La investigación sobre el patrimonio y el nivel de gastos del jefe de Gabinete del gobierno de Javier Milei sumó en los últimos días nuevos elementos que profundizan las dudas sobre el origen de los fondos utilizados para sostener un estilo de vida de alto costo desde su llegada a la función pública.
El pasado 13 de mayo declaró como testigo José Luis Rodríguez, vecino y ex arrendador de una propiedad ubicada en el exclusivo country Indio Cua Golf Club. Según trascendió, Rodríguez aseguró ante la Justicia que Adorni alquiló su vivienda durante 18 meses por un total de 21 mil dólares, abonados íntegramente en efectivo.
La declaración se incorporó a una investigación que ya venía creciendo tras el testimonio del contratista Tabar, encargado de las refacciones de la propiedad adquirida por el funcionario en ese mismo country. Allí se había señalado que el entonces vocero presidencial permaneció varios meses alquilando mientras avanzaban las obras de remodelación de su nueva casa.
Un alquiler que se extendió mientras crecían las obras
De acuerdo a la información incorporada a la causa, la familia habría alquilado inicialmente la vivienda entre enero y febrero de 2024, por unos 5.600 dólares. Ese contrato no quedó bajo análisis judicial debido a que el acuerdo habría sido firmado en octubre de 2023, antes de asumir funciones en el gobierno nacional.
Sin embargo, en marzo de 2024 se habría concretado un nuevo alquiler por 13 meses, coincidiendo con el inicio de las reformas de la propiedad adquirida en Indio Cua. Posteriormente, debido a retrasos en la obra, el alquiler se extendió tres meses más, sumando otros 2.400 dólares.
Uno de los aspectos que más llamó la atención de los investigadores es que todos los pagos se habrían realizado en efectivo y sin recibos formales. No obstante, el propietario de la vivienda aportó conversaciones de WhatsApp mantenidas con Adorni, material que habría sido incorporado como prueba.
La polémica por la “cascada” y las refacciones millonarias
La causa volvió a tomar notoriedad pública semanas atrás cuando trascendieron detalles sobre las costosas reformas realizadas en la propiedad del country, incluyendo la construcción de una cascada ornamental y otros trabajos de alta gama.
Según distintas publicaciones periodísticas, las remodelaciones habrían alcanzado una cifra cercana a los 245 mil dólares. Ese monto se suma a la compra de la vivienda —estimada en alrededor de 100 mil dólares— y a otros gastos vinculados a viajes y propiedades.
Distintos sectores opositores y especialistas en transparencia comenzaron entonces a poner el foco en la relación entre esos gastos y los ingresos declarados por el funcionario.
Un patrimonio bajo la lupa
De acuerdo a la última declaración jurada difundida públicamente, presentada a fines de 2024, Adorni habría declarado bienes y ahorros equivalentes a unos 48 mil dólares. Sin embargo, distintas estimaciones periodísticas calculan que entre compras inmobiliarias, remodelaciones, alquileres y viajes los gastos realizados durante el último tiempo superarían ampliamente los 480 mil dólares.
Entre los montos mencionados aparecen:
- Compra de propiedades y gastos de ingreso al country: aproximadamente 185 mil dólares.
- Refacciones en Indio Cua: cerca de 245 mil dólares.
- Viajes al exterior, incluyendo Aruba y Punta del Este: más de 27 mil dólares.
- Viaje a Bariloche: unos 6 mil dólares.
- Alquileres temporarios: 21 mil dólares.
A eso se sumarían compromisos financieros y deudas hipotecarias que, según distintas reconstrucciones periodísticas, superarían los 300 mil dólares.
Repercusiones políticas y pedido de explicaciones
La controversia creció aún más luego de que la ministra Patricia Bullrich solicitara públicamente que Adorni presentara “de inmediato” su declaración jurada actualizada, en medio de la creciente presión política y mediática.
El tema ya genera debates dentro del propio oficialismo y volvió a poner en discusión los mecanismos de control patrimonial sobre los altos funcionarios nacionales, especialmente en un gobierno que hizo de la austeridad y el ajuste una de sus principales banderas discursivas.
Mientras tanto, desde distintos sectores de la oposición reclaman una investigación exhaustiva para determinar si existe correspondencia entre los ingresos declarados y el nivel de gastos atribuidos al funcionario.
