A través de distintos proyectos, exigen el sostenimiento de la Agencia Télam

A través de distintos proyectos, exigen el sostenimiento de la Agencia Télam

Con sendas iniciativas, diputados de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda reclamaron al Poder Ejecutivo que desista de su decisión de cierre, algo que había sido anticipado por Milei en la Asamblea Legislativa.

Ante la decisión del Gobierno nacional de cerrar la Agencia Télam, y tras este lunes amanecer la redacción vallada y la página web dada de baja, el diputado nacional Pablo Carro (UP) presentó un proyecto en el que le exige al Poder Ejecutivo Nacional el sostenimiento de Télam, “como la única agencia de noticias argentina con alcance federal y corresponsalías en todas las provincias”.

“Su tarea profesional resulta esencial para la labor informativa, en cuanto es la agencia que dispone de mayor cantidad de medios gráficos, audiovisuales y digitales -803 clientes totales- suscriptos a sus servicios diarios”, agregó el cordobés en un proyecto de resolución.

El legislador cuestionó que “al comenzar el 2024 asistimos a un nuevo intento por debilitar la pluralidad informativa y la posibilidad de elección ciudadana de contenidos diversos, a partir de la cuestionada intervención y el ajuste de los medios públicos -Radio Televisión Argentina S.E., Contenidos Públicos S.E., Educ.ar S.E, Télam S.E.- y el posterior anuncio presidencial del cierre de la agencia Télam”.

“Respecto de la intervención a estos organismos dispuesta por el Decreto 117/2024, ya hemos pedido acceso al expediente del Ejecutivo para chequear la inconsistencia de los fundamentos, sólo autosustentada en las atribuciones asignadas a sí mismo por el presidente a través del ilegítimo DNU 70/2023”, remarcó.

En los argumentos, Carro recordó el anuncio que hizo Javier Milei el pasado 1ro. de marzo en la Asamblea Legislativa, cuando “como único argumento para cerrar Télam, consideró que la agencia ‘ha sido utilizada como agencia de propaganda kirchnerista’, similar justificativo al que utilizó el exsecretario de Medios Públicos, Hernán Lombardi, cuando en 2018 se ordenaron 357 despidos en la agencia, muchos de ellos revertidos luego por la Justicia”.

“La agencia Télam tiene una larga trayectoria. En 1945 fue creada como una compañía mixta, formada por capitales privados y estatales, con el objetivo de romper el duopolio existente en materia informativa de las dos agencias estadounidenses que acaparaban el mercado: United Press International y Associated Press. Tres años después pudo contar con una red de cobertura nacional, tras firmar los primeros contratos con periodistas del interior del país, que comenzaron a enviar notas a la redacción por telegrama, teléfono o teletipo, sistemas que fueron actualizándose por los avances de la tecnología”, rememoró.

El diputado de UP advirtió que “el cierre de la Agencia Télam afectaría derechos constitucionales, además de la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, garantizado por normas con jerarquía constitucional -Convención Americana de Derechos Humanos, Ley 23.054-, y el derecho a la diversidad informativa y cultural tutelado por la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales ratificada por Ley Nacional 26.305”.

“Los medios públicos -y concretamente la Agencia Télam- son una de las formas institucionales de lograr mayor federalismo y de aportar a la diversidad y el pluralismo informativo, en un panorama mediático con agendas fuertemente incididas por pocas empresas de comunicación y portales digitales, en general alineados a intereses particulares no siempre coincidentes con el bien común”, sostuvo.

Y sumó que “un eventual cierre de Télam se llevaría puesto no sólo a la concreta generación de material de uso diario de cientos de empresas y organizaciones periodísticas medianas y pequeñas de todo el país, sino a cientos de trabajadoras y trabajadores que con profesionalismo y años de antigüedad ejercen el periodismo. Su perfil federal y su capacidad de generar información diversa, lejos de eliminarse, debería fortalecerse a partir de una reorientación de esta empresa pública”.

Por su parte, el diputado Eduardo Valdés, junto a una treintena de sus pares, presentó un proyecto por el cual solicita “al Poder Ejecutivo Nacional que arbitre todos los medios a su alcance para sostener el pleno funcionamiento de Télam Sociedad del Estado”.

“Es un emblema argentino, reconocida en todo el mundo por su trayectoria y profesionalismo. El Gobierno tiene que entender que no puede llevarse puesto todo lo que contribuye a la construcción de federalismo, diversidad y calidad informativa”, sostuvo el diputado.

El porteño recordó que “no es la primera vez que Télam aparece bajo amenaza de liquidación, cierre o venta. Distintos gobiernos buscaron atacarla, demonizando a sus trabajadores, ocultando el invalorable aporte que su amplia red federal de corresponsalías hace a la difusión de los valores democráticos”.

“A lo largo y ancho del mundo hay agencias de noticias creadas y sostenidas por los Estados, que, lejos de cerrarlas, les destinan partidas presupuestarias que les permiten el perfeccionamiento profesional y tecnológico. Basta mencionar la BBC de Inglaterra, EFE de España o DPA de Alemania, entre muchas otras. Télam juega en esa liga, que es la Primera A de las agencias de noticias internacionales”, señaló Valdés.

Y agregó que “el derecho al acceso a una información verídica y de calidad se vería severamente afectado de cumplirse los propósitos de cierre que deja entrever el Gobierno nacional”.

Otro proyecto se sumó este lunes desde el Frente de Izquierda, quien reclamó “rechazar todo intento de avanzar en el desguace y vaciamiento de la Agencia Télam, repudiar su cierre con vallado esta madrugada, a cargo de la policía de la Ciudad de Buenos Aires, en colaboración con el Gobierno nacional y adherir al reclamo de su inmediata reapertura”.

También, en el proyecto de resolución denuncian que “detrás del cierre de la agencia se esconde un nuevo ataque al derecho a la comunicación, a la información y la libertad de expresión, que ya cuenta con graves precedentes bajo la gestión del gobierno de Javier Milei, como se vio durante el tratamiento de la llamada ley de ómnibus”.

Y reclamaron “el fin del operativo policial en las sedes de las calles Bolívar y Belgrano y la inmediata apertura de todas las sedes de funcionamiento, así como el cese de la suspensión a todos los trabajadores y trabajadoras, el alta de su página web y el servicio de cablera”.

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