Algodonera Avellaneda: durante un conflicto laboral atropellaron a dos trabajadoras

AGENCIA PACO URONDO dialogó con la delegada sindical Sonia Zanel, una de las trabajadoras atropellada por una moto mientras llevaban adelante un acampe en la empresa que pertenece al Grupo Vicentín. 

Por Fernando Latrille

Dos trabajadores de Algodonera Avellaneda, empresa del grupo Vicentín, fueron atropelladas por dos motos en la madrugada del martes 18 de agosto. Los dos sujetos de las motocicletas que arrollaron a la delegada Sonia Zanel y a Lucía Calderón, responderían a las órdenes del abogado del grupo Vicentin, Héctor Luis Vizcay.

Nosotros estábamos en la manifestación de huelga que venimos haciendo hace 70 días, en acampe que venimos haciendo en la empresa, siendo las cinco de la mañana llega un patrullero, llega el abogado Vizcay que pertenece a la empresa Vicentín y llegan personas en moto que fueron llamados por Vizcay y en un momento le dice a estos muchachos que ingresen, atropellen y eso es lo que hicieron”, expresó Sonia Zanel en diálogo con AGENCIA PACO URONDO.

Aproximadamente a las 5:30 fue cuando se vivieron los hechos de violencia en el Parque Industrial Reconquista cuando las trabajadoras en huelga de Algodonera Avellaneda fueron atropelladas. “El atropello que sufrimos lo sentimos como atropello a la huelga”, aseguró. “La personas no se sacaron el casco, no sabemos si eran compañeros o eran personas contratadas para que hagan eso”, concluyó.

En la denuncia formulada por las víctimas, se señala que se podría dar cuenta que fue el abogado Vizcay quien ordenó que se atropelle a les trabajadores, con los registros de las cámaras de seguridad que la empresa tiene. A pesar de que existía presencia policial, no se disuadió a los atacantes que actuaron con total impunidad, también se señala en la denuncia formulada.

La denuncia penal contra Vizcay, señala que “es importante mencionar que el señor Vizcay y los demás intervinientes en el atropello, actuaron con total desprecio de género y abusando de nuestra condición de mujeres, siendo un claro caso de violencia de género, debiendo tratarse el hecho como una tentativa de femicidio”, destacaron y detallaron que “el señor Vizcay obligaba mediante gritos aproximadamente a 20 personas a que atropellen para que ingresen a la planta, pese a que nadie impedía el ingreso”.

Petitorio

Les trabajadores de Algodonera Avellaneda vienen exigiendo mediante la huelga que llevan adealnte: aumento de incentivo de la producción, acorde a la canasta básica; aumento de categoría y antigüedad tanto para planta como para tejeduría, unificado al valor de los desmotadores. Reclaman para que no exista persecución psicológica, ni maltrato, ni discriminación, ni abuso de autoridad. Piden por la mejora del servicio de refrigerio. Aumento del incentivo de premio bombero, que varíe acorde al porcentaje de paritaria; aceptación a la renuncia de toda persona que no quiera pertenecer al equipo de brigadistas; que no se cuestione los certificados médicos que vengan prescritos por un profesional matriculado con sello y firma.

También reclaman que no descuente el programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP); que se pague los días caídos; que no se tome represaría con ningún trabajador quincenal ni mensual por las medidas adoptadas; que se respete el artículo de la Ley 22.990 referido a donación de sangre, que en caso de urgencia pueda donarse sin previo aviso; rever el instructivo de trabajo de los operarios de los telares, puesto que siguiendo este instructivo es imposible llegar a la producción exigida.

Solicitan además que para cargado y balanza zorras eléctricas, puesto que hay que mover palets de gran porte. Grupo de máquinas, que exista cantidad y velocidad y que no haya mucha distancia entre máquinas otorgadas a cada operario. Cambiar la metodología de medición, que sea del producto final y no por rendimiento de máquinas, entre otras demandas que indican claramente las deplorables condiciones de trabajo que tienen en Algodonera Avellaneda del grupo Vicentín.

La abogada Luciana González que representa a les trabajadores de Algodonera Avellaneda en diálogo con este medio manifiesó: “No hay negociación por parte de la empresa. Lo que hacen es puro atropella, utilizar el aparato del ministerio público de la acusación a los efectos de criminalizar la protesta al mejor estilo de La Forestal. Nunca hicieron un ofrecimiento, no hay negociaciones y se manejan como patoteros con los empleados”, señaló y culminó expresando que la empresa “utiliza el aparato represor del Estado para amedrentar trabajadores hambrientos”.

