El gobierno de Javier Milei enfrentó hoy un frente crítico desde la educación superior y la salud pública luego de vetar dos leyes recientemente sancionadas por el Congreso: la Ley de Financiamiento Universitario y la Ley de Emergencia Pediátrica, que incluía al Hospital Garrahan. Ambas iniciativas habían sido aprobadas con amplia mayoría en ambas Cámaras y recolectado el respaldo de rectores, sindicatos docentes y trabajadores del Garrahan, que ahora denuncian la decisión presidencial como un ataque a derechos básicos y a la institucionalidad.
La Ley de Financiamiento Universitario pretendía actualizar automáticamente los presupuestos de las universidades nacionales según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), con retroactividad, además de contemplar partidas de investigación, extensión y hospitales universitarios. Milei justificó el veto argumentando que la norma “presenta graves deficiencias en su financiamiento”, violando la Ley de Administración Financiera que exige especificación clara de fuentes para cualquier gasto no previsto.
Por su parte, la Ley de Emergencia Pediátrica buscaba reforzar presupuestariamente al Hospital Garrahan, con asignaciones para insumos críticos, recomposición salarial del personal de salud y medidas específicas para mejorar la atención pediátrica en todo el país. El veto presidencial eliminó estas disposiciones, señalando que el Garrahan ya cuenta con reconocimiento institucional suficiente, y que no sería necesario declararlo formalmente “centro de referencia nacional”, como obligaba la ley.
Trabajadores del Garrahan calificaron los vetos como “despiadados y crueles”. Desde la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) del hospital anunciaron paro desde las 7 de la mañana, movilización a Plaza de Mayo, y un “ruidazo” nacional para la noche, advirtiendo que no retrocederán ante la decisión del Ejecutivo.
Las universidades reaccionaron con intensas protestas: rectores, docentes, no docentes y estudiantes se movilizaron en distintas ciudades bajo la consigna de defender la universidad pública gratuita, la investigación y los salarios docentes que según denuncian, se encuentran por debajo de la línea de pobreza.
El Ejecutivo, en cambio, sostiene que mantener los vetos responde a su política de austeridad fiscal, equilibrio presupuestario y evitar una expansión del gasto que, según sostiene, no cuenta con fuente de financiamiento clara. Milei afirmó que “la economía tiene reglas: no se puede gastar más de lo que se ingresa” y defendió que este tipo de leyes, aunque impulsadas por gestos simbólicos o democráticos, resultan en promesas incumplibles.
Este escenario abre interrogantes sobre la relación entre poder legislativo y ejecutivo, la vigencia de los derechos sociales y el rol del Estado frente al reclamo popular. Universidades y Garrahan advierten que el veto no sólo afecta partidas presupuestarias sino también el compromiso del Estado con la ciencia, la salud pública y la igualdad educativa. Las movilizaciones anuncian que la oposición no será pasiva, y anticipan que el próximo desafío será si el Congreso logra el quórum para insistir con las leyes vetadas, enfrentando al presidente en uno de los momentos más tensos de su gestión.
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