Comunicado de la Internacional Progresista ante los graves intentos de desestablilización en Argentina

Los integrantes de la Internacional Progresista de Argentina nos expresamos a favor de la democracia y contra cualquier intento desestabilizador como el que está padeciendo la Argentina a partir de la insubordinación de la policía de la provincia de Buenos Aires.

Como uno de los hechos más preocupantes, un grupo de efectivos de la fuerza de seguridad bonaerense, con patrulleros, se convocó frente a la residencia presidencial de Olivos. Cuando el vocero y secretario de la presidencia salieron a la explanada a ofrecerles una reunión diciéndoles que el Presidente los iba a recibir, los policías le pusieron condiciones. Lo que a las claras constituye un acto de extorsión e insubordinación inadmisible.

La Internacional Progresista (IP), nacida con la misión de unir, organizar y movilizar las fuerzas progresistas de todo el mundo insta a las fuerzas políticas, sociales, sindicales, culturales, económicas y democráticas de Argentina y Latinoamérica a sumar su voz para impedir que los excesos cometidos por un sector de la fuerza de seguridad mencionada conviertan un legítimo reclamo en una maniobra que compromete la continuidad del Estado de Derecho.

Para IP queda claro que los estados nacionales del Sur Global vienen padeciendo endeudamientos injustificados y desmedidos por gobiernos de signo neoliberal, a lo que se agregan las consecuencias de una pandemia mundial que se prolonga en el tiempo sin que se pueda predecir su final. Pero ninguna causa justifica las acciones desestabilizadoras y violentas que están exhibiendo los policía de la provincia más poblada de Argentina.

El empobrecimiento, la desocupación y la caída de salarios, producto del COVID 19, impacta en todas las fuerzas del trabajo en todo el planeta. Frente a este panorma global y regional en contexto de Pandemia, hemos manifestado nuestra preocupación y solidaridad ante las recientes proscripciones a dirigentes progresistas en Ecuador y Bolivia. Todavía continúa el Golpe de Estado a Evo Morales, que se inició con el levantamiento de las agencias de seguridad. Todo ello nos lleva a expresar, desde IP, una profunda preocupación por el futuro de nuestra región y sus democracias.

Le decimos al presidente y a la vicepresidenta de nuestro país que hay un pueblo sosteniendo los pilares republicanos; por ello le pedimos al gobierno argentino que no ceda ante las extorsiones.

Convocamos a toda la dirigencia política nacional, multipartidariamente, a defender la democracia. Y a las fuerzas de seguridad les pedimos que bajen las armas y se subordinen al mando constitucional. El compromiso de IP en Argentina es velar por el respeto de la democracia, las instituciones y el Estado de Derecho.

Alberto Fernández: “Vamos a darle una solución a la provincia de Buenos Aires, pero no vamos a aceptar este modo de protesta”

“Vamos a darle una solución a la provincia de Buenos Aires, pero no vamos a aceptar que sigan con este modo de protesta, y les pido amigablemente, democráticamente, que depongan esta actitud”, aseguró el presidente Alberto Fernández esta noche desde la residencia de Olivos al anunciar la creación de un Fondo de Fortalecimiento Fiscal para la provincia de Buenos Aires que, en parte, será destinado a la recomposición salarial de las fuerzas de seguridad.

Espero que reflexionen y que cesen cuanto antes con esta mecánica”, enfatizó el Jefe de Estado con respecto a las protestas que integrantes de la Policía Bonaerense llevan adelante en distintos puntos de la provincia.

Todos queremos ir resolviendo los problemas que la Argentina tiene, pero vamos a hacerlo cumpliendo las reglas de la democracia y respetando la institucionalidad”, remarcó acompañado por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof; la vicegobernadora Verónica Magario; el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; el presidente del bloque del Frente de Todos en esa Cámara, Máximo Kirchner, el ministro del Interior, Eduardo de Pedro y 35 intendentes bonaerenses.

El Presidente explicó que el nuevo fondo se conformará con un punto de coparticipación federal que se le asigna a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que, pese a que originalmente estaba pensado para que hiciera frente al sostenimiento de su propia fuerza de seguridad, excede ese presupuesto.

