La intervención del banco digital, vinculado empresarialmente al entorno del presidente, desató una crisis financiera e institucional. La oposición anunció que promoverá la destitución de Peña y del vicepresidente Pedro Alliana. El mandatario pidió la renuncia del titular del Banco Central y acordó con el Congreso un proyecto para garantizar los depósitos. Por ahora, no presentó su dimisión.
La crisis financiera desatada por la intervención de Ueno Bank abrió uno de los momentos más delicados de la presidencia de Santiago Peña en Paraguay. La oposición anunció que impulsará un juicio político contra el mandatario y su vicepresidente, Pedro Alliana, mientras crecen los cuestionamientos por los vínculos entre el Gobierno, el grupo empresario propietario de la entidad y las autoridades encargadas de supervisar el sistema financiero.
La posibilidad de una salida anticipada de Peña comenzó a instalarse en el debate político, aunque es importante precisar que el presidente no anunció su renuncia. Lo que está en marcha es una ofensiva parlamentaria de sectores opositores que buscan reunir los votos necesarios para promover su destitución mediante un juicio político.
El detonante fue la decisión del Banco Central del Paraguay (BCP) de iniciar un procedimiento de resolución sobre Ueno Bank, luego de comprobar que su índice de solvencia había caído por debajo del mínimo exigido por la legislación. La medida implica que el organismo regulador toma el control de la entidad para proteger los depósitos, evaluar sus activos y determinar cómo se atenderán las obligaciones con clientes y acreedores.
La intervención dejó a millones de usuarios sin acceso inmediato a sus cuentas y servicios, y puso en el centro de la discusión el destino de cientos de millones de dólares en fondos públicos depositados en el banco. <Cite refs={[«turn522667news12″,»turn522667search1″,»turn522667search5»]}/>
La oposición quiere llevar a Peña al juicio político
Este martes 3 de noviembre, senadores de la oposición anunciaron que promoverán un juicio político contra Santiago Peña y Pedro Alliana por presunto mal desempeño de sus funciones. La iniciativa fue comunicada por referentes del denominado Bloque Democrático, entre ellos Esperanza Martínez, Yolanda Paredes y Rafael Filizzola.
Los cuestionamientos apuntan a la relación entre el Gobierno y el grupo empresario que controla Ueno Bank, así como al manejo de recursos públicos depositados en la entidad. Entre los fondos mencionados se encuentran los del Instituto de Previsión Social (IPS), organismo que administra el sistema de seguridad social paraguayo.
Los legisladores también anunciaron que presentarán una denuncia ante el Ministerio Público para que se investiguen las posibles responsabilidades de las autoridades del Banco Central en el ejercicio de sus funciones de regulación, fiscalización y supervisión.
El planteo opositor deberá atravesar un procedimiento constitucional. El artículo 225 de la Constitución paraguaya establece que la Cámara de Diputados debe formular la acusación por una mayoría de dos tercios de sus miembros. Si esa instancia prospera, el Senado actúa como tribunal y puede disponer la destitución del funcionario acusado.
Por lo tanto, el anuncio político no equivale a una destitución ni significa que la salida del presidente sea inminente. Para que el juicio político avance, la oposición necesita reunir una mayoría parlamentaria calificada en Diputados y luego sostener la acusación ante el Senado. <Cite refs={[«turn522667search1″,»turn522667search3»]}/>
El vínculo entre el presidente y el banco intervenido
Uno de los aspectos más sensibles del caso es la relación previa de Santiago Peña con el Grupo Vázquez, conglomerado empresarial propietario de Ueno Bank.
Peña fue socio comercial del grupo hasta marzo de 2025. El mandatario, sin embargo, ha sostenido que no fue accionista ni inversor directo del banco. Esa relación empresarial previa quedó bajo escrutinio público, especialmente después de que se conociera que la entidad había recibido importantes depósitos de organismos estatales.
Otro punto cuestionado es la trayectoria de Carlos Carvallo, presidente del Banco Central. Antes de llegar a la conducción de la autoridad monetaria, Carvallo había estado al frente de una versión anterior de Ueno. Su nombramiento ya había despertado críticas por un posible conflicto de intereses.
El Banco Central había defendido que Carvallo se apartó de las deliberaciones relacionadas con la entidad financiera y que no existía incompatibilidad en su actuación. Sin embargo, el agravamiento de la situación terminó colocando a la conducción del organismo en el centro de las responsabilidades políticas. <Cite refs={[«turn522667search4″,»turn522667search6»]}/>
Renunció el titular del Banco Central, pero seguirá durante el proceso
En medio de la crisis, Peña solicitó la renuncia de Carlos Carvallo al frente del Banco Central. El funcionario confirmó que presentó su dimisión, aunque explicó que permanecerá en el cargo durante el procedimiento de resolución de Ueno Bank para garantizar la continuidad de las tareas regulatorias.
