El incremento sostenido en los precios de los combustibles, impulsado por la suba internacional del petróleo, comienza a generar efectos colaterales en el sector de expendio: estaciones de servicio advierten que podrían quedar excluidas del régimen MiPyME por superar los topes de facturación establecidos por el Estado.
La preocupación crece entre los operadores, especialmente en aquellas empresas donde el aumento de ingresos responde más a la inflación que a una mejora real en la rentabilidad. En ese contexto, el desfasaje entre la actualización de precios y los parámetros oficiales de categorización genera una distorsión que impacta directamente en la situación fiscal de las firmas.
Según la última actualización de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, el límite de ventas anuales para encuadrar como PyME en el sector comercio —categoría en la que se incluyen las estaciones de servicio— quedó fijado en 12.380.800.000 pesos.
Este umbral resulta clave, ya que define el acceso al Certificado MiPyME, una herramienta fundamental que permite a las empresas obtener beneficios impositivos, previsionales y financieros, como el diferimiento de impuestos o el acceso a líneas de crédito con condiciones preferenciales.
Más facturación, pero no más ganancias
Desde el sector advierten que el problema radica en que el aumento de la facturación no refleja un crecimiento genuino del negocio, sino el impacto directo de la suba de precios en los surtidores. En otras palabras, venden más en términos nominales, pero no necesariamente ganan más.
Al respecto, el asesor contable Sebastián W. J. Vázquez explicó que el proceso de categorización no es inmediato. “El sistema toma un promedio de facturación de los últimos tres ejercicios fiscales, lo que genera un efecto de arrastre que puede sostener temporalmente la condición PyME, pero también demorar la adecuación a nuevas escalas”, señaló.
En ese sentido, aclaró que las empresas que ya cuentan con el certificado vigente no lo pierden automáticamente al superar los límites actuales. Sin embargo, advirtió que la situación deberá revisarse en futuras actualizaciones de los parámetros.
Incertidumbre y reclamos
El posible cambio de categoría genera incertidumbre en un contexto donde los costos operativos —como salarios, energía y mantenimiento— continúan en alza. La eventual pérdida del certificado implicaría una mayor carga tributaria, afectando aún más la rentabilidad del sector.
Frente a este escenario, desde las estaciones de servicio plantean la necesidad de revisar los criterios de categorización. Entre los reclamos, se destaca la actualización más frecuente de los topes o la incorporación de variables específicas para actividades de alta facturación y márgenes reducidos, como la comercialización de combustibles.
Así, detrás de los números que crecen en las planillas, se esconde una paradoja: vender más, pero quedar más expuestos. Un equilibrio frágil, donde cada ajuste de precios puede empujar a las estaciones un poco más allá de un límite que no siempre refleja la realidad del negocio.
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