El secretario de Coordinación de Infraestructura del Ministerio de Economía, Carlos María Frugoni, renunció a su cargo luego de que se conociera que había omitido declarar al menos siete propiedades en Estados Unidos en sus declaraciones juradas oficiales.
La dimisión fue aceptada por el ministro de Economía, Luis Caputo, en medio de la repercusión política y mediática que generó el caso.
La polémica se originó a partir de una investigación periodística que reveló que Frugoni poseía departamentos en Miami, adquiridos a través de sociedades en el exterior, que no habían sido informados ni ante la Oficina Anticorrupción ni ante los organismos fiscales argentinos.
Además de los inmuebles, también se detectaron sociedades comerciales no declaradas, lo que amplió las sospechas sobre su situación patrimonial.
El propio exfuncionario reconoció la omisión y la atribuyó a un “error”, aunque el caso derivó en denuncias judiciales por presunto enriquecimiento ilícito y omisión maliciosa en la declaración de bienes.
La renuncia se produjo en un contexto de fuerte presión pública y política. Mientras desde el Gobierno se indicó que Frugoni “decidió dar un paso al costado”, otras versiones señalaron que se trató de un desplazamiento tras conocerse los detalles del caso.
El área que encabezaba —infraestructura— tiene un rol clave dentro del Ministerio de Economía, ya que interviene en licitaciones y proyectos de obra pública.
Tras la salida de Frugoni, el Gobierno avanzó en la designación de un reemplazo para garantizar la continuidad del área.
El caso se suma a una serie de cuestionamientos sobre declaraciones juradas y transparencia en la función pública, en un contexto donde el control patrimonial de los funcionarios vuelve a ocupar un lugar central en la agenda política.
La obligación de declarar bienes y activos, tanto en el país como en el exterior, es uno de los principales mecanismos de control sobre los funcionarios públicos.
Cuando se detectan omisiones o inconsistencias, pueden derivar en investigaciones judiciales y sanciones administrativas, además del impacto político.
La renuncia de Frugoni vuelve a poner en discusión los sistemas de control y la transparencia en la gestión pública.
Fuente: medios nacionales y agencias, con elaboración propia.
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