La Corte Suprema de Justicia de la Nación instó al Gobierno nacional a presentar antes del 10 de junio una propuesta concreta para saldar la deuda que mantiene con la provincia de Buenos Aires por más de $2,3 billones, en el marco de una audiencia en la que participó el gobernador Axel Kicillof.
El encuentro fue el segundo convocado por el máximo tribunal para abordar el reclamo vinculado a los fondos que la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) debe transferir a la Provincia por las cajas jubilatorias no transferidas al sistema nacional.
“Logramos un compromiso: el Ministerio de Economía de la Nación y ANSES deberán traer una propuesta concreta de pago, algo que venimos solicitando hace más de dos años”, señaló Kicillof tras la audiencia, de la que también participaron el ministro de Economía bonaerense, Pablo López, y el asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel.
El reclamo se originó a partir de la suspensión de las transferencias que, por ley, ANSES debe realizar a las provincias que conservan sus sistemas previsionales propios. En el caso bonaerense, esa interrupción derivó en una acumulación de deuda que ahora es objeto de discusión judicial.
Según explicó el mandatario, el conflicto forma parte de un escenario más amplio. “La Provincia tiene en total ocho reclamos presentados ante la Corte Suprema por distintas deudas que superan los $15 billones, una cifra que representa aproximadamente un tercio del presupuesto anual”, sostuvo.
Kicillof también vinculó la situación con el contexto económico general y las políticas del Gobierno nacional. “Se ha generado una fuerte presión sobre las provincias y municipios, con recortes de fondos y medidas que incrementaron las necesidades sociales”, afirmó.
Además del reclamo previsional, la Provincia mantiene demandas por la eliminación o reducción de distintos fondos nacionales, entre ellos los destinados a seguridad, transporte, salarios docentes y programas ambientales, así como por el incumplimiento de acuerdos fiscales previos.
La audiencia dejó abierto un nuevo plazo y trasladó la discusión a una instancia clave: la presentación que deberá realizar el Gobierno nacional en junio, en un conflicto que combina tensiones fiscales, jurídicas y políticas entre la Nación y la principal provincia del país.
Fuente: información oficial, con elaboración propia.
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