La ciudad de Buenos Aires recibió 2,1 puntos de la coparticipación del Estado nacional y la derivó a la Ciudad para cubrir los gastos para poder traspasar la policía, pero para eso hacía falta solo 1 punto de coparticipación”, detalló, y sostuvo que con el nuevo fondo se está “tratando de reponer un equilibrio que se perdió a mediados de los 80, cuando la provincia perdió 8 puntos de coparticipación”.

Además, señaló que “nadie puede mostrarse sorprendido por esta decisión” porque “muchas veces hemos hablado de este tema” con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Y remarcó que “la ciudad de Buenos Aires va a seguir recibiendo los recursos necesarios para cubrir los gastos que representa la administración de las fuerzas de seguridad federales”.

Para ilustrar el desequilibrio presupuestario entre la Ciudad y la provincia, el presidente Fernández indicó que el gasto per cápita en seguridad es de 16.901 pesos en territorio porteño y de solo 6.702 pesos en el bonaerense. Del mismo modo, hay 1060 agentes de seguridad cada 100 mil habitantes en la Ciudad y 563 en la provincia, y el salario inicial en la policía es de 49.204 pesos en la Metropolitana y de 37.572 pesos en la Bonaerense

Es justo el reclamo y es necesario dar una respuesta, y confiamos en que el personal de la policía de la provincia de Buenos Aires nos acompañe en este momento tan difícil y advierta el esfuerzo que estamos haciendo”, manifestó Fernández.

Y sostuvo: “Parte de las necesidades de los bonaerenses es tener garantizada la seguridad y para eso necesitamos tener una buena policía. Y quiero que empecemos a construir una buena policía en la provincia de Buenos Aires, es necesario que lo hagamos”.

Hay muchísimos agentes, suboficiales y oficiales que creen honestamente en la fuerza a la que pertenecen, quiero pedirles que nos ayuden a ver la manera en que ponemos orden a tanto desorden construido durante tantos años, lo merece la provincia y esencialmente los bonaerenses. Este es el modo en el que debemos trabajar, unidos y dialogando”, remarcó.

El Presidente estuvo acompañado por los intendentes y las intendentas de Escobar, Ariel Sujarchuk; General Rodríguez, Mauro García; General San Martín, Fernando Moreira; Hurlingham, Juan Zabaleta; Ituzaingó, Alberto Descalzo; Luján, Leonardo Boto; Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini; Marcos Paz, Ricardo Curutchet; Mercedes, Juan Ustarroz; Merlo, Gustavo Menendez; Morón, Lucas Ghi; Navarro, Santiago Maggiotti; Pilar, Federico Achával; San Fernado, Juan Andreotti; Tigre, Julio Zamora; Almirante Brown, Mariano Cascallares; Avellaneda, Jorge Ferraresi; Berisso, Fabián Cagliardi; Ensenada, Mario Secco; Esteban Echeverría, Fernando Gray; Ezeiza, Alejandro Granados; Florencio Varela, Andrés Watson; La Matanza, Fernando Espinoza; Lomas de Zamora, Martín Insaurralde; Presidente Perón, Blanca Cantero; Punta Indio, Hernán Yzurieta; Quilmes, Mayra Mendoza; San Vicente, Nicolás Mantegazza; Campana, Sebastián Abella; Lanús, Néstor Grindetti; Lobos, Jorge Etcheverry; San Isidro, Gustavo Posse; San Miguel, Jaime Méndez; Tres de Febrero, Diego Valenzuela, y Vicente López, Jorge Macri.

El Frente de Todos repudia actitudes intimidatorias de la Policía Bonaerense

Pocas horas antes de que el gobernador Kicillof presente el Plan Integral de seguridad que incluía la propuesta de aumento salarial para la fuerza de seguridad bonaerense, sin que medie una instancia de diálogo, la ciudadanía se vio sorprendida por el inició, por parte de un sector de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, de una serie de protestas con el objetivo de reclamar una mejora en los salarios.

Inmediatamente se conoció la respuesta oficial: “En relación a los hechos de público conocimiento que tuvieron lugar durante el día de ayer, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires comunica que, tal como anticipara el Gobernador el último viernes, durante la presente semana se realizará la presentación del Plan integral de Seguridad. En ese contexto, se conocerán diversas mejoras en las condiciones de trabajo y en los haberes, contempladas en dicho Plan, para todos los efectivos de la Policía provincial.”

