La reciente Resolución General 5835/2026 de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) encendió señales de alarma en el sector de las estaciones de servicio. Empresarios advierten que la medida introduce nuevas cargas operativas y fiscales que podrían alterar el funcionamiento habitual de la actividad y anticipan una posible ofensiva judicial para frenar su aplicación.
La norma establece, entre otros puntos, la obligación de realizar ensayos en cada recepción de combustibles y suma responsabilidades vinculadas al control del destino de productos alcanzados por beneficios impositivos. En la práctica, esto implica una ampliación del rol de los operadores, que dejarían de limitarse a la comercialización para asumir tareas cercanas a la fiscalización.
Desde la Federación que nuclea a los expendedores, su presidente, Juan Carlos Basilico, confirmó que la entidad analiza avanzar con una presentación ante la Justicia. La decisión surge luego de un análisis legal interno que, según indicaron, plantea dudas sobre la constitucionalidad de la resolución.
“El organismo recaudador no puede transferir a los privados funciones que le son propias”, sostuvo el asesor letrado de la entidad, Fabián Tobalo. El especialista consideró que la medida configura una “delegación inapropiada del poder de policía tributaria”, al imponer obligaciones activas de control sin un respaldo legal suficiente.
En ese sentido, advirtió que la resolución podría entrar en tensión con garantías constitucionales. Por un lado, mencionó el artículo 17 de la Constitución Nacional, al entender que se trasladan costos y responsabilidades sin una ley que los sustente. Por otro, señaló posibles afectaciones al artículo 18, vinculado al debido proceso.
Más allá del plano jurídico, el sector también advierte sobre el impacto concreto en la operatoria diaria. “Esto no solo genera más carga administrativa, sino que introduce riesgos para el funcionamiento cotidiano. Los nuevos controles pueden derivar en demoras, mayores costos y exposición a sanciones por cuestiones que no dependen exclusivamente del estacionero”, explicó Basilico.
El dirigente fue categórico respecto del camino a seguir: “Vamos a ir a la Justicia porque entendemos que esta resolución excede las facultades del organismo. Nos están colocando en un rol que no corresponde, transfiriendo responsabilidades que son indelegables del Estado”.
Mientras tanto, el conflicto comienza a escalar y suma un nuevo capítulo a la discusión sobre los límites entre control estatal y responsabilidad privada en el sector energético.
Fuente: Surtidores, con elaboración propia.
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