Ángeles Ventimiglia, conocida como Angie, lleva 21 años de servicio en el cuerpo legislativo y trabaja bajo el régimen de la Ley Provincial 10.592, destinado a personas con discapacidad. Denunció ante la Fiscalía N.º 24 presuntos episodios de maltrato, aislamiento laboral y cambios en sus condiciones de trabajo. El conflicto tiene como antecedente una disputa por la cobertura de un cargo jerárquico.
Una trabajadora del Concejo Deliberante de Azul presentó una denuncia formal ante la Fiscalía N.º 24 de la ciudad por presuntos hechos de violencia laboral y discriminación. Se trata de Ángeles Ventimiglia, conocida como Angie, quien lleva 21 años desempeñándose en el área administrativa de la institución y reclama que se investiguen las situaciones que, según su testimonio, viene atravesando desde 2025.
De acuerdo con lo publicado por Noticias de Azul, la trabajadora ingresó al organismo bajo el régimen de la Ley Provincial N.º 10.592, que contempla medidas de protección e integración para las personas con discapacidad. Actualmente se encuentra de licencia y sostiene que las situaciones denunciadas han afectado tanto su vida laboral como personal.
Ventimiglia afirma que durante más de dos décadas cumplió funciones administrativas que requieren responsabilidad y continuidad. En ese sentido, reivindica su trayectoria y sostiene que su trabajo constituye una responsabilidad laboral, no un beneficio asociado a su discapacidad.
Maltrato, aislamiento y cambios en las condiciones laborales
Según el relato difundido públicamente, entre las situaciones que denuncia se encuentran el aislamiento respecto de sus compañeros, el retiro de tareas que realizaba habitualmente y una reducción del 40% en un componente de su remuneración vinculado con la función que desempeñaba.
También señaló presuntas expresiones descalificadoras relacionadas con su discapacidad y cuestionamientos sobre su capacidad para ejercer determinadas responsabilidades y desenvolverse de manera autónoma.
La trabajadora vincula el inicio del conflicto con el reclamo para que se convocara a concurso para cubrir un cargo vacante. Según su versión, en ese proceso no se habrían considerado adecuadamente su antigüedad y su categoría laboral.
Angie manifestó contar con documentación y otras pruebas que respaldarían sus declaraciones y solicitó que los hechos sean investigados por la Justicia.
El antecedente del concurso interno
La documentación institucional permite reconstruir parte de los antecedentes del conflicto.
En octubre de 2025, la Presidencia del Concejo Deliberante convocó, mediante el Decreto N.º 967/2025, a un concurso interno cerrado para cubrir el cargo de Subdirector o Subdirectora del organismo. La convocatoria estableció que podían participar trabajadores de la planta administrativa y fijó un sistema de evaluación de antecedentes, prueba de oposición y entrevista personal.
El sitio oficial del Concejo Deliberante publicó el listado de tres aspirantes: Antonella De Lorenzi, Emilia Iztueta y María de los Ángeles Ventimiglia. Las bases del concurso contemplaban, entre otros criterios, la formación académica, la capacitación, la antigüedad en el área y los antecedentes en funciones jerárquicas.
Posteriormente, el Boletín Oficial municipal publicó el Decreto N.º 971, fechado el 11 de noviembre de 2025, mediante el cual se rechazó un recurso de revocatoria presentado por Ventimiglia contra el Decreto N.º 967/2025 y se ratificó la convocatoria al concurso.
Estos antecedentes permiten identificar el marco administrativo en el que se desarrolló la controversia. Sin embargo, por sí solos no permiten determinar si existieron conductas discriminatorias o violencia laboral: esa cuestión requiere analizar los hechos denunciados, las pruebas y las actuaciones correspondientes.
Derechos laborales e inclusión efectiva
La denuncia vuelve a poner en discusión las condiciones de inclusión de las personas con discapacidad en el ámbito del empleo público, así como la necesidad de garantizar relaciones laborales respetuosas y procedimientos administrativos transparentes.
La Ley Provincial N.º 10.592 establece un marco de protección e integración para las personas con discapacidad en la provincia de Buenos Aires. Su aplicación debe analizarse junto con las normas laborales y administrativas que correspondan a cada situación.
En este caso, la cuestión central no se limita a una disputa por un cargo o por componentes salariales. La denuncia plantea interrogantes sobre el trato recibido por una trabajadora con una extensa trayectoria, las condiciones en las que desarrolla sus tareas y las garantías que deben regir dentro de una institución pública.
Angie busca que su situación tome estado público y que las autoridades competentes investiguen los hechos que describe. Según la publicación periodística que dio a conocer el caso, hasta el momento de su difusión no se había emitido un comunicado de las personas señaladas.
Será importante conocer la respuesta de las autoridades del Concejo Deliberante, que hast el momento no se han expresado.
La presentación de Ventimiglia abre un debate que trasciende su situación particular: cómo garantizar que la inclusión laboral no se limite al ingreso de una persona con discapacidad, sino que también se traduzca en igualdad de oportunidades, respeto por sus derechos y condiciones dignas de trabajo.
Fuentes consultadas: Noticias de Azul y sitio oficial del Concejo Deliberante de Azul.