En el mismo comunicado, el Gobierno provincial destacaba que “durante la pandemia, la Policía de la Provincia de Buenos Aires ha desplegado una invalorable tarea y trabajado incansablemente para cuidar a las y los bonaerenses, reconocemos y valoramos el esfuerzo realizado como trabajadores y trabajadoras esenciales”.

Sin embargo, las fuerzas de seguridad insistieron en la elección de una modalidad de reclamo sediciosa, destituyente y desestabilizadora, fogoneada por ciertos medios de comunicación y algunos sectores de la dirigencia política opositora, generando zozobra e incertidumbre en una ciudadanía que está atravesando el momento más álgido provocado por la Pandemia.

Desde el FRENTE DE TODOS expresamos nuestro más enérgico repudio a las actitudes intimidatorias de algunos sectores de la policía bonaerense, el total apoyo al Gobernador Axel Kicillof elegido democráticamente por la mayoría del pueblo bonaerense y a las recientes declaraciones de nuestro Presidente, Alberto Fernández, que con el apoyo de representantes de todo el arco político expresó “no estoy dispuesto a aceptar ciertos modos que no tienen que ver con la democracia”, “no está todo permitido a la hora de reclamar y más cuando estamos en medio de la pandemia. Lo único que nos preocupa es ver tantos policías y patrulleros que dejan en estado de indefensión a los ciudadanos.”

A nivel local, esperamos con gran expectativa la expresión de la dirigencia de todos los espacios políticos, fundamentalmente de la máxima representación política de nuestro distrito por el respeto a la democracia y a la institucionalidad constituida a partir de la voluntad popular.

Preocupación en Maipú por irregularidades en el accionar policial

Ante estos hechos, el titular del bloque de senadores del Frente de Todos y dirigente maipuense, Gervasio Bozzano, se refirió a los hechos en sus redes sociales, “nos parece correcta la rápida decisión del Ministerio de Seguridad provincial ante el caso del agente de la Policía Bonaerense que prestaba servicio en nuestra ciudad”.

La Plata, (InfoGEI).- Dos hechos pusieron bajo la lupa a oficiales de la Policía bonaerense que cumplen tareas en Maipú. En concreto, el  subcomisario de la Policía Bonaerense Ricardo Daniel Taylor, que presta servicio en la localidad de Maipú fue detenido por el presunto delito de extorsión ocurrido en Dolores.

El procedimiento se realizó en el marco de un operativo policial llevado adelante por personal de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.

Según publicó el portal Laquintadigital, también un productor agropecuario denunció al jefe policial maipuense Marcelo Condoleo por abuso de autoridad. A través de su abogado, Juan Tiberio, radicó un descargo en la justicia ordinaria y otro en la Auditoria General de Asuntos Internos de la provincia de Buenos Aires por un particular episodio.

La autoridad de la fuerza habría ordenado infraccionar al damnificado a discreción por mantener diferencias con el vendedor de la camioneta Toyota Hilux modelo 2020 en la que circulaba, a la altura de Ruta 2 kilómetro 300.

Alejandro Álvarez, un agente policial uniformado menciona estar bajo las órdenes del comisario Condoleo y que a partir de las directivas dadas debía labrar una infracción con posterior secuestro del vehículo a pesar de no haber ninguna irregularidad”, contó el letrado Tiberio.

Ante estos hechos, el titular del bloque de senadores del Frente de Todos y dirigente maipuense, Gervasio Bozzano, se refirió a los hechos en sus redes sociales, “nos parece correcta la rápida decisión del Ministerio de Seguridad provincial ante el caso del agente de la Policía Bonaerense que prestaba servicio en nuestra ciudad”, e hizo un pedido al Ejecutivo local, “les pedimos a las autoridades municipales que actúen en el mismo sentido por el bien de los y las maipuenses”.

Es necesario que se esclarezcan ambos hechos para comprobar si efectivamente hubo algún comportamiento deshonesto por parte de los funcionarios involucrados”, agregó.