El abogado Héctor Luis Vizcay, representante legal de la empresa, tiene un hijo junto a Verónica Vicentín- hija de Rubén Vicentín-. Ese hijo en común, Ignacio Vizcay, está imputado por una brutal golpiza hacia un joven ocurrida después de una fiesta en el año 2012. El joven sufrió traumatismo facial. Ignacio Vizcay le pegó de atrás una piña en la cien al joven que cayó al piso y fue en el piso cuando Ignacio Vizcay lo pateó en la cara fracturándole la mandíbula, causándole graves consecuencias que padece hasta el día de hoy. Ignacio Vizcay fue protegido por su padre.

La impunidad que goza el grupo Vicentín que sale a la luz por el concurso preventivo que iniciaron, y lo que hizo el abogado Héctor Vizcay con las trabajadoras de Algodonera Avellaneda, es lo que aprendió y mamó su hijo, manejarse con total impunidad, sabiendo que el poder judicial- luego de 8 años- todavía no se ha pronunciado sobre su situación procesal. La violencia parece ser la forma de relacionarse de los poderosos, las trabajadoras de Algodonera Avellaneda resisten.

Trabajadores de la Algodonera Avellaneda y el efecto Vicentin

La otra cara de Vicentin: la de la lucha de les trabajadores de la algodonera Avellaneda. La parte que sólo se cuenta en una agenda federal y no en las grandes pantallas dueñas de los debates que son tendencia. La parte real.

Por Agustina Flores

Era jueves 9 de julio y en el punto más icónico del país, según predica el porteño-centrismo, decenas de personas envueltas en banderas azules y blancas ostentaban su nacionalismo para manifestarse en contra de la intervención estatal de Vicentin. A casi 800 km de distancia, en la pequeña localidad santafesina de Reconquista, les trabajadores de la Algodonera Avellaneda, parte del grupo Vicentin, realizaban una caravana y un banderazo junto a coordinaciones multisectoriales a favor de la intervención en la empresa y visibilizando las precarias condiciones laborales que llevaron a una gran, pero pequeña, polémica.

Dos situaciones simultaneas bajo la misma discusión, pero con realidades -y repercusiones- que no se acercan en lo más mínimo.

Conflicto salarial

La Algodonera Avellaneda pertenece al grupo Vicentin y tiene su sede en el Parque Industrial de Reconquista. Les trabajadores realizan reclamos hace tiempo por condiciones laborales dignas: sus salarios varían entre los 20 y 25 mil pesos mensuales promedio y solo se les abona la parte que aporta el gobierno nacional bajo el programa ATP, la otra parte faltante -la diferencia entre el monto del ATP y los sueldos- se “completa” con bonos por carne de Friar y aceite de la marca del conglomerado.

A raíz de esto, el 6 de julio se llevó a cabo una reunión entre les trabajadores algodoneros y les representantes de Vicentin. La jornada concluyó con la supuesta promesa de sumar 1.500 pesos por mes al salario, pero a las palabras se las llevó el viento. No hubo tal acuerdo y les trabajadores decidieron arrancan el acampe por tiempo indeterminado en la entrada del predio.

Además, por no avalar las medidas de fuerza y desproteger a les trabajadores, estos se desafiliaron del gremio, la Asociación de Obreros Textiles (AOT), y se pasaron al Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros y Desmontadores de Algodón de los Departamentos General Obligado y San Javier, perteneciente al Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros y Desmontadores.

Desde ese lunes, les trabajadores permanecen por turnos en las carpas que levantaron afuera de la planta. La medida paraliza el funcionamiento de la empresa y sólo deja entrar al personal necesario para garantizar la seguridad.

“Vicentin factura más de 220 mil pesos por minuto. Y paga 100 pesos por hora y 10 pesos por antigüedad a los trabajadores de la Algodonera Avellaneda»

Diputado Carlos Del Frade para Rosario/12[1]

Banderazo

El 9 de julio, como todo día patrio, se llenó de significados de diferentes intérpretes a lo largo y ancho del país. Este año, atravesado por circunstancias conflictivas, fue el escenario de una indudable disputa por el sentido común: a favor y en contra de la estatización de Vicentin.

Ciudadanos nacionalistas de la capital argentina se reunieron en el obelisco a cacerolear bajo consignas diversas, pero aglomeradas bajo el descontento con el gobierno de turno y sus medidas tomadas a lo largo del aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO).

