Un reciente análisis del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), basado en datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), detector claras señales de crisis laboral en la provincia de Buenos Aires durante los primeros diecinueve meses de la gestión de Javier Milei (noviembre 2023-junio 2025). Las cifras revelan una destrucción considerable del empleo formal y un debilitamiento del tejido empresarial que ya comienza a tener efectos palpables en la vida cotidiana de miles de bonaerenses.
Entre noviembre de 2023 y junio de 2025, Buenos Aires perdió 4.049 empleadores, bajando de 168.236 empresas con trabajadores registrados a 164.187. El sector más golpeado en términos absolutos fue el de Construcción, que dejó de tener 717 establecimientos registrados. Relativamente, los “Servicios de organizaciones y órganos extraterritoriales” protagonizaron la mayor caída porcentual en empleadores, con un retroceso del 9,4%.
En cuanto al empleo, la pérdida fue aún más resonante: unos 82.300 puestos de trabajo registrados se destruyeron en ese mismo período, lo que equivale a un retroceso del 2,5% del empleo formal en la provincia. De nuevo, Construcción aparece como el sector más afectado: con una caída absoluta de 25.628 trabajadores y una caída relativa del 18,9%.
Un dato que alarma aún más es la distribución de esas pérdidas entre empresas grandes y pequeñas. Aunque la gran mayoría de los empleadores perjudicados son las firmas de menor porte (de hasta 500 trabajadores), la mayor parte de los empleos perdidos proviene de las empresas de más de 500 trabajadores, que explican el 53,1% de la caída total del empleo registrado (-43.733 puestos). En tanto, las pequeñas y medianas aportaron una pérdida de 38.567 empleados, lo que representa el 46,9% del total.
Las PYMES, aunque con variaciones porcentuales algo menos impactantes, siguen sufriendo pérdidas significativas. Este comportamiento ha motivado alertas en sectores productivos y sindicales, quienes advierten sobre el efecto multiplicador de la caída del empleo formal: menor consumo, mayor informalidad y precarización.
Los datos coinciden con declaraciones recientes del propio gobierno provincial. El ministro de Economía bonaerense, Pablo López, denunció: “han desaparecido más de 32.000 empleos formales privados en nuestra provincia desde que comenzó la presidencia de Milei”.
Crítica a la gestión
La gestión nacional bajo Milei se presenta como particularmente rígida frente a políticas de estímulo productivo. La apuesta por la austeridad fiscal, la reducción del alcance del Estado económico, la baja intervención y los ajustes que recortan subsidios y ayudas han sido los rasgos distintivos. Sin embargo, estos datos muestran que esas políticas tienen un costo estructural alto, que no se compensa con los argumentos de eficiencia económica.
El hecho de que los empleadores de mayor escala sean quienes lideran la pérdida de empleo sugiere un efecto sistémico: las empresas grandes, que normalmente tienen cadenas de proveedores, mayores inversiones y mayor capacidad de financiarse, también están siendo afectadas. Si las firmas de gran porte disminuyen plantilla, los efectos secundarios sobre los proveedores, el comercio local, la demanda de servicios y los ingresos fiscales pueden generar una caída generalizada.
También preocupa la simultaneidad de la pérdida de empleadores y de empleo registrado: cuando una empresa cierra o deja de ocuparse formalmente, no solo se pierden puestos sino que se debilita la capacidad del Estado de recaudar y sostener servicios públicos, lo que puede generar un círculo vicioso de deterioro económico y social.
¿Qué se podría hacer para frenar la caída?
- Políticas de estímulo directo para los sectores más golpeados, especialmente Construcción, donde las pérdidas son masivas.
- Incentivos fiscales o subsidios temporales para PYMES para sostener empleo, modernizar procesos productivos y afrontar costos crecientes;
- Fortalecer la infraestructura institucional que facilite el acceso al crédito productivo y reduzca los costos operativos, sobre todo para las empresas de menor tamaño;
- Generar programas de reconversión laboral, capacitación para los trabajadores despedidos, apoyo al empleo local e industrias regionales;
- Un control más efectivo de la inflación, tarifas y costos operativos (como luz, transporte, insumos importados) que afectan en especial a los empleadores registrados formalmente.
La radiografía es clara: el empleo formal bonaerense está en retroceso, la base empresarial se debilita, y los costos de esto están siendo transferidos no solo a quienes pierden sus trabajos, sino también al conjunto de la sociedad. Una gestión que apela al ajuste como respuesta no puede ignorar estos efectos estructurales. Para muchos, estos números ya no pueden interpretarse solo como “problema coyuntural”, sino como un daño profundo que exige urgencia y cambio de rumbo.
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