Una jueza federal ordenó el viernes al Gobierno de Trump detener su reciente campaña de presión contra funcionarios electorales de todo el país.
La jueza federal de distrito Trina Thompson afirmó en su fallo: “Aunque los demandados sostienen que sus acciones tienen como objetivo impedir el voto ilegal de personas que no son ciudadanas, es probable que esas acciones interfieran en la gestión del proceso electoral y priven del derecho al voto a votantes que están habilitados para ejercerlo”.
Según el fallo, los departamentos de Justicia y Seguridad Nacional no pueden exigirles a las autoridades electorales de ningún estado que aparten determinadas papeletas, eliminen votantes de los padrones electorales o suspendan el procesamiento de votos. La jueza Thompson también prohibió las amenazas de iniciar procesos penales contra funcionarios electorales.