Del otro lado del país, las cacerolas sonaban con un tono diferente y por una razón muy distante a la porteña. Les trabajadores de la algodonera participaron de la caravana y banderazo a favor de la intervención estatal a la cerealera, impulsada por coordinaciones multisectoriales del Sindicato de Aceiteros y Desmotadores de General Obligado, del Sindicato Aceitero de Rosario y de la mayoría de les trabajadores de toda empresa perteneciente al conglomerado Vicentin, junto a numerosas organizaciones sociales y militantes del campo nacional y popular.

La movilización del interior del país, particularmente del lugar en donde el verdadero conflicto de Vicentin radica, fue poco cubierta por los medios hegemónicos nacionales o ni siquiera apareció en sus agendas. El reflector de luz estuvo en el obelisco que conformó un show digno de la calle Corrientes aglomerando a sectores opositores del gobierno nacional, a anti-cuarentena y conservadores nacionalistas.

Las agendas mediáticas llevaron a que los discursos se moldeen de tal forma que sólo las aristas cubiertas por los grandes medios fueron las que entran en debate. Escenas como las que se dieron en Rosario y en Reconquista quedaron al margen, escenas en donde aparecieron las voces de les que no sólo ven la problemática, sino que la viven. De esta forma, se intentó visibilizar el núcleo de su conflicto, ya que las prácticas irregulares del gran conglomerado agroexportador corresponden con las de la empresa algodonera que les emplea, y no hay otras formas de combatirlas que apoyando medidas interventoras para hallar una respuesta alternativa.

La audiencia que no fue

Luego de semanas de acampe y lucha sin respuesta, el miércoles 22 de julio en la sede del Sindicato de Trabajadores Municipales de Reconquista, se llevaría a cabo una audiencia convocada por el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Santa Fe. Pero la representación patronal no se presentó en el lugar, dejando hablar a la ausencia.

Se estima que les patrones no están contentos con las medidas de fuerza de les trabajadores, y aún menos con su participación en la manifestación “pro intervención de Vicentin”. Sin embargo, les algodoneros decidieron reforzar sus convicciones y continuar con el acampe y bloqueo de la entrada a la empresa.

Apriete policial

El 31 de julio se llevó a cabo una volanteada en la ciudad de Avellaneda como nueva forma de acción y visibilización, que fue interrumpida por agentes de la policía de Santa Fe, quienes reclamaron datos personales y les sacaron fotos con la excusa de que era rutina.

En el comunicado del gremio se explicó que los patrulleros se dirigieron específicamente al grupo de diez trabajadores que cumplían todas las medidas sanitarias y de distanciamiento correspondiente a la fase 5 que rige en la provincia.

No es dato menor que el intendente radical de la localidad -y simpatizante cambiemista-, Dionisio Scarpín, convocó en diferentes ocasiones a manifestaciones en contra de la intervención de Vicentin. “Cuando ellos vienen acá a hacer manifestaciones nadie les dice nada. Nosotros éramos 10, todo con respeto y fuimos intimados por la policía. Que sepa la sociedad cómo somos tratados”[2] relató una de las delegadas.

Es fácil notar las diferencias entre los diversos actores que ocupan las calles en este contexto tan utópico que nos aísla. Se encasillan las luchas para determinar cuál merece ser vigilada de cerca bajo el ojo de la gorra y cuáles no.

En el caso de la estatización de Vicentin, aspiración que hace pocos días se dio de baja, las discusiones rondaron, por una parte, en el sentido equivocado. El debate político sobre la empresa y lo que significaba la intervención por parte del Estado llenó todas las pantallas del país, dejando al margen, en la mayoría de las veces, las situaciones reales de problemas verdaderos que vivían y viven las personas afectadas directamente por las maniobras fraudulentas de la empresa: les trabajadores.

Si el foco de la discusión hubiese estado ese 9 de julio en las calles de Reconquista en vez de en el microcentro porteño ¿Se hubiese dado la oportunidad de ampliar el espectro de pros y contras en el conflicto para incluir a les que viven la situación? Nunca sabremos la respuesta exacta, pero me atrevo a predecir que el debate mediático farandulero hubiese encontrado otra escapatoria con tal de no dar una de las verdaderas disputas necesarias para tratar el tema.

Las calles intentan ser ocupadas por sectores opositores alardeando de que son la voz del pueblo mientras aturden con sus cacerolazos. Sin embargo, las calles no están totalmente vacías para ser tomadas, están cargadas de sentimientos y significados de años y años de luchas. En el interior del país también se dan batallas, y de las más olvidadas. Abrir los ojos es saber de qué lado mirar y notar qué cacerolas están vacías de verdad.