Es importante no sumar más incertidumbre de la que ya tienen los y las maipuenses por esta situación tan difícil que nos toca vivir”, advirtió el legislador, a vez que indicó, “el objetivo de los funcionarios públicos es el cuidado de nuestra gente, no puede haber lugar para comportamientos abusivos ni para privilegios”. (InfoGEI) Mg

Los policías que mataron a Lucas eran los verdugos del barrio

Cinthia se había quedado sola en su casa. A Lucas Verón, su hermano,  le acababan de pegar un tiro. Sus otros hermanos y sus padres lo llevaron al hospital. Ella no entraba en el auto, así que se quedó. Justo vio pasar por la puerta un patrullero. Le hizo señas desesperadas para que parasen y la llevaran al hospital. La mujer policía que iba de acompañante la miró y la ignoró. 

Por Natalia Arenas (*)

Al hospital llegó con tres amigos de Lucas: uno era “Moneda”, el que manejaba la moto en la que iba Lucas. Adentro de ese auto todo era llanto y gritos. 

–Contame qué pasó– le preguntó Cinthia al Moneda.

–Fue el patrullero, el patrullero nos corrió.

En el hospital les avisaron que Lucas había muerto. Cinthia recuerda que se desplomó. Y que después se encontró con su mamá, que también se descompensó.

En la guardia, una mujer policía se acercó a consolarlas.    

–Tranquilizate, vamos a encontrar a los que hicieron esto. 

Ya en su casa, a Cinthia le llegó un mensaje. Era una amiga de Lucas. Le mandó una foto de Cinthia Duarte, la policía que, junto a Ezequiel Benítez persiguió a Lucas y al Moneda y les dispararon. Cinthia no lo podía creer: era la misma policía que la consoló en el hospital. Y la que antes la había ignorado cuando le hizo señas al patrullero. 

Ellos lo mataron y lo dejaron tirado en la calle a mi hermano. Y ahí es cuando los veo pasar con el patrullero”, dice Cinthia. Las primeras versiones del caso le dan la razón: no sólo ambos huyeron, sino que no avisaron a sus superiores lo que habían hecho. 

En González Catán se los conoce bien a Benítez, de 33 años, y Duarte, de 26, la pareja de policías detenida por el crimen de Lucas Verón. Ambos forman parte del Comando de Prevención Comunitaria (CPC) de González Catán. Hacen patrullajes en la zona. “Tienen antecedentes de violencia. Siempre le tiran el patrullero encima a la gente que camina por la calle”, dijo un tío de Lucas al diario Clarín. 

Los vecinos denuncian que cerca de un mes atrás a un chico lo pararon en la calle por no respetar la cuarentena. Benítez se bajó del patrullero, lo maltrató y le gatilló en la cabeza. Esa misma noche, pararon a otras dos chicas. 

–¿Qué están haciendo en la calle, en cuarentena?

–Vamos a comprar cigarrillos.

Duarte se bajó del patrullero. Con la excusa de revisarlas, contaron ellas después, las manoseó. 

Las tres víctimas de esos abusos declararon ayer en la fiscalía en la causa por el crimen de Lucas, calificada como homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por la condición de policías de los imputados. 

Un poco más atrás en el tiempo, a Duarte se la vincula con el caso de Roberto Maidana, un joven de 26 años con esquizofrenia. Hasta el año pasado, Maidana hacía changas en el complejo de canchas de fútbol Los Leones a tres cuadras de su casa, en Virrey del Pino. El 4 de septiembre de 2019 salió del trabajo a las 19.30. Caminó una cuadra y media. Cuando estaba por llegar a su casa de un auto particular bajaron un hombre y una mujer de civil. 

–Somos policías, quedate quieto. Eran la oficial Cintia Duarte y su hermano, también policía, conocidos en el barrio.   

Roberto se asustó y empezó a correr. Uno de los policías disparó y Roberto corrió más. Hasta que lo alcanzaron, lo tiraron al piso y lo golpearon por un rato largo. Después lo llevaron detenido a la comisaría segunda de Virrey del Pino. 

La familia fue a la comisaría y les dijeron que estaba acusado de robar un celular a mano armada. Ni el arma ni el celular aparecieron. Presentaron el certificado de discapacidad. 

–En dos días lo soltamos– les dijeron.

