El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se reunió ayer con intendentes e intendentas que participaron de la presentación de un reclamo formal ante el Ministerio de Capital Humano por la deuda que el Gobierno nacional mantiene en materia de asistencia alimentaria. El encuentro se realizó en la sede de la Federación Argentina de Municipios (FAM), en la Ciudad de Buenos Aires.
Acompañado por la vicegobernadora Verónica Magario; el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque; y el presidente de la FAM e intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, el mandatario provincial puso el foco en el impacto social de los recortes.
“El Gobierno nacional no puede hacerse más el distraído: al mismo tiempo que provoca una crisis económica muy profunda, recorta presupuestos en asistencia alimentaria y otras áreas muy sensibles”, sostuvo Kicillof. Y añadió: “Las consecuencias de estas políticas se están descargando sobre las provincias y los municipios”.
El reclamo conjunto apunta a una deuda superior a los 220.000 millones de pesos vinculada principalmente al Servicio Alimentario Escolar (SAE), uno de los pilares de la contención social en la provincia. Actualmente, este programa alcanza a más de 2,5 millones de estudiantes bonaerenses con prestaciones que incluyen desayuno, almuerzo y merienda.
En esa línea, el gobernador remarcó el rol de los gobiernos locales: “Si la Argentina hoy no está atravesando una situación aún más crítica, es por el trabajo de contención que realizan los intendentes en cada distrito”.
Por su parte, la vicegobernadora Verónica Magario señaló que la situación “es crítica para miles de familias” y reclamó que la Nación “cumpla con los recursos que adeuda a la provincia”.
El documento presentado por los jefes comunales solicita, además del pago de la deuda, la actualización de los montos asignados al SAE y la incorporación de financiamiento para el programa MESA, otra herramienta clave en la asistencia alimentaria.
El ministro Andrés Larroque, uno de los impulsores del reclamo, fue enfático al describir el contexto: “Estamos frente a una demanda creciente, con inflación alta y recursos nacionales que no acompañan. La Provincia está sosteniendo el sistema con un esfuerzo cada vez mayor”.
En efecto, ante la caída del aporte nacional —que históricamente representaba una porción significativa del financiamiento— la Provincia de Buenos Aires incrementó un 30% la inversión en el SAE, alcanzando un presupuesto anual que supera los 553.000 millones de pesos.
Desde el oficialismo bonaerense insisten en que la situación no es solo administrativa, sino social: el deterioro del poder adquisitivo, la suba de precios en alimentos y el aumento de la demanda en comedores y programas comunitarios configuran un escenario de presión creciente.
Para ampliar este tema, podés leer también en nuestro sitio:
- El reclamo de los intendentes por la deuda alimentaria
- El impacto del ajuste en los programas sociales en la provincia
Fuente: Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y Municipalidad de Azul, con elaboración propia.