Fuente: https://revistatrinchera.com/

Inhibición de bienes

Fiscal federal pidió la inhibición de bienes a González Fraga, ex directivos del Nación y empresarios de Vicentin. La medida solicitada por Gerardo Pollicita también alcanza al ex vicepresidente del Nación Lucas Llach y a las empresas Vicentin SA y Algodonera Avellaneda SA, en la causa penal que investiga el otorgamiento de créditos multimillonarios a esa firma.

El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió hoy que se ordene la inhibición de bienes a Javier González Fraga, ex titular del Banco Nación durante el gobierno de Mauricio Macri, a ex directivos y gerentes de la entidad y a empresarios de Vicentin, en la causa penal que investiga la supuesta defraudación en el otorgamiento de créditos multimillonarios a esa firma por parte de la entidad bancaria.

En un dictamen entregado al juez federal Juliián Ercolini, el fiscal también pidió que se disponga la inhibición general de bienes al ex vicepresidente del Nación Lucas Llach y a otros 24 investigados. Entre ellos están los ex miembros del Directorio del Nación y de su planta gerencial, y empresarios, según el dictamen al que accedió Télam.

Además, pidió la inhibición general de bienes respecto de las personas jurídicas Vicentin SA y Algodonera Avellaneda SA, y que se dicte la “prohibición de innovar sobre su composición accionaria”.

Los elementos probatorios recabados hasta el momento permiten sostener que funcionarios del BNA, algunas veces por acción y otras por omisión, incumplieron deliberadamente los deberes a su cargo y perjudicaron los intereses confiados en la administración de los fondos de la entidad bancaria”, advirtió Pollicita en el dictamen.

Para ello “otorgaron irregularmente millonarios créditos en moneda extranjera a las firmas Vicentin SA y Algodonera Avellaneda SA, apartándose de la normativa interna que lo regula, y luego omitieron ejecutar en tiempo y forma las garantías que preveían los contratos tendientes a recuperar el dinero que se adeudaba”, agregó.

El fiscal tiene delegada la investigación y explicó que “las constancias recolectadas hasta el momento posibilitan afirmar que, del otro lado, los empresarios de la firma Vicentin, en connivencia con los funcionarios, solicitaron los empréstitos irregulares, requirieron la liberación de los fondos afectados en garantía, mientras en simultáneo postergaban el pago de sus obligaciones, con el objetivo de que, finalmente, cuando las autoridades del banco quisieran cobrarse la deuda, no quedaran fondos de donde el BNA pudiera hacerlo”.

Tanto el exceso de endeudamiento de la firma Vicentin como el aumento de la deuda impaga no solamente fue detectado y advertido por el BCRA en el mes de septiembre de 2019 sino que también fue replicado durante los meses de noviembre y diciembre, sin que tal circunstancia impidiera que durante el mes de noviembre se volviera a financiar a la compañía, decisión que corrió bajo la órbita gerencial y directiva del banco”, agregó en base a documentación probatoria recibida en la causa.

Pollicita investiga el presunto otorgamiento irregular por parte del Nación de préstamos a la firma Vicentín, que acumuló una deuda de 18.500 millones de pesos con la entidad oficial, “los cuales actualmente serían de cobro incierto puesto que la sociedad se encuentra en estado de cesación de pagos, dado que el pasado 10 de febrero solicitó la apertura de su concurso preventivo”, recordó el fiscal.

La semana pasada el fiscal ordenó medidas de prueba para investigar la “posible ruta del dinero con el fin de determinar si se trató de una crisis autogenerada por los responsables de VICENTIN S.A. con el objeto de que una vez obtenida irregularmente la refinanciación por parte de los funcionarios, no pagaran la deuda al Banco de la Nación Argentina, y solicitó la producción de 13 medidas de prueba, así como también, la recolección de toda la documentación de interés vinculada a los hechos denunciados”, recordó ahora.

La deuda de Vicentín

El director de Banco Nación Claudio Lozano advirtió hoy que la deuda de Vicentin con la entidad por más de US$ 300 millones “afecta la capacidad prestable” de la institución para otorgarle crédito a las pequeñas y medianas empresas.

Vicentin al Banco Nación le debe más de US$ 300 millones. Esto implica no poder disponer de esa capacidad prestable para poder asignarla, por ejemplo, a la pequeña y mediana empresa. Afecta la capacidad prestable del Banco”, señaló Lozano a FM Led.

