Sectores sindicales combativos, nucleados en el Frente de Sindicatos Unidos (FreSu), junto a gremios alineados con las dos CTA y a la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Aceiteros, ATE y otros sindicatos, analizan llevar adelante un paro nacional de 36 horas con movilización en todo el país, en caso de que el Reforma Laboral de 2026 sea tratado en el Senado de la Nación Argentina. La jornada de protesta, que incluiría 24 horas de huelga más 12 de movilización, se propone iniciar a partir de las 12 horas del día anterior al debate parlamentario y continuar durante la discusión en la Cámara Alta.
La medida fue propuesta por dirigentes sindicales críticos de la conducción tradicional de la Confederación General del Trabajo (CGT), a quienes presionan para que se sumen a la protesta más contundente. Según fuentes gremiales, la intención es ejercer presión política y social antes de que el Senado vote el proyecto, previsto tentativamente para el viernes 27 de febrero, aunque la fecha final dependerá del cronograma parlamentario.
El FreSu, espacio que agrupa a sindicatos industriales y estatales, ya había anticipado previamente la necesidad de “escalar” el conflicto si el texto de reforma laboral continuaba su trámite sin cambios sustanciales. El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, sostuvo que la iniciativa “conduce a una catástrofe social” y que no alcanza con modificaciones parciales para evitar la profundización de un plan de lucha más amplio.
El debate sobre la reforma laboral se encuentra en plena dinámica parlamentaria tras haber recibido media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, donde fue aprobada por 135 votos a favor y 115 en contra, con el retiro de uno de los artículos más controvertidos que limitaba licencias médicas por enfermedad. El proyecto aún debe ser revisado y votado nuevamente por el Senado antes de convertirse en ley. La iniciativa propone ampliar la jornada laboral hasta 12 horas, disminuir el costo de despidos y reformar varias de las regulaciones tradicionales, lo que ha generado fuerte rechazo de los sindicatos y de la oposición política.
Desde distintos sectores gremiales se critica también la estrategia de la CGT, que tras convocar a una huelga general de 24 horas semanas atrás —que paralizó servicios y sectores productivos— ahora analiza otras formas de resistencia, incluida la posibilidad de recurrir a la Justicia para frenar la norma. Sin embargo, los sectores más combativos sostienen que un paro de 36 horas con movilización sería la forma más contundente de expresar el rechazo sindical frente a lo que consideran un ataque a los derechos laborales.
La posibilidad de que la reforma sea finalmente aprobada dependerá, entre otros factores, de que se logre el quórum en el Senado. En caso de no alcanzarse, la norma no podrá ser promulgada, aunque ese escenario parece remoto ante la adhesión de los bloques oficialistas.
El paro proyectado se suma a una serie de protestas y medidas de fuerza que han marcado el debate social y sindical en Argentina en las últimas semanas, incluyendo una huelga nacional de 24 horas que afectó el transporte, la industria y otros servicios en todo el país.