Roberto estuvo 25 días preso en esa comisaría. Su mamá le llevaba cada día la medicación y apenas si podía verlo. 

La fiscal nunca quiso investigar ni ver las cámaras donde se ve a mi hermano salir de la canchita a las 19.30. Y el robo fue a las 19.15”, dice a Cosecha Roja Marcelo Maidana.

Roberto continúa imputado y espera por un juicio abreviado que aún no tiene fecha. Todos los meses tiene que ir a presentarse al juzgado. Él y su familia ya no viven en Virrey del Pino. Después de la golpiza y la detención, eran hostigados por los hermanos Duarte, que vivían a siete cuadras de su casa. Así que los Maidana decidieron mudarse.  

Mi hermano tuvo un retroceso muy grande. Vive asustado. Se hace pis encima, no quiere salir a la calle. Tiene miedo de que lo vuelva a agarrar la policía”, dice Marcelo. 

Ahora se sabe lo que esos policías son capaces de hacer.

(*) Natalia Arenas es Periodista feminista. Egresada de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Editora general de Cosecha Roja. Premio Lola Mora 2018.

Fuente: cosecharoja.org

La Municipalidad de La Matanza toma postura en el caso Lucas Verón

Lucas Verón era un joven de 18 años. En las últimas horas las pericias judiciales confirmaron que la bala que lo mató fue disparada por uno de los policías detenidos por el crimen, y la teoría de un hecho de gatillo fácil de parte de malos elementos de la Policía Bonaerense parece confirmarse.

La Fiscalía General de La Matanza, asimismo, resolvió apartar de forma provisoria al fiscal que tenía a su cargo la investigación tras la recusación realizada por la familia.

Si bien es prematuro sostener inequívocamente algo y la justicia deberá corroborar lo que en este momento parece certeza, como también determinar tanto las circunstancias del lamentable hecho como el nivel de responsabilidades de todos los involucrados, es imperioso dejar claro que no se va a encubrir ni proteger a nadie, como señaló nuestro gobernador Axel Kicillof.

No hay margen para encubrir ni proteger a nadie, la única respuesta es Justicia para Lucas y su familia. La separación de la policía provincial y del fiscal para no dejar lugar a dudas de que lo único que se busca es esclarecer el hecho y hacer justicia es un paso en ese sentido.

Desde el Municipio confiamos en que la Justicia haga su trabajo y nos ponemos a disposición para colaborar en todo lo que hiciera falta y se pueda contribuir”.

En la Argentina que estamos construyendo no hay lugar para el abuso, el gatillo fácil ni las desapariciones forzadas. Estamos construyendo un país sin privilegios. Estamos comprometidos con construir una Argentina de pie y para todos.

Un subcomisario de la Polícia Bonaerense amenazó al abogado de la familia de Facundo Castro

La Auditoría de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad de PBA relevó al funcionario policial de su cargo. La Justicia Federal investiga bajo la caratula de “desaparición forzada” qué sucedió con el joven que fue visto por última vez, el 30 de abril pasado.

Por Juan Borges

El sábado 11 de julio pasado, Luciano Peretto, abogado de la familia de Facundo Castro Asturdillo denunció que recibió amenazas por parte del subcomisario Pablo Reguillon, en el marco de la investigación que lleva adelante la Justicia Federal de Bahia Blanca por la “desaparición forzada” del joven oriundo de Pedro Luro, Partido de Villarino. Cabe recordar que la fuerza bonaerense fue apartada de la causa tras el pedido del fiscal Rodolfo de Lucía.

Según detalló el abogado en declaraciones a la prensa, ese sábado recibió un llamado y mensajes provenientes de un vecino de Pedro Luro quien relató que un grupo de jóvenes habían encontrado restos óseos que podrían pertenecer a un ser humano, en un basural de la localidad de Mayor Buratovich. La hipótesis mencionada fue descartada posteriormente. Sin embargo, al llegar al lugar del hallazgo, Peretto se encontró con el subcomisario Pablo Reguillon y el agente Gonzalo Choque, a los que le solicitó que “debían retirarse de allí porque la policía Bonaerense se encontraba apartada de la investigación”.