Carvallo sostuvo que su salida permitirá que el Banco Central y la Superintendencia de Bancos desarrollen sus funciones sin que las controversias políticas y mediáticas interfieran en el proceso.
El presidente, por su parte, acordó con los titulares de ambas cámaras del Congreso acelerar el tratamiento de un proyecto de ley que habilite el uso del Fondo de Garantía para iniciar los pagos a los ahorristas. La iniciativa también busca garantizar la devolución de los fondos públicos y de los recursos pertenecientes al IPS y a otras cajas jubilatorias estatales.
El Gobierno intenta así mostrar que la prioridad es proteger a los depositantes y evitar que el problema de una entidad se convierta en una crisis generalizada del sistema financiero. <Cite refs={[«turn522667search0″,»turn522667search2″,»turn522667search5»]}/>
Millones de clientes y fondos públicos en riesgo
Ueno Bank es una de las entidades digitales de mayor expansión en Paraguay. Según las informaciones difundidas por agencias internacionales, cuenta con alrededor de tres millones de clientes y administra entre 800 y 850 millones de dólares en fondos públicos.
Uno de los puntos más delicados es la exposición del Instituto de Previsión Social. Las cifras difundidas por distintas fuentes varían, pero se ubican en varios cientos de millones de dólares. También hay unos 32.000 jubilados que utilizan la entidad para cobrar sus haberes.
El Banco Central explicó que el procedimiento de resolución busca proteger los depósitos y evitar un efecto contagio sobre el resto del sistema financiero. La garantía de depósitos contempla una cobertura de hasta 228 millones de guaraníes por persona, equivalente a unos 38.000 dólares según las cotizaciones informadas por la prensa internacional.
Sin embargo, la recuperación de los montos que superen esa cobertura dependerá del resultado del procedimiento y de la situación patrimonial que determinen los interventores. La incertidumbre afecta especialmente a quienes tienen saldos superiores al límite garantizado y a los organismos públicos con fondos depositados en la entidad. <Cite refs={[«turn522667news12″,»turn522667search1″,»turn522667search6»]}/>
El oficialismo busca contener la crisis
Mientras la oposición avanza con el anuncio del juicio político, el oficialismo intenta separar las responsabilidades del Poder Ejecutivo de las que corresponden al Banco Central, organismo que cuenta con autonomía institucional.
El presidente del Congreso, Basilio Núñez, descartó por el momento que existan causales suficientes para impulsar un juicio político contra Peña y Alliana. Sin embargo, reclamó la renuncia de las autoridades del Banco Central y exigió una respuesta rápida para los ahorristas que no pueden disponer de su dinero.
La posición de Núñez refleja una de las tensiones centrales de la crisis: el Gobierno necesita evitar que el caso se transforme en una responsabilidad política directa del presidente, mientras la oposición sostiene que los vínculos empresariales y el manejo de los fondos públicos justifican investigar la conducta del Ejecutivo.
El Partido Colorado, al que pertenece Peña, mantiene una posición parlamentaria decisiva. Esa fortaleza legislativa constituye un obstáculo para que la oposición consiga los dos tercios necesarios para avanzar con la acusación. <Cite refs={[«turn522667search7″,»turn522667search3″,»turn522667search5»]}/>
¿Puede renunciar Santiago Peña?
La renuncia presidencial es una posibilidad que aparece en el debate político, pero no debe confundirse con el proceso de juicio político anunciado por la oposición. Hasta el momento, no hay un anuncio formal de dimisión ni una confirmación de que Peña esté preparando su salida del Gobierno.
La alternativa que se discute institucionalmente es la destitución mediante el procedimiento previsto en la Constitución. Para ello, la oposición debe superar primero el filtro de la Cámara de Diputados y luego obtener una decisión favorable del Senado. La mayoría oficialista convierte ese camino en una posibilidad políticamente compleja.
La crisis, no obstante, golpea un aspecto central de la gestión de Peña: la confianza en las instituciones económicas y en los mecanismos de control del Estado. La intervención de un banco con millones de clientes, la presencia de fondos públicos en la entidad y los vínculos empresariales previos del presidente abrieron interrogantes que exceden el funcionamiento de una institución financiera.
El desenlace dependerá de varios factores: la recuperación de los depósitos, la investigación sobre las operaciones del banco, las responsabilidades de los organismos de control y la capacidad de la oposición para transformar sus denuncias en una mayoría parlamentaria.
Por ahora, Paraguay enfrenta una crisis financiera con consecuencias políticas todavía imprevisibles. Santiago Peña no renunció, pero el pedido de juicio político coloca a su gobierno ante una de las pruebas institucionales más importantes desde que asumió la Presidencia en agosto de 2023.
