La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) y la Unión Europea condenaron “el cierre arbitrario” de siete radioemisoras católicas de la diócesis de Matagalpa, en Nicaragua. El pronunciamiento del organismo de la OEA se hizo público a través de un mensaje publicado en twiter, en el que llaman a que el Estado de Nicaragua cese “los constantes ataques contra la Iglesia católica“.
En el pronunciamiento de la CIDH y la RELE, instaron al gobierno nicaragüense a “abstenerse de utilizar sus facultades en materia de telecomunicaciones como medida para limitar o impedir la circulación de información, ideas y opiniones“.
En el mismo comunicado, la CIDH y RELE condenaron también “el ingreso violento de la Policía en la capilla Niño Jesús de Praga el primero de agosto, de donde se habrían llevado equipos de radio y televisión”.
Unión Europea condena violación a la libertad de expresión
De igual manera, la Unión Europea (UE) condenó “el cierre arbitrario de siete emisoras de radio católicas por parte de las autoridades nicaragüenses el pasado 1ro de agosto, y de otras dos emisoras de radio y televisión comunitarias poco después”.
En un comunicado que se publicó en el sitio oficial de la Unión Europea condena también que se “utilizó una fuerza policial excesiva para ocupar las instalaciones y para intimidar y dispersar a los manifestantes desarmados con gases lacrimógenos y disparos. Esto constituye otra violación de la libertad de expresión y de la libertad de religión o de creencias”.
Según la publicación de la UE, desde 2018, “el Gobierno nicaragüense ha desatado niveles de violencia sin precedentes contra su propio pueblo, recurriendo a asesinatos, desapariciones forzadas, encarcelamientos, acoso e intimidación contra opositores políticos, periodistas, defensores de derechos humanos, religiosos y otros líderes. En la actualidad, Nicaragua cuenta con más de 180 presos políticos, encarcelados sin respeto a la Constitución nicaragüense, el derecho penal y el debido proceso”.
Así también, da cuenta que en el primer semestre de 2022, las autoridades nicaragüenses “han cerrado más de 1.200 organizaciones de la sociedad civil, sin una justificación adecuada. Como resultado, miles de nicaragüenses de los sectores más vulnerables se han quedado sin asistencia“, por lo que hace un llamado a las autoridades a “poner fin a toda la represión y restablecer el pleno respeto de todos los derechos humanos. Asimismo, la UE reitera su llamado urgente al Gobierno nicaragüense para que libere inmediatamente e incondicionalmente a todos los presos políticos y anule todos los procesos judiciales contra ellos, incluidas sus condenas”.