En ese marco, insistió en subrayar que, durante la gestión de Javier González Fraga al frente del Banco Nación, durante el gobierno de Cambiemos, la entidad “tuvo una política de fuerte concentración del crédito en pocas empresas”.

Esto da como resultado un alto nivel de riesgo para el Banco, que es el que produjo el hecho de la caída del deudor más importante que era Vicentin”, indicó Lozano en declaraciones formuladas a poco de que se conociera que la Justicia había aceptado como querellante al Nación en el marco de la causa que investiga supuestos delitos penales cometidos al otorgar créditos multimillonarios a la cerealera Vicentin

En la entrevista, Lozano aseguró que, en la nueva gestión, se desplegó una estrategia “de recomposición de la liquidez del Banco” y se reorientó la política de créditos “en beneficio de las pymes”.

Además, recordó que “Vicentin ha dejado en banda a 2.638 acreedores”, y puntualizó que “hay 1.800 productores involucrados, al igual que los ahorristas de los bancos que le prestaron”.

No estamos afectando propiedad ni estamos expropiando un grupo que está funcionando de manera normal”, afirmó Lozano.

Destacó que se trata de “un caso de un grupo empresario que ha tenido un crecimiento exponencial, que ha obtenido crédito de manera irregular por parte de la banca pública en el último tramo de la gestión (del ex presidente Mauricio) Macri desde el Banco Nación, y que, en base a maniobras sumamente espurias, derivó recursos al exterior”.

Han estafado a miles de productores y a la banca pública. Esto afecta la economía del norte de Santa Fe y afecta un área estratégica en Argentina como es el comercio exterior de granos”, concluyó el director del BNA (Télam).

El caso Vicentin

Este próximo Sábado 27 de Junio a las 18 hs, se realizara una Conferencia virtual con el título “El Estado Nacional y el caso Vicentin, Soberanía Económica, Comercial y Alimentaria y DD HH” organizada por la Asociación Justicia Legitima Regional Nordeste y el Centro de Estudiantes de la Facultad de Humanidades .

El Conversatorio tendrá la participación de destacados panelistas como la abogada Graciana Peñafort quien es directora de Asuntos Jurídicos del Senado Nacional, la senadora nacional Marin Pilatti Vergara, los diputados provinciales de Santa Fe Matilde Bruera y Carlos Del Frade y el presidente del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Nacional (INAES) Mario Cafiero y estará a cargo de la moderación la periodista María Silvia Villavicencio quien es Directora Radio Nacional Chaco.

La conferencia se realizara por la plataforma Zoom, podrá ser seguida a través de la página institucional de Facebock de la Facultad de Humanidades de la UNNE, no requiriendo ningún tipo de inscripción y siendo su acceso gratuito.

La Actividad tiene la adhesión de numerosas organizaciones de todo el Nordeste Argentino que siguen con mucha atención y expectativas la posibilidad de intervención del Estado Nacional ante el quiebre y vaciamiento de la Empresa Vicentin, con el objetivo de salvaguardar los centenares de puestos de trabajo en riesgo y los intereses de la sociedad Argentina en su conjunto en función de la Soberanía Económica, Comercial y Alimentaria del País. En este sentido, desde el trabajo articulado de agenda con medios populares de la región, suma su adhesión la Red de Comunicadores del MERCOSUR.

Adhieren en la provincia del Chaco: Comisión Permanente por los Derechos Humanos, APDH, CANPO, Partido Frente Grande, CTA de los Trabajadores, Editorial y Librería Contexto, Fundación FormarTE, UTRE -Union de Trabajadores de la Educación, Cooperativa “La Prensa Ldta”, Cooperativa “Inimbó Ltda”, Agrup. Rodolfo Walsh Saenz Peña, 62 Organizaciones Peronistas, Sindicatos de Empleados de Rentas (SIEMPRE), Mujeres Peronistas con Cristina, Cátedra Libre de DDHH “Carlos Zamudio”, Diputados Provinciales Nicolás Slimel, Gladis Cristaldo, Juan Manuel Pedrini y Juan Ayala, Pte Comisión Derechos humanos, Red de Salud Popular Ramón Carrillo, entre otros.

Por su parte por Corrientes adhieren: El Espacio por la memoria Ex Regimiento 9 de Corrientes, INAES- Instituto Nacional de Asociativismo de Economía Social, MEDHES Goya, Foro por la Justicia Goya, Asociación por la Justicia, la Verdad y la Memoria de Paso de los Libres, CTA de los Trabajadores, Proyecto Sur, Movimiento Popular La Dignidad, JUP Facultad de Derecho, Descamisados.

