El Tribunal Oral Federal de Santa Cruz condenó al excapitán de navío Claudio Villamide a tres años de prisión en suspenso por estrago culposo e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Los familiares de las 44 víctimas cuestionaron el fallo y anticiparon nuevas apelaciones.
El juicio por el hundimiento del submarino ARA San Juan, una de las mayores tragedias de la historia reciente de la Argentina, llegó a su primera sentencia judicial luego de más de cuatro meses de audiencias y casi nueve años después del naufragio que provocó la muerte de sus 44 tripulantes.
El Tribunal Oral Federal de Santa Cruz resolvió condenar al excapitán de navío Claudio Villamide, quien al momento de los hechos era comandante de la Fuerza de Submarinos de la Armada Argentina, a tres años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial por seis años por los delitos de estrago culposo agravado por la muerte de 44 personas e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La condena fue dictada por mayoría y, al tratarse de una pena en suspenso, no implica prisión efectiva.
En cambio, el tribunal absolvió por unanimidad al excontralmirante Luis Enrique López Mazzeo, al excapitán de navío Héctor Alonso y al excapitán de fragata Hugo Correa, quienes también habían llegado al juicio como responsables de distintas áreas operativas y de mantenimiento de la Fuerza de Submarinos.
El ARA San Juan desapareció el 15 de noviembre de 2017, cuando navegaba desde Ushuaia hacia Mar del Plata. A bordo viajaban 44 tripulantes. La intensa búsqueda movilizó durante semanas a numerosos países, mientras el país seguía minuto a minuto las esperanzas de hallar sobrevivientes.
Un año más tarde, el submarino fue localizado a más de 900 metros de profundidad en el Atlántico Sur, confirmándose la muerte de toda su tripulación. La investigación posterior determinó que antes de perder contacto se habían reportado una filtración de agua, un cortocircuito y un principio de incendio en el sistema de baterías, circunstancias que fueron parte del análisis desarrollado durante el juicio.
El proceso oral se desarrolló durante más de cuatro meses en Río Gallegos y comprendió más de 30 audiencias, en las que declararon decenas de testigos y especialistas.
La fiscalía sostuvo que el hundimiento fue una «tragedia previsible», producto de deficiencias en el mantenimiento, decisiones operativas cuestionadas y una respuesta insuficiente frente a las alertas técnicas registradas antes de la desaparición del submarino.
Sin embargo, el tribunal limitó la responsabilidad penal a Villamide y descartó las acusaciones contra los otros tres oficiales.
El fallo provocó reacciones inmediatas entre las querellas que representan a los familiares de los 44 marinos.
Las abogadas Valeria Carreras y Lorena Arias valoraron que por primera vez la Justicia reconociera responsabilidades penales por la tragedia, aunque manifestaron su «impotencia» frente a las absoluciones de los otros imputados.
Más crítico fue Luis Tagliapietra, padre de Alejandro Tagliapietra —uno de los tripulantes fallecidos— y abogado querellante, quien calificó el proceso como «una farsa» y cuestionó que el tribunal no hubiera profundizado la investigación sobre las responsabilidades superiores dentro de la cadena de mando. También anticipó que continuará impulsando recursos judiciales una vez que se conozcan los fundamentos completos de la sentencia.
Desde la otra vereda, el abogado defensor de Claudio Villamide, Juan Pablo Vigliero, sostuvo que su cliente fue convertido en un «chivo expiatorio» y anunció que apelará la condena.
«Ninguna tragedia puede repararse con una condena construida sobre conjeturas», afirmó el letrado al cuestionar la valoración de las pruebas realizada por el tribunal.
El fallo no pone fin al proceso judicial. Los fundamentos completos de la sentencia serán dados a conocer en las próximas semanas y, recién entonces, tanto las querellas como la fiscalía y la defensa podrán presentar las apelaciones correspondientes.
Para los familiares de las víctimas, la resolución representa un reconocimiento parcial de responsabilidades, pero deja abierta la discusión sobre el alcance de las decisiones que condujeron a una tragedia que conmocionó al país y que sigue siendo una herida abierta en la historia reciente de la Argentina.
