Familiares del exprosecretario legislativo del Concejo Deliberante de Azul presentaron títulos de dos inmuebles para respaldar la caución de $120 millones fijada por la Justicia. La documentación debe ser evaluada y la Cámara Penal tiene pendientes dos apelaciones: la Fiscalía busca que continúe detenido y la Defensa pretende que sea liberado sin garantía patrimonial.
La situación judicial de Rodrigo David Santamaría Martini, ex presidente del GEN Azul y exprosecretario legislativo del Concejo Deliberante, sumó una nueva instancia. Familiares del dirigente presentaron los títulos de dos propiedades con el objetivo de cubrir la caución real de $120 millones que el juez de Garantías Federico Barberena estableció como condición para hacer efectiva su excarcelación.
Según informó Diario El Tiempo este lunes 26 de octubre, los documentos fueron aportados el jueves pasado. Sin embargo, los inmuebles no están a nombre del imputado y, para determinar si pueden aceptarse como garantía, se solicitaron certificados de dominio y tasaciones realizadas por martilleros.
Mientras se analiza esa documentación, Santamaría continúa alojado en la Comisaría Primera de Azul. Aunque el miércoles 21 de octubre el magistrado le concedió la excarcelación, la medida todavía no se hizo efectiva porque no se integró la garantía exigida.
Dos apelaciones con objetivos opuestos
La causa también llegó a la Cámara Penal departamental, donde ya se encuentran radicados dos recursos que plantean posiciones contrapuestas sobre la situación del acusado.
Por un lado, el fiscal David Carballo, titular de la UFI N.º 2, apeló la excarcelación y solicitó que se deje sin efecto el beneficio. A criterio del representante del Ministerio Público Fiscal, existen circunstancias que podrían representar riesgos para el desarrollo de la investigación si el imputado recupera la libertad.
Entre los argumentos expuestos se mencionan las circunstancias previas a su detención, la posibilidad de que abandonara la ciudad y el episodio relacionado con su teléfono celular, que finalmente fue recuperado y entregado a la Justicia.
Por otro lado, la defensora oficial Adriana Hernández también recurrió la resolución, pero con un objetivo diferente: pretende que Santamaría pueda recuperar la libertad sin tener que presentar una garantía económica o patrimonial. De manera subsidiaria, solicitó que se reduzca considerablemente el monto fijado.
La defensa también planteó que, si las dos propiedades ofrecidas por los familiares son aceptadas como garantía suficiente, se deje sin efecto su apelación.
La Cámara deberá resolver ambos planteos. Hasta entonces, no existe una decisión definitiva sobre la continuidad de la detención ni sobre las condiciones para concretar la excarcelación.
Ocho hechos investigados y un perjuicio estimado en 100.000 dólares
Santamaría fue detenido el 15 de octubre y, al día siguiente, se negó a declarar durante la audiencia de indagatoria realizada en los tribunales de Azul.
La investigación le atribuye, en esta etapa del proceso, ocho presuntos hechos de estafa en perjuicio de igual número de personas. De acuerdo con la hipótesis de la acusación, las maniobras habrían ocurrido entre marzo de 2025 y septiembre de 2026.
Según consta en la causa, el dirigente habría ofrecido a distintas personas realizar inversiones en pesos y dólares a cambio de rendimientos económicos periódicos. Los denunciantes sostienen que, después de recibir inicialmente algunos pagos, dejaron de percibir los intereses comprometidos y no pudieron recuperar el capital entregado.
El perjuicio económico total fue estimado en alrededor de 100.000 dólares. La investigación está a cargo del fiscal David Carballo y continúa en etapa de instrucción.
La resolución que concedió la excarcelación estableció una caución real de $120 millones, calculada por el juez en función del perjuicio patrimonial estimado en las actuaciones. La garantía busca asegurar que el imputado permanezca a disposición de la Justicia durante el proceso; no constituye, por sí misma, una indemnización ni una devolución del dinero a los denunciantes.
Restricciones para una eventual liberación
La resolución judicial también establece obligaciones que Santamaría deberá cumplir si recupera la libertad. Entre ellas figuran la entrega del pasaporte y la prohibición de salir del país mientras se mantenga vigente la medida.
Asimismo, se dispuso que no mantenga contacto con las personas denunciantes durante el proceso, con una excepción prevista para eventuales acuerdos de reparación que sean promovidos por los propios damnificados y coordinados por la Fiscalía.
La aceptación de los inmuebles ofrecidos por sus familiares, en caso de que se concrete, podría permitir cumplir la caución en los términos establecidos por el juez. No obstante, la resolución de las apelaciones podría modificar las condiciones actuales.
Por ahora, Santamaría continúa detenido y la Cámara Penal tiene la última palabra sobre los planteos presentados por la Fiscalía y la Defensa.