También suman su adhesión en Misiones el Centro de DDHH “Pedro Peczak” UNaM, Asociación de ex Presos Políticos y familiares, Coordinadora de organismos de DDHH Misiones, Fundación por los DDHH “Germania” y en la provincia de Formosa: Cátedra Abierta de DDHH UNAF, Federación de Asociaciones Mutuales, Mutual del Docente Formoseño, Diputado Jorge Nielsen y APDH.

https://www.facebook.com/humanidadesunne/

La conferencia Estado Argentino y el caso Vicentín se podrá seguir por ésta página social.

Aplaudir estafadores

El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA) de Córdoba, Pedro Salas, dijo hoy que apoyar a Vicentin “es salir a aplaudir al que estafó a los productores” y aseguró que es “totalmente desproporcionado” pensar que atrás de la decisión del Gobierno exista otra intencionalidad.

Hay miles de productores afectados por lo que pronunciarse a favor de la empresa en este momento no me parece atinado para nada, es como salir a aplaudir al que estafó a los productores. Nosotros nos paramos en defensa de los productores y la empresa a pesar de tener todos los recursos financieros, los fugó”, sostuvo Salas en declaraciones a Radio Con Vos.

Consideramos que la empresa tiene que seguir funcionando, que tiene que producir, que tiene que comerciar y que tiene que estar en el circuito de trabajo; hay que encontrarle una salida a esto que mantenga el trabajo”, agregó el dirigente cordobés.

Pensar que en esto hay una intencionalidad del Gobierno de avasallar derechos me parece totalmente desproporcionado, hay que estar muy alucinado para pensar en esos términos, hemos visto pasar gobiernos de todos los signos y jamás vimos un intento así, de ninguna manera”, aseguró.

Dijo que “tiene que haber un debate político más elevado, si nos ponemos a ver objetivamente no tenemos nada que ver con Venezuela, Venezuela importa alimentos, noto muy fanatizado a quien tiene una manifestación de ese tipo, es una locura, es desproporcionado”.

Salas sostuvo que “la empresa fue la que pidió la intervención en su momento” y observó que “nosotros no tenemos una legislación específica de salvataje de empresas importantes como sí tienen países desarrollados, entonces el Gobierno toma la figura de la expropiación en un sentido más amplio y es ahí cuando empieza el conflicto”.

Consultado sobre la administración de Vicentin, Salas dijo que “fue pésima, por los resultados, dejar a una empresa en estas condiciones en medio de lo que significa el comercio internacional de granos, con los privilegios en el Banco Nación que tuvieron en el gobierno anterior y entregarla, porque ellos mismos fueron a pedir la intervención”, concluyó.

Bicameral de Vicentin

La sesión fue convocada a través de un Decreto Parlamentario firmado por la vicepresidenta y titular del Senado, Cristina Fernández de Kirchner.

La Cámara de Senadores nacional fue convocada este lunes a una sesión especial para el próximo miércoles para debatir varios proyectos de ley, entre los que figura la iniciativa tendiente a crear una Comisión Bicameral que investigue una posible defraudación al Banco Nación en el otorgamiento de un crédito a la empresa cerealera Vicentin, cuya intervención dispuso el gobierno.

Los senadores fueron citados para deliberar sobre la iniciativa impulsada por el oficialismo este miércoles 24 de junio desde las 15.

El interbloque de Juntos por el Cambio decidirá en las próximas horas si participará de la sesión o se ausentará de la videoconferencia, tal como hizo en las últimas dos sesiones por interpretar que se incluyen temas que no están vinculados con la pandemia de coronavirus Covid-19, como se acordó en el Decreto Parlamentario 8/20.

El proyecto de creación de la Bicameral obtuvo dictamen la semana pasada en la Comisión de Asuntos Constitucionales, gracias a las firmas del oficialista Frente de Todos y de su aliado de Juntos Somos Río Negro.

Juntos por el Cambio, por su parte, resolvió dejar la discusión acusando al peronismo de pretender un avance sobre el Poder Judicial y señalando que la intervención era una maniobra de distracción para “ocultar cuestiones de mucha mayor gravedad”.

El expediente parlamentario fue presentado por el senador oficialista por Neuquén Oscar Parrilli, y dispone que la Bicameral, que estará compuesta por seis diputados y seis senadores, investigue las “presuntas irregularidades que pudieran existir en la relación crediticia entre el Banco de la Nación Argentina y la empresa Vicentin SAIC, posible defraudación y estafa comercial a acreedores, clientes de la firma y/o empresas de Cereales y Soja con las que competía”.

