La diputada nacional por Río Negro, Lorena Villaverde, quedó nuevamente en el centro de un conflicto judicial luego de que la Justicia ordenara un embargo preventivo por más de 31 millones de pesos en el marco de una demanda por presuntas irregularidades en la venta de terrenos en la costa rionegrina.
La medida surge de una causa civil iniciada por un comprador que denunció incumplimientos en la entrega de un lote adquirido en la zona de Las Grutas–San Antonio Oeste, en un desarrollo inmobiliario vinculado a la legisladora. Según el demandante, pese a haber firmado el boleto de compraventa y realizar los pagos correspondientes, nunca recibió la posesión del terreno ni se concretaron las obras comprometidas en el emprendimiento.
La demanda fue presentada bajo el marco de daños y perjuicios y la ley de Defensa del Consumidor, y derivó en una medida cautelar que ordena retener fondos de la diputada hasta cubrir el monto reclamado. La causa se tramita en tribunales de la provincia de Río Negro y podría ampliarse si el proceso judicial avanza y se confirman los perjuicios denunciados.
Un conflicto judicial que suma antecedentes
No se trata del primer conflicto judicial que enfrenta Villaverde por emprendimientos inmobiliarios en la región. En otros expedientes vinculados a loteos en la costa rionegrina también se registraron reclamos de compradores que aseguran haber pagado terrenos que no fueron entregados o que carecen de la infraestructura prometida.
En uno de esos casos, un juez civil de Bariloche ordenó incluso embargar el sueldo y el aguinaldo de la diputada para cubrir una demanda que superaba los 40 millones de pesos, también relacionada con la venta de un lote que nunca habría sido entregado al comprador.
Impacto político
Villaverde integra el bloque de diputados de La Libertad Avanza en el Congreso nacional. Las causas judiciales abiertas en su contra vuelven a generar polémica en torno a su actividad empresarial previa a su llegada a la política y a la situación de los desarrollos inmobiliarios cuestionados en la costa de Río Negro.
Mientras tanto, el proceso judicial continúa en los tribunales provinciales y será la Justicia la que determine finalmente si existió incumplimiento contractual y cuál será el monto definitivo de las responsabilidades económicas.