Vos quédate tranquilo que yo me estoy guardando todos los links de los medios en los que estás hablando y cuando todo pase yo sé bien lo que tengo que hacer”, sostuvo el agente en tono amenazante. Por su parte, Peretto realizó la denuncia por la amenaza del subcomisario y la Auditoría de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad confirmó el relevamiento del funcionario policial.

Cabe recordar que Facundo Castro Asturdillo fue visto por última vez el 30 de Abril cuando decidió marchar haciendo dedo en dirección a Bahía Blanca para encontrarse con su ex novia con quien se había peleado. Ese mismo día testigos afirman haberlo visto en el asiento trasero de una camioneta de la Policía Bonaerense. Según la versión policial habría sido detenido por violar la cuarentena, le labraron un acta y después lo liberaron. Sin embargo, ese mismo día a mediodia, la madre recibió una llamada telefónica de su hijo Facundo que le dijo “Mama, no tenes idea donde estoy” y después cerro la llamada con “no me vas a volver a ver más”. Ese fue el último contacto que recibió de su hijo.

Logramos intervenir y allanar las comisarias que se llevaron los móviles, pero tuvimos que hacer mucho ruido. Si no hubiéramos tenido la ayuda de la CPM (Comisión Provincial por la Memoria) no nos hubieran escuchado”, sostuvo Cristina Castro, madre del joven desaparecido. Además, la CPM se presentó como querellante junto a Cristina Castro ante el juzgado Federal de Bahía Blanca sosteniendo que se investiguen bajo la caratula “desaparición Forzada”. En esta marco, la CTA de Bahía Blanca convocó para mañana, martes 14 de julio, a un “plantón” frente al juzgado Federal el cual será acompañado por la familia y los abogados.

Espionaje ilegal en la gestión de Vidal

La AFI bajo el mando de Gustavo Arribas no fue el único ámbito donde se generó el espionaje ilegal impulsado por la gestión macrista. También la provincia de Buenos Aires gobernada por María Eugenia Vidal fue una de las usinas de la persecución a dirigentes de la oposición. 

Por Fernando Latrille

Así como a nivel nacional la ex secretaria de Documentación Presidencial Susana Martinengo y el Secretario privado de Mauricio Macri, Darío Nieto, eran alfiles del espionaje ilegal, en la provincia de Buenos Aires, lo era el titular de Asuntos Internos Guillermo Berra y su esposa, María Rosario Sardiña.

El 15 de mayo de 2018, la entonces diputada Elisa Carrió entrevistaba en el Instituto Hannah Arendt a la gobernadora María Eugenia Vidal. Ambas heroínas republicanas elogiaban a Berra (escuchar audio). “Con Guillermo éramos vecinos en Morón”, sostuvo Vidal. “Él trabajaba en la Auditoría de la ciudad con Paula Oliveto”, recordó y contó como estableció la relación. “Cuando me tocó ser gobernadora necesitábamos que el área de Asuntos Internos- que es la que controla la policía de la provincia-, dejara de estar en connivencia con la policía y fuera independiente”, señaló. “Así fue como lo convoqué a Guillermo en una tarea que era bien difícil”. La tarea difícil que hoy sale a la luz fue la de espionaje ilegal. En otro tramo de loas a Berra dijo que “había que resguardar su seguridad”, porque “se metió en allanamientos, en las comisarías, en municipios acusados de corrupción”, expresó con pasmosa naturalidad, elogiando la ilegalidad de sus actos.

Las heroínas republicanas sobre Guillermo Berra

Nunca bajó los brazos y sigue investigando como el primer día. Él es uno de los del equipo que hizo que cambiaran las reglas de juego”, aseguró Vidal sobre Berra. Las reglas de juego que fueron cambiadas fueron la de la democracia al montarse toda una estructura de espionaje ilegal desde la Auditoría General de Asuntos Internos de la policía bonaerense cuyo titular era Berra. Desde ese organismo administrativo encargado de analizar la conducta del personal policial se realizaron tareas de espionaje. Si durante la dictadura existió el archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPBA) que se encargaba del seguimiento y persecución de ciudadanos durante el gobierno de Vidal se reinauguró esa modalidad delictiva.

