El Sector Público Nacional (SPN) registró en febrero de 2026 un superávit primario de $1,41 billones y un superávit financiero de $0,14 billones, luego de afrontar pagos de intereses de deuda por $1,27 billones. Los datos surgen del último informe fiscal, que confirma la continuidad del programa de ajuste iniciado en 2024 y sus efectos sobre el funcionamiento del Estado y la economía.
Sin embargo, detrás de ese resultado positivo aparece una dinámica más compleja: el equilibrio fiscal se sostiene, fundamentalmente, a partir de una fuerte contracción del gasto público, que cae muy por encima de los ingresos.
Un superávit sostenido por el ajuste
En términos reales, el gasto total del Estado mostró en febrero una caída del 30,9% respecto de 2023, mientras que los ingresos descendieron un 10,1% en el mismo período.
Si se observa el primer bimestre de 2026, la tendencia se consolida: el gasto acumula una baja del 31,3%, frente a una reducción del 6,1% en los ingresos.
El resultado es un superávit que no proviene de un crecimiento de la recaudación, sino de una reducción profunda del tamaño del Estado, con impacto directo en distintas áreas sensibles.
El “déficit oculto” por intereses capitalizados
El informe también advierte sobre un dato clave: el Tesoro continúa financiándose mediante títulos en pesos con capitalización de intereses, como LECAP, BONCAP y bonos duales.
En febrero, estos instrumentos generaron intereses capitalizados por $2,42 billones. Si se los incorpora al cálculo, el superávit financiero del mes se transforma en un déficit de $2,27 billones.
En ese marco, el déficit acumulado desde enero de 2024 —considerando estos intereses— alcanza los $39,65 billones, lo que abre interrogantes sobre la sostenibilidad del esquema fiscal en el mediano plazo.
Caída de ingresos y cambios tributarios
Los ingresos totales del Estado ascendieron a $11,79 billones, con una caída real interanual del 8,9%.
Entre los principales factores se destacan:
- Bienes Personales: -14%, por cambios en la base de comparación
- Impuesto a las Ganancias: -3,9%
- Derechos de Exportación: -40,1%, tras medidas que redujeron temporalmente retenciones
- Derechos de Importación: -30,8%
A esto se suma la eliminación del Impuesto PAIS a fines de 2024, que también impactó en la recaudación.
El ajuste en el gasto: impacto social
El gasto total del SPN fue de $10,38 billones, con una caída real del 8,8% interanual, que se amplía al 30,9% frente a 2023.
Las principales áreas afectadas:
Prestaciones sociales
Registraron una caída del 14,6% respecto a 2023.
Solo algunos rubros crecieron, como la Asignación Universal (+65,4%) y prestaciones del PAMI (+13,7%), pero no lograron compensar las bajas en:
- Jubilaciones y pensiones contributivas: -5,1%
- Asignaciones familiares: -9,4%
- Pensiones no contributivas: -19,7%
- Programas sociales: -76,2%
Programas clave como Tarjeta Alimentar permanecen congelados desde 2024, mientras que otros fueron reducidos o directamente suspendidos.
Universidades
Las transferencias cayeron un 15,6% respecto a 2023, en un contexto de conflicto por el financiamiento del sistema. Además, persisten irregularidades en el pago de salarios docentes.
Subsidios
Se desplomaron un 64,5%, con fuerte impacto en transporte y energía, en línea con la política de reducción del gasto estatal.
Obra pública
La inversión en infraestructura registra una caída del 85,1%, consolidando la paralización del sector.
Salarios estatales
Los ingresos de los trabajadores públicos continúan perdiendo frente a la inflación, con una baja real del 23,6%.
Metas con el FMI y desafíos
El Gobierno mantiene como objetivo cumplir con las metas fiscales acordadas con el Fondo Monetario Internacional.
Para marzo de 2026, la meta de superávit es de $4,29 billones, mientras que para junio asciende a $8,46 billones. Si bien el desempeño de 2025 permite proyectar un cumplimiento parcial, será necesario sostener un ritmo de ajuste elevado en los próximos meses.
Un equilibrio en tensión
El informe muestra con claridad el eje del modelo económico actual: superávit fiscal basado en un fuerte recorte del gasto.
La contracara de ese equilibrio aparece en la caída de la inversión pública, el deterioro de los ingresos reales y la reducción de políticas sociales, en un contexto donde la actividad económica y el consumo aún no logran recuperarse.
En ese delicado equilibrio, el superávit se vuelve tanto un objetivo cumplido como una señal de alerta: una cifra que ordena las cuentas públicas, pero que abre un debate cada vez más profundo sobre sus costos sociales y productivos.
