de cargar nuevamente contra las organizaciones sociales, al defender el proyecto en un contexto de masivas movilizaciones en contra de la reforma de la Carta Magna.
La marcha estuvo encabezada por docentes jujeños, que portaron antorchas en la capital provincial y otras localidades del territorio en demanda de aumentos salariales y contra la reforma parcial de la Constitución local, en una jornada en la que, además, denunciaron penalmente a Morales.
Los educadores se convocaron poco antes de las 20 a las afueras de las sedes de la Asociación de Educadores Provinciales (Adep) y el Centro de Enseñanza Media y Superior (Cedems), ambas ubicadas en pleno centro de San Salvador de Jujuy.
La manifestación se desarrolló en el mismo momento en el que los convencionales constituyentes aprobaban de manera general el texto y de la reforma constitucional, mientras se aprestaban a suscribir los cambios de la carta magna jujeña de manera definitiva.
Los reclamos y movilizaciones se replicaron en las localidades de La Quiaca, Abra Pampa, Humahuaca, Tilcara, San Pedro y Libertador San Martín.
La marcha se presentó como la previa al paro general de trabajadores previsto para mañana, que consiguió el apoyo de azucareros de los diferentes ingenios como también de los mineros de los emprendimientos que se explotan en la provincia.
En su discurso, Morales defendió el concepto de prohibir los cortes de rutas y calles en el marco de la protesta al referir que “el ejercicio de derecho de la manifestación no puede obstaculizar el ejercicio de otros derechos y este es el debate que tiene que ver con la consolidación de la paz”.
Luego los convencionales presentes aprobaron los dictámenes emitidos por mayoría de las diversas comisiones por lo que se aprestaban a seguir con la discusión de los artículos en particular.
De esta manera el oficialismo aceleraba el tratamiento de los puntos específicos restantes, en un debate que tenía la posibilidad de extenderse a lo largo de 90 días y solo bastó poco más de dos semanas para cerrarlo.
La sesión que avanzaba en el tratamiento de los artículos en particular, pasó a un cuarto intermedio pedido por los convencionales oficialistas.
En la primera parte de la sesión de este jueves los convencionales presentes trataron la imposición de nuevos órganos y reglas que se impulsan en la administración de justicia en la provincia y modificaciones en el Régimen Electoral y el Régimen Municipal.
En cuanto al sistema de justicia en la provincia, se expuso como parte del dictamen de mayoría que se propuso “pensar en un Poder Judicial que además de tener autonomía funcional, tuviera autarquía financiera, que lo haga no susceptible a la discrecionalidad de ninguno de los otros poderes del Estado”.
Además, se plantearon modificaciones en su reglamento, que “debe prever la necesaria descentralización judicial que ya ha comenzado en la provincia, pero debe continuar”. Se incluyó también “la responsabilidad de que el reglamento organice conforme a la ley el juicio por jurados”.
Se impulsan, en tanto, “reglas vinculadas a que la justicia modernice sus mecanismos y procesos”, para “generar una dinámica institucional más ágil” y “ciertas modificaciones en lo que respecta a los principios procesales, que, habiéndose incluido ya el sistema acusatorio en la provincia, es fundamental para que la justicia garantice el acceso a la jurisdicción”.
Como principal novedad que refiere al máximo tribunal de la provincia, compuesto por nueve miembros, se impulsa que pase a denominarse Suprema Corte de Justicia y se divida en salas.
Por otro lado, se abordaron cuestiones referidas al Ministerio Público de la Acusación, que adquiere autonomía con la propuesta de reforma de esta Convención. Y se propone, asimismo, separar la función de los fiscales acusadores y de los defensores, para asegurar independencia de objetividad a los funcionarios que desempeñen los cargos.
Además, se promueve la creación de un Consejo de la Magistratura local, integrado por once miembros, a mantenerse durante el plazo de cuatro años y responsables de llevar adelante el control del funcionamiento del Poder Judicial.
Respecto del Régimen Electoral en la provincia, contemplado en una última comisión que abordó también cambios en el Régimen Municipal, uno de los planteos se vinculó a que todas las leyes electorales a impulsarse necesiten mayoría agravada.
Se suma la incorporación de instituciones como la “ficha limpia”, ya consagrada por ley provincial, referido a la limitación del acceso a cargos electivos por razones de lucha contra la corrupción, cumpliendo con estándares internacionales.
En tanto, se habló de la incorporación de instrumentos de la democracia semidirecta, que permitan alcanzar objetivos de fortalecimiento de la participación ciudadana, como la iniciativa popular y la consulta popular, previstos en la Constitución nacional.
Entre otros, también se expone la prohibición de la ley de Lemas, como parte de promover una democracia más representativa; y que se disponga la paridad de género con rango constitucional, respecto de las convenciones, la Cámara de Diputados y los Concejos Deliberantes.
Referido a los municipios, se promociona la reafirmación de las autonomías municipales; la ampliación de las atribuciones de los municipios al planeamiento urbano, el cuidado del ambiente, entre otros; y el ampliar el periodo de sesiones ordinarias.
Orientado a “resolver problemas institucionales”, se busca incorporar, finalmente, “la prohibición de re-reelección de intendentes, en consonancia con lo que se plantea respecto del resto de cargos electivos.
La limitación solo existe hoy para los cargos de gobernador y vice y se está proponiendo que se extienda al resto de los cargos electivos en la provincia, es decir, a intendentes, diputados provinciales, concejales y miembros de comisiones municipales, que solo podrán ser reelegidos en una oportunidad de manera consecutiva.