Creo que ella (por Vidal) tenía tan naturalizado que confiesa conocer que el Auditor investigaba municipios bajo su frase: ‘investigaba municipios acusados de corrupción’, le faltó decir K. Un auditor no tiene facultades para investigar un municipio. Ella lo está reconociendo en esa exposición. Tampoco tiene facultades para ir a un allanamiento porque sus facultades son administrativas. Sus investigaciones son administrativas, no tiene carácter jurisdiccional”, señala sobre la descripción del trabajo que realizaba Berra- según la propia confesión de Vidal-, la diputada bonaerense Susana González en diálogo con AGENCIA PACO URONDO. “Ella lo dice tan livianamente como si fuera normal que un auditor de asuntos internos investigue municipios, investigue intendentes acusados de corrupción. Ahí hay una ‘confesión de parte, relevo de pruebas’, decimos en derecho, muy importante”, indica.

En la causa en la que se investiga el espionaje ilegal que tiene a Berra como imputado y a su esposa Sardiña, que estuvo a cargo de Auditoria Patrimonial donde hacía tareas investigativas de seguimiento con un oficial de policía que tenía a cargo. Berra y Sardiña se ocupaban de obtener información y almacenar datos sobre personas que nada tenían que ver con el contralor administrativo de la fuerza de seguridad provincial. Es una causa que debería avanzar si en verdad se pretende salir de los sótanos de la democracia. “Berra y Sardiña son alfiles de esta situación. Como en el orden nacional Susana Martinengo o Nieto son simples instrumentos de un autor intelectual que en el orden nacional es Macri, es Arribas, es Peña y que en el orden provincial es Vidal y Ritondo”, expresa Susana González que preside la comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia de la Cámara de Diputados bonaerense.

La conexión Vidal-Berra

Guillermo Berra (izquierda)

Alex Campbell, actual diputado bonaerense y vicepresidente del bloque Juntos por el Cambio, fue subsecretario de Asuntos Municipales del gobierno de Vidal entre 2015 y 2019, y quien recibió informes de agentes de Inteligencia en el marco del espionaje ilegal, entre ellos del obispo Jorge Lugones y del ex intendente de La Plata, Pablo Bruera. Como se sabe, en el celular de uno de los ex agentes de la AFI, se encontró un intercambio de mensajes con Campbell. María Rosario Sardiña, casada con Guillermo Berra y que cumplía funciones bajo la órbita del Ministerio de Seguridad, solicitó un pedido de comisión de servicios a la Cámara de Diputados en mayo de este año. Al asumir Kicillof ella solicitó licencia por psiquiatría, luego una licencia por Covid-19 y el 6 de mayo el diputado Campbell pidió el pase a comisión de Sardiña a su público despacho. Ese pase a comisión fue denegado y Sardiña renunció.

Berra reportaba directamente a Vidal pasándolo de largo a Ritondo, que se disgustaba con esa actitud, según señala un ex funcionario de Vidal que era espiado. A diferencia de la causa del espionaje en Nación, donde existía un órgano de inteligencia-que violaba permanentemente el artículo cuarto de la Ley 25.520-, en la provincia de Buenos Aires no existe organismo de inteligencia y la Auditoría de Asuntos Internos es un organismo administrativo para investigar faltas de efectivos policiales. “Las provincias no tienen potestad para generar agencias de inteligencia. Las provincias solamente tienen direcciones de inteligencia dentro de lo que es la policía provincial. En nuestro caso, la policía bonaerense tiene una dirección de investigaciones que es la denominada DDI, que es la que investiga delitos en el marco de un proceso ordenado por un juez y un fiscal”, explica Susana González para que se entienda la magnitud de la ilegalidad del espionaje montado desde Asuntos Internos durante el gobierno de Vidal.

La gravedad del espionaje ilegal en la provincia de Buenos Aires radica en que la Auditoría General de Asuntos Internos es un organismo administrativo que depende del Ministerio de Seguridad, cuya función es investigar faltas o constatar delitos de efectivos policiales en ejercicio de función”, explica la diputada bonaerense señalando que la función administrativa de ese organismo es la de constatar faltas de los uniformados y sancionar a aquellos efectivos que incurrieron en delitos hasta con exoneración, si es que se constata el delito haciendo la denuncia en el fuero penal que quien tiene a cargo su comprobación y su posterior condena. “Pero el organismo administrativo Asuntos Internos no tiene facultad para hacer investigación de ninguna otra persona que no sea un efectivo policial y éste es el punto más grave del espionaje ilegal en la provincia de Buenos Aires. Un organismo administrativo investigaba diputados, senadores, miembros de la Corte, al ex Gobernador, empresarios, etc. La cadena de ilícitos en esta investigación es completamente grave”, expresa González.

