La masiva movilización universitaria que se realizó esta semana en Plaza de Mayo y en distintas ciudades del país volvió a poner en el centro de la escena el conflicto entre las universidades nacionales y el gobierno de Javier Milei. Rectores, docentes, investigadores, estudiantes y trabajadores no docentes reclamaron el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y denunciaron el deterioro presupuestario que atraviesa el sistema público de educación superior.
La protesta se replicó en todo el territorio nacional y tuvo expresiones en ciudades universitarias de Buenos Aires, Córdoba, Rosario, La Plata, Mar del Plata, Tandil, Azul y Bahía Blanca, entre muchas otras. Según estimaciones del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), más de un millón y medio de personas participaron de las movilizaciones en todo el país.
Durante el acto central en Plaza de Mayo, las autoridades universitarias reclamaron que el Ejecutivo nacional cumpla con la ley aprobada por el Congreso y respaldada posteriormente por fallos judiciales. El presidente del CIN, Franco Bartolacci, sintetizó el reclamo con una frase que se repitió durante toda la jornada: “Cumplan con la ley”.
Qué reclama el sistema universitario
El eje del conflicto es la negativa del Gobierno nacional a aplicar plenamente la Ley de Financiamiento Universitario, una norma que establece mecanismos de actualización presupuestaria para garantizar el funcionamiento de las universidades nacionales y recomponer salarios docentes y no docentes frente a la inflación.
Desde las universidades sostienen que el presupuesto permanece muy por debajo de la inflación acumulada desde fines de 2023 y advierten que la situación pone en riesgo el funcionamiento académico, las tareas de investigación y la continuidad de miles de estudiantes.
Diversos informes citados durante la movilización señalaron que las transferencias nacionales al sistema universitario sufrieron una caída real cercana al 45% desde el inicio de la gestión libertaria.
A esto se suma el deterioro salarial del sector docente y no docente, uno de los puntos más sensibles del conflicto. Los gremios universitarios denuncian pérdidas de poder adquisitivo superiores al 50% y sostienen que cada vez más trabajadores de las universidades públicas quedan por debajo de la línea de pobreza.
La reacción del Gobierno de Milei
Mientras la movilización avanzaba hacia Plaza de Mayo, desde Casa Rosada buscaron minimizar el impacto político de la protesta y calificaron la convocatoria como una “marcha política” impulsada por sectores opositores.
Funcionarios del Gobierno sostuvieron además que la protesta tenía un “tinte electoralista” y cuestionaron la presencia de dirigentes sindicales y referentes políticos de la oposición.
Sin embargo, el reclamo reunió a sectores muy diversos del ámbito académico y científico, además de organizaciones sociales, sindicatos, referentes culturales y espacios de derechos humanos. Incluso artistas y personalidades públicas expresaron su apoyo a la defensa de la universidad pública.
En paralelo, el Gobierno avanzó en nuevos recortes presupuestarios sobre universidades y organismos científicos, una decisión que profundizó aún más el conflicto.
La disputa judicial y el rol de la Corte Suprema
El conflicto ya ingresó además en una etapa judicial. La Corte Suprema de Justicia quedó en condiciones de resolver si el Estado nacional debe cumplir efectivamente con la Ley de Financiamiento Universitario.
Diversos fallos previos señalaron que la negativa del Ejecutivo a aplicar la norma podría afectar derechos fundamentales vinculados al acceso a la educación y vulnerar el principio de división de poderes, al desconocer una ley aprobada por el Congreso.
En este contexto, las universidades anticiparon que continuarán con clases públicas, jornadas de visibilización y nuevas medidas de protesta si no aparecen respuestas concretas del Gobierno nacional. La defensa de la universidad pública volvió así a ocupar las calles argentinas, en uno de los conflictos sociales y políticos más importantes del último tiempo.
