La Confederación General del Trabajo (CGT) formalizó una presentación judicial para que se declare la inconstitucionalidad de la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei. El planteo fue realizado ante el fuero laboral y apunta a frenar la aplicación de artículos que, según la central obrera, vulneran derechos consagrados en la Constitución Nacional y en tratados internacionales.
La conducción sindical sostuvo que la reforma implica un retroceso en materia de protección del empleo, negociación colectiva y estabilidad laboral. Entre los puntos cuestionados se encuentran cambios en el régimen de indemnizaciones, la ampliación de períodos de prueba y modificaciones en el sistema de registración laboral.
Argumentos legales y sindicales
En su presentación, la CGT argumenta que la reforma afecta el principio protectorio del derecho del trabajo, reconocido en el artículo 14 bis de la Constitución, y que altera el equilibrio entre empleadores y trabajadores. Además, sostiene que algunas disposiciones podrían contradecir convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) con jerarquía constitucional.
Desde el consejo directivo de la central sindical señalaron que la vía judicial busca “resguardar derechos históricos” y evitar que se consoliden cambios que consideran regresivos. En paralelo, no descartan profundizar medidas gremiales si la Justicia no hace lugar al planteo.
Respuesta del Gobierno
Desde el oficialismo defendieron la reforma como una herramienta necesaria para dinamizar el mercado laboral y reducir la informalidad. Voceros del Ejecutivo insistieron en que las modificaciones buscan generar incentivos para la contratación y fomentar la inversión privada.
Sin embargo, especialistas en derecho laboral advierten que el debate excede lo técnico y se inscribe en una discusión más amplia sobre el modelo de relaciones laborales que el país pretende consolidar.
Un conflicto que se traslada a los tribunales
El pedido de inconstitucionalidad abre ahora un nuevo capítulo en la disputa entre el Gobierno y el movimiento obrero. La resolución judicial podría tener impacto directo en la aplicación de la reforma y en el clima político y social de los próximos meses.
Mientras tanto, la discusión sobre el alcance de los cambios laborales continúa instalada en la agenda pública, en un escenario de tensión entre la búsqueda de flexibilización que impulsa el Ejecutivo y la defensa de derechos adquiridos que enarbola el sindicalismo.
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