
Agro de Souza, una empresa familiar con más de medio siglo de trayectoria en el sudoeste bonaerense, atribuyó su crisis al encarecimiento del financiamiento, la caída de las ventas de maquinaria y el cambio de las condiciones macroeconómicas.
La Plata (Por InfoGEI).-La firma Agro de Souza, tradicional empresa familiar de Coronel Suárez dedicada a la comercialización de maquinaria agrícola y representante de Case IH en el sudoeste bonaerense, ingresó en concurso preventivo de acreedores con un pasivo declarado de $22.857 millones. La compañía, que también desarrolla actividades ganaderas y de generación de energías renovables, reconoció que no pudo sostener su estructura financiera frente al deterioro de las condiciones económicas y comerciales.
La presentación fue realizada el 15 de septiembre de 2026 y dos días después el Juzgado Civil y Comercial N° 8 de Bahía Blanca dispuso la apertura del proceso. La decisión fue comunicada a la Comisión Nacional de Valores (CNV) por el presidente de la sociedad, Cecilio de Souza.
De acuerdo con el balance patrimonial al 31 de julio, las obligaciones incluyen $12.735 millones en compromisos financieros, $8.870 millones con proveedores y aproximadamente $652 millones en deudas fiscales. Frente a ese pasivo, la empresa declaró activos por $25.346 millones.
En su presentación judicial, la firma explicó que la desaceleración inflacionaria, las tasas de interés reales positivas y la apreciación cambiaria modificaron un escenario que anteriormente permitía licuar parte de sus compromisos financieros. A esto se sumó la retracción del mercado de maquinaria agrícola durante 2024, que afectó su principal fuente de ingresos.
Durante los primeros meses de 2026, Agro de Souza intentó refinanciar obligaciones por unos US$2,7 millones, pero solamente consiguió un préstamo de US$800.000 del Banco Comafi.
La falta de financiamiento derivó en incumplimientos fiscales desde junio, atrasos con CNH Industrial Argentina en julio y cheques rechazados por falta de fondos. Finalmente, la empresa recurrió a la Justicia para reorganizar sus obligaciones y evitar que las sanciones bancarias comprometieran la continuidad de sus operaciones. (InfoGEI)
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