La diputada bonaerense González sostiene que el espionaje montado desde la estructura de Asuntos Internos en la provincia de Buenos Aires tenía una pata judicial y también mediática. “Una estrategia del poder judicial a través de ciertos actores, como el Procurador de la Corte de la provincia-Julio Conte Grand-, que junto al Ministerio de Seguridad y a través de seguimientos ilegales que se hacían desde la Auditoría de Asuntos Internos con efectivos policiales- constatado en la causa que lleva adelante la fiscal Corfield- ,y la existencia de una pata mediática, dado que Berra tenía dentro de su gabinete a una funcionaria, la señora Agustina María Aguinaga, esposa del señor Javier Mozo, productor del programa de Luis Majul”. Susana Gonzáles expresa que fue así como se produjeron un montón de programas dedicados a lo que los operadores catalogaban como mafia policial y judicial.

Informes que luego aparecían en programas de operadores mediáticos de Cambiemos y que provenían de la Auditoría de Asuntos Internos, que hizo un trabajo de investigación ilegal para carpetear funcionarios, empresarios, jueces y para extorsionar en base a la información que obtenían mediante datos obtenidos por Nosis, la empresa que brinda información financiera, tributaria y comercial de cada una de las personas y que el gobierno de Vidal utilizó los recursos de los bonaerenses para pagar 48.600 informes de personal que no era policial. “En la causa hay constataciones de que había oficios liberados a la Dirección de Migraciones. Oficios administrativos firmados por Berra, no por un juez, donde preguntaban y querían constatar entrada y salida de determinadas personas del país, situación que es completamente ilegal”, dice González.

Para Susana González, que Vidal haya sido espiada responde a la interna que había en Cambiemos y a la decisión de la gobernadora que aparecía como posible plan B de Cambiemos ante la caída estrepitosa de Macri en las encuestas. Ese espionaje hacia los propios formaba parte de esa interna que tuvo también operaciones por la posible decisión a que Vidal adelantara las elecciones para no hacerla en forma conjunta con Nación. A partir de ahí, fue que surgió la operación contra el presidente de la Cámara de Diputados bonaerense Manuel Mosca, quien pidió licencia y fue denunciado solamente a nivel administrativo en la oficina de violencia doméstica en la Corte Suprema por presunta violencia de género que nunca fue plasmada en una acción penal. Hasta ellos mismos reconocían por aquel entonces que se trataba de fuego amigo liderado por Laura Alonso con otros actores de su propio bloque. “Terminó su mandato y por supuesto que está muerto políticamente a través de una causa que nunca se inició. No hay acción penal respecto de su supuesta violencia de género y acoso sexual efectuada por Manuel Mosca”, señala la diputada González.

En 2018 (entre el sábado 11 de agosto y el domingo 12), barretearon la puerta del despacho que la diputada González tiene en la legislatura. No sé sabe con qué fines, dado que la investigación- luego de formulada la denuncia-, se encuentra en la unidad fiscal de instrucción a cargo de Alvaro Garganta, sin movimiento. Nunca se pudo determinar, durante esas 24 horas en la que irrumpieron en su despacho, el motivo del corte de suministro eléctrico y el fallo generalizado de las cámaras de monitoreo, que debieron funcionar igual a pesar del corte de energía, por cuanto tienen una UPS, sus siglas en ingles significa sistema de corriente ininterrumpido. Lo curioso del caso es que el corte solamente se produjo en el primer piso donde se encuentra el despacho de Susana González. “Creo que el ataque no fue hacia mi persona sino fue hacia mi conductor político, el intendente de Ensenada Mario Seco”, expresa la legisladora quien se presentó como presunta víctima ante la causa de espionaje que investiga la fiscal Cecilia Corfield.

Fuente: https://www.agenciapacourondo.com.ar/

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