La Comisión también deberá echar luz sobre “la detección de posibles operaciones de encubrimiento y/o lavado de activos que pudieren ser de origen delictivo y la responsabilidad de la Unidad de Información Financiera (UIF) por incumplimiento en sus obligaciones de control”.

Asimismo, indica, deberá indagar si se “han efectuado giros o movimientos financieros a sus vinculadas en el país y/o en el exterior, afectando dolosamente los ingresos públicos”.

En la sesión especial de este miércoles también fueron incluidos algunos dictámenes de la Comisión de Relaciones Exteriores para respaldar la firma de tratados internacionales: Convenio sobre la Eliminación de la Violencia y el Acoso en el Mundo del Trabajo; Convenio sobre Extradición entre las Repúblicas de Argentina y Rumania; y Convenio sobre Extradición entre las Repúblicas de Argentina y Brasil.

Segundo Plano

Cafiero: “La expropiación está en segundo plano tras la opción de intervención mixta. El jefe de Gabinete dejó claro que, tal como lo había planteado el presidente Alberto Fernández, el Gobierno está abierto a alternativas.

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, reafirmó hoy que “la expropiación de Vicentin está en un segundo plano tras la estrategia de intervención mixta que presentó la provincia de Santa Fe, y manifestó que están a la expectativa de a ver si se puede “avanzar en ese camino”.

La expropiación está en un segundo plano porque el viernes, como fue público, se presentó otra estrategia que es la de intervención mixta, que presentó la provincia de Santa Fe y estamos expectantes a ver si podemos avanzar por ese camino”, dijo Cafiero en una extensa entrevista que brindó hoy a la radio online FutuRöck.

En ese marco, señaló que “a Vicentin le pasó el macrismo por encima porque, hasta 2015, ganaba plata, pero se empezó a endeudar”, y explicó que lo que está haciendo el gobierno nacional es “tratar de resolver los problemas” que dejó la anterior gestión.

La nuestra es una política de rescate, es un proyecto para rescatar una empresa líder: nos gustaría que pueda funcionar plenamente y que pague las deudas que tiene con los productores y proovedores”, enfatizó el jefe de Gabinete.

Dejó claro que, tal como lo había planteado el presidente Alberto Fernández, el Gobierno está abierto a alternativas, y en ese marco dijo: “Nosotros no nos enamoramos de los instrumentos; estábamos diseñando estrategias y, si había caminos distintos para llegar al rescate de esta empresa, los íbamos a oír”.

Negri quiere ir

El presidente del interbloque Juntos por el cambio de la Cámara de Diputados, Mario Negri, aseguró hoy que “un debate de envergadura”, como el de la expropiación de la cerealera Vicentin, “no puede hacerse de forma remota y debe ser de forma presencial”.

El presidente del interbloque Juntos por el cambio de la Cámara de Diputados, Mario Negri, aseguró hoy que “un debate de envergadura”, como el de la expropiación de la cerealera Vicentin, “no puede hacerse de forma remota y debe ser de forma presencial”, lo que genera diferencias con el oficialismo, que no descartaba la posibilidad de tratarlo con el sistema mixto.

Un debate de esa envergadura no puede hacerse de forma remota. No se le puede retacear el uso de la palabra a nadie. Porque acá se debatirá la inconstitucionalidad de una medida, las consecuencias sobre la economía. Este debate debe ser de forma presencial”, afirmó hoy el dirigente opositor en declaraciones periodísticas.

Negri anticipó que le planteará al presidente de la Cámara, Sergio Massa, que “un debate de ese tipo no se puede llevar adelante virtualmente; porque en una discusión de esa profundidad no se le puede retacear la palabra a ningún legislador, ya que será un debate de 14, 15 o 16 horas”.

Esta postura de Juntos por el Cambio se da ante el inminente ingreso del proyecto de expropiación de Vicentin -que se haría por el Senado- y cuando se encuentra vencido el plazo para trabajar mediante sesiones remotas en la Cámara baja”

Las sesiones remotas son excepciones y son para discutir temas donde se está de acuerdo, por eso habría que buscar una forma presencial en algún lado”, sugirió el cordobés.

Ante la posibilidad de que otros bloques opositores apoyen el debate remoto y el proyecto en cuestión, sentenció: “espero que expresen el grado de sensatez que se necesita”.

