El ex presidente del GEN Azul salió de la Unidad Penal 2 de Sierra Chica luego de que familiares aportaran escrituras de propiedades y se formalizaran embargos sobre vehículos. Continúa imputado por ocho presuntas estafas, cuyo perjuicio total fue estimado en unos 100.000 dólares.
Rodrigo David Santamaría Martini recuperó la libertad este jueves, luego de que se hiciera efectiva la caución real de 120 millones de pesos que le había impuesto el juez de Garantías Federico Barberena como condición para concederle la excarcelación.
La decisión fue adoptada por el titular del Juzgado de Garantías N° 2, después de recibir las escrituras de los inmuebles ofrecidos como parte de la garantía y de que se formalizaran los embargos sobre vehículos automotores. De esta manera, el magistrado dispuso la inmediata libertad del ex presidente del GEN Azul, quien permanecía alojado en la Unidad Penal N° 2 de Sierra Chica.
La fianza había sido fijada el 21 de octubre, cuando Barberena hizo lugar al pedido de excarcelación presentado por la defensora oficial Adriana Hernández. En aquella resolución, el juez estableció que Santamaría podía recuperar la libertad mediante el depósito de 120 millones de pesos o la presentación de bienes que permitieran garantizar ese monto.
La alternativa patrimonial se puso en marcha días después, cuando familiares del imputado acercaron los títulos de dos propiedades. Para que esos bienes pudieran ser aceptados como garantía, debían cumplirse los requisitos judiciales correspondientes y acreditarse su valor y situación registral.
Las apelaciones siguen en la Cámara
La excarcelación no puso fin a la discusión judicial sobre las condiciones en que debía concretarse la libertad de Santamaría.
Por un lado, el fiscal David Carballo, titular de la UFI N° 2, apeló la decisión de Barberena y solicitó que se dejara sin efecto el beneficio. Entre sus argumentos, sostuvo que existían riesgos procesales que justificaban que el imputado continuara detenido. También hizo referencia a determinadas conductas que, según su interpretación, habría desplegado Santamaría antes de ser detenido.
La defensa oficial, por su parte, había recurrido la exigencia de la caución real. Hernández pretendía que la excarcelación se concretara sin una garantía económica o patrimonial o, subsidiariamente, que se redujera el monto fijado. Sin embargo, la defensora había anticipado que desistiría de ese planteo si su asistido conseguía integrar la fianza en los términos establecidos por el juez, como finalmente ocurrió.
De acuerdo con la información publicada por EL TIEMPO, el recurso presentado por la Fiscalía continúa pendiente de resolución ante la Cámara Penal departamental.
Ocho hechos y un perjuicio estimado en 100.000 dólares
Santamaría está imputado por ocho hechos de presunta estafa, en concurso real, en perjuicio de ocho denunciantes. La investigación, a cargo del fiscal Carballo, ubica las maniobras entre marzo de 2025 y septiembre de 2026.
Según la hipótesis de la acusación, el dirigente político habría ofrecido a distintas personas realizar inversiones en pesos y dólares, con la promesa de obtener rendimientos económicos periódicos. Los denunciantes sostienen que entregaron dinero para esas operaciones y que luego no recibieron la devolución de los capitales ni las ganancias prometidas.
El perjuicio económico total fue estimado en alrededor de 100.000 dólares. Entre las personas que denunciaron figuran conocidos del imputado, un policía bonaerense retirado y una compañera de trabajo en el Concejo Deliberante. En el expediente también se incorporaron testimonios, comunicaciones y documentación vinculada con las entregas de dinero.
Las primeras denuncias fueron radicadas el 8 de octubre. Santamaría fue detenido el 15 de ese mes, durante un procedimiento realizado en un departamento del barrio Carús. Al ser indagado en los tribunales de Azul, se negó a declarar.
Qué implica la excarcelación
La recuperación de la libertad no modifica la condición procesal de Santamaría: continúa imputado y sometido a la investigación penal. La caución real tiene como finalidad garantizar que permanezca a disposición de la Justicia y no constituye, por sí misma, una devolución del dinero reclamado por las personas denunciantes.
Entre las obligaciones impuestas para mantener el beneficio figuran la prohibición de salir del país —por lo que debió entregar su pasaporte— y la restricción de mantener contacto con los ocho denunciantes. La resolución contempla una excepción para eventuales comunicaciones destinadas a alcanzar acuerdos de reparación, siempre que sean impulsadas por los propios damnificados y coordinadas por la Fiscalía.
Mientras la causa continúa su curso, la Cámara Penal deberá resolver el planteo de la Fiscalía contra la excarcelación. La investigación, entretanto, sigue procurando establecer el destino de los fondos entregados, si se realizaron efectivamente las inversiones ofrecidas y si hubo otras personas involucradas.
