Diversos sectores políticos, sindicales y del ámbito periodístico expresaron en los últimos días su rechazo a lo que consideran un avance sobre la libertad de expresión por parte del gobierno de Javier Milei, en medio de una creciente tensión con medios de comunicación y trabajadores de prensa.
El conflicto se profundizó tras una decisión oficial que restringió el acceso de periodistas acreditados a la Casa Rosada. La medida afectó a cronistas de distintos medios, quienes fueron impedidos de ingresar a las conferencias de prensa y a la cobertura cotidiana de la actividad gubernamental.
Según trascendió, la decisión se fundamentó en la presunta vinculación de algunos medios con una supuesta campaña de desinformación atribuida a intereses extranjeros. Sin embargo, la medida fue aplicada sin notificación previa ni criterios transparentes, lo que generó fuertes cuestionamientos desde distintos sectores.
En la práctica, el operativo se llevó adelante mediante controles en los accesos a la sede de gobierno, donde personal de seguridad bloqueó credenciales e impidió el ingreso de periodistas que habitualmente cubrían la actividad oficial.
La decisión también alcanzó a medios específicos, cuyos trabajadores denunciaron haber sido excluidos sin resolución judicial ni posibilidad de defensa, lo que —según señalaron— configura un antecedente preocupante para el ejercicio del periodismo.
Desde el gobierno, en tanto, se defendió la medida como una acción “preventiva” mientras se investigan los hechos vinculados a la supuesta operación internacional, aunque sin precisar el alcance ni la duración de la restricción.
Un clima de creciente confrontación
El episodio se inscribe en un contexto más amplio de tensión entre el Ejecutivo y el periodismo. En los últimos meses, distintas organizaciones nacionales e internacionales han advertido sobre un deterioro en las condiciones para el ejercicio de la libertad de expresión en Argentina.
Entre las medidas cuestionadas se encuentran restricciones en el acceso a la información pública, cambios en los criterios de acreditación de periodistas y la implementación de herramientas oficiales destinadas a “refutar” contenidos periodísticos, lo que ha sido interpretado por críticos como un intento de disciplinamiento mediático.
Asimismo, organismos de derechos humanos han manifestado preocupación por prácticas que consideran estigmatizantes hacia periodistas y medios críticos, así como por el uso de estructuras estatales en el marco de disputas comunicacionales.
Reacciones y debate democrático
Frente a este escenario, referentes políticos, gremiales y del ámbito de la comunicación salieron a cuestionar lo que califican como “medidas de censura” y advirtieron sobre el impacto institucional de restringir el acceso de la prensa a los espacios donde se desarrolla la actividad gubernamental.
En ese sentido, subrayan que el acceso de periodistas acreditados no es un privilegio sino una garantía del funcionamiento democrático, en tanto permite el control social sobre los actos de gobierno y asegura el derecho de la ciudadanía a estar informada.
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