Esta postura de Juntos por el Cambio se da ante el inminente ingreso del proyecto de expropiación de Vicentin -que se haría por el Senado- y cuando se encuentra vencido el plazo para trabajar mediante sesiones remotas en la Cámara baja.

La posibilidad de emitir dictámenes de comisión y de sesionar en forma telemática fue aprobada el pasado 13 de mayo y tenía vigencia de un mes, por lo que se requiere una prórroga para volver a utilizarlo.

Fuentes parlamentarias señalaron que en las próximas horas Massa convocaría a una reunión de residentes de bloque para intentar acercar posiciones, ya que en la redacción original del protocolo se había precisado que para prorrogarlo se debía contar con el “consenso” de todas las bancadas.

Aprovechamiento Político

El Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros y Desmotadores de Obligado y San Javier, de Santa Fe, Delegados de Base y trabajadores de la empresa Vicentin Saic, expresaron su “apoyo a la decisión del Poder Ejecutivo Nacional de intervenir la empresa”. También criticaron a “conocidos” dirigentes locales por apoyar “intereses empresarios”.

La Plata, 14 Jun (InfoGEI).- Mediante un comunicado, tanto el sindicato como los delegados gremiales, confían en que “la medida llegue para poner fin al período de incertidumbre que viven los trabajadores del Complejo Industrial Vicentin de Avellaneda, Provincia de Santa Fe”.

En efecto –continúa diciendo-, desde diciembre de 2019, cuando se declaró el estrés financiero, no hemos obtenido respuestas concretas por parte de los representantes de la firma sobre el futuro de la empresa y de los puestos de trabajo. Fueron seis meses de puja constante por recibir información certera y percibir las remuneraciones correspondientes. Sólo hubo dilaciones, postergaciones de cualquier solución entre audiencias y reuniones que al día de la fecha no llegaron a ningún fin, y ni siquiera logramos que la empresa abone los salarios correspondientes a la escala vigente, ni el bono de fin de año que debió pagar en el mes de enero”, señalan.

Aprovechamiento político

En otro de sus párrafos, el pronunciamiento gremial, expresaron además, el malestar que les generó “ver cómo algunos dirigentes políticos, por todos conocidos en nuestras localidades de Avellaneda y Reconquista, ante el arribo de la comisión interventora el día 9 de junio salieron a manifestarse a favor de los intereses de los empresarios, arrogándose hablar en nombre de los trabajadores. Se trata de las mismas personas que el año pasado, cuando esta empresa decidió cerrar dos de los sectores icónicos como lo han sido la refinería y la envasadora de aceite alegando que era poco rentable mantenerlos en la región, y dejando así varios empleados sin trabajo, no mostraron apoyo ni solidaridad con las familias que perdían así su fuente laboral”.

Doble vara

¿Dónde estaban estos dirigentes políticos cuando las millonarias inversiones que se hicieron en sus plantas no fueron en Avellaneda si no al sur de la provincia? ¿Qué opinan de que esas inversiones se realizaron gracias a los préstamos del Estado y al financiamiento de los productores a los que han dejado de pagar? No mostraron ningún apoyo ni solidaridad con las familias que perdían su fuente laboral, ni se preocuparon por la desinversión en la zona.

Estos dirigentes políticos que hoy se arrogan el derecho de hablar en nuestro nombre nada decían cuando los trabajadores reclamamos el pago íntegro de los salarios. En ese sentido, en virtud de haber sido electos por el conjunto de la ciudadanía, deberían mostrarse en favor de la sociedad toda y no sólo de los sectores más poderosos, como lo demostraron convocando a una manifestación que incumplió con todos los protocolos de salud -en el marco de una pandemia- en favor de los empresarios, e instando a la sociedad a acompañarlos omitiendo información como la realidad salarial de los trabajadores.

Concientización

A la sociedad queremos trasladarle la incertidumbre que genera trabajar en estas condiciones, e invitarlos a empatizar con los que trabajan en las plantas del complejo para que puedan contarles su realidad, que es muy distinta a la de aquellos que ocupan cargos jerárquicos en la firma.

La prioridad en esta crisis deben ser los trabajadores, sus fuentes de trabajo y las familias de la región. Apostamos firmemente que la resolución del Gobierno de la Nación brinde una respuesta en favor de la recuperación de la capacidad productiva garantizando los puestos de trabajo y mejorando las condiciones laborales, para todos los trabajadores y las familias del norte de Santa Fe. (InfoGEI)Jd

A %d blogueros les gusta esto: