El máximo tribunal dejó firme la medida cautelar que obliga al Estado nacional a aplicar los artículos centrales de la Ley de Financiamiento Universitario. La resolución representa un respaldo al reclamo de la comunidad universitaria, que desde hace meses denuncia el desfinanciamiento del sistema público de educación superior.
En un fallo de fuerte impacto para el sistema universitario argentino, la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó el recurso presentado por el Poder Ejecutivo y dejó firme la medida cautelar que obliga al Estado nacional a cumplir de manera inmediata los artículos 5° y 6° de la Ley de Financiamiento Universitario (LFU).
La decisión judicial implica que el Gobierno deberá avanzar con la actualización de los salarios de docentes y trabajadores no docentes de las universidades nacionales, además de recomponer los montos de las becas estudiantiles, tal como establece la norma sancionada por el Congreso.
La Ley de Financiamiento Universitario fue aprobada hace 247 días como respuesta a la crisis presupuestaria que atraviesan las universidades públicas desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei. Posteriormente, el Congreso ratificó la norma al reunir los dos tercios de los votos necesarios en ambas cámaras para rechazar el veto presidencial.
Sin embargo, el Poder Ejecutivo suspendió su aplicación, lo que dio origen a una extensa disputa judicial. La medida cautelar había sido favorable a las universidades tanto en primera como en segunda instancia, y ahora quedó firme tras la decisión del máximo tribunal.
Un conflicto atravesado por la movilización
La resolución de la Corte llega luego de meses de protestas encabezadas por docentes, no docentes, estudiantes y autoridades universitarias de todo el país.
Durante el conflicto se realizaron paros nacionales, clases públicas, carpas universitarias y cuatro Marchas Federales Universitarias, que reunieron a más de un millón de personas en distintas ciudades argentinas para reclamar por el financiamiento de la educación superior y la recuperación del poder adquisitivo de los salarios.
Desde los gremios docentes interpretaron el fallo como un respaldo a esos reclamos.
La secretaria general de la CONADU, Clara Chevalier, sostuvo que «al Gobierno nacional ya no le quedan excusas» y afirmó que incluso la Corte Suprema resolvió a favor de una medida cautelar que obliga al Ejecutivo a recomponer salarios y becas.
«Sabemos que los tiempos de la Corte no son ajenos al clima político, por eso reivindicamos este fallo también como producto de la lucha articulada de toda la comunidad universitaria. No vamos a bajar los brazos hasta que el Gobierno cumpla la ley», expresó la dirigente sindical.
Un nuevo escenario
La decisión de la Corte Suprema abre un nuevo escenario en el conflicto entre el Gobierno nacional y las universidades públicas. Si bien el fallo no resuelve el debate de fondo sobre la constitucionalidad de la ley, sí obliga al Estado a cumplir de manera inmediata las disposiciones cautelares mientras continúa el proceso judicial.
Para las universidades nacionales, el pronunciamiento representa un paso importante en la defensa del financiamiento del sistema público de educación superior, en un contexto marcado por la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, la reducción del presupuesto y el deterioro de las condiciones de funcionamiento de las instituciones académicas.
