
Betina Erika Köpcke, de 77 años, fue arrestada en San Telmo, acusada de haber colaborado en la planificación de la fuga de su marido. El exintegrante de las Brigadas Rojas había escapado el 10 de noviembre de su departamento, donde cumplía arresto domiciliario. La detención reabre el debate sobre la revocación de su condición de refugiado y el proceso judicial que buscaba enviarlo a Italia.
La Policía Federal detuvo a Betina Erika Köpcke, esposa de Leonardo Bertulazzi, el militante italiano que se fugó el pasado 10 de noviembre del departamento donde cumplía arresto domiciliario en Buenos Aires, mientras esperaba ser extraditado a Italia. La mujer, de 77 años, está acusada de haber conocido y colaborado en la planificación de la huida. Por orden de la jueza federal María Servini, permanece detenida e incomunicada mientras avanza la investigación.
La detención se concretó el miércoles 18 de noviembre en el barrio porteño de San Telmo. Según informó el Ministerio de Seguridad, la principal evidencia surgió del análisis de un teléfono celular que Bertulazzi habría abandonado durante la fuga. En el dispositivo se encontraron fotografías tomadas en octubre de 2025 en las que aparece Köpcke frente al portón de un inmueble de la calle Bolívar, señalado como parte de la ruta utilizada para escapar. También habría imágenes de las cuerdas colocadas cerca del balcón desde el que descendió.
Durante el allanamiento de la vivienda de la mujer, los investigadores secuestraron un teléfono, tres dispositivos de almacenamiento USB, documentación médica vinculada a Bertulazzi y recortes periodísticos relacionados con el caso. La acusación deberá ser evaluada en el marco de la investigación judicial: hasta el momento, no existe una condena que establezca la responsabilidad de Köpcke en la fuga.
Una fuga preparada con anticipación

Bertulazzi, de 74 años, escapó el martes 10 de noviembre del departamento ubicado en el quinto piso de un edificio de la calle Defensa al 600, en el barrio porteño de Monserrat. De acuerdo con la reconstrucción difundida por distintos medios, manipuló la tobillera electrónica y descendió por la fachada mediante un sistema de cuerdas y arnés, hasta alcanzar una propiedad vecina y salir a la calle.
Las cámaras de seguridad registraron parte de la maniobra. La fuga no fue advertida de inmediato porque el dispositivo de monitoreo había quedado dentro del departamento. En los días posteriores se difundieron imágenes del italiano en distintos puntos del norte del área metropolitana, entre ellas las de un comercio donde habría comprado un sombrero.
El Gobierno nacional ofreció una recompensa de 20 millones de pesos para quienes aporten información que permita localizarlo. La búsqueda continúa y las autoridades sostienen que podría permanecer en territorio argentino.
Antes de la detención de Köpcke, otras dos personas —un hombre uruguayo y una mujer salvadoreña— habían sido arrestadas en Entre Ríos, cerca de la frontera con Uruguay, por su presunta participación en la fuga. Sin embargo, fueron liberadas al no encontrarse elementos suficientes para sostener las sospechas. También se informó sobre la liberación de una tercera persona detenida en circunstancias similares.
De refugiado político a prófugo
El caso de Bertulazzi tiene una historia judicial y política que se remonta a varias décadas. El italiano llegó a la Argentina después de abandonar su país en 1980 y obtuvo el reconocimiento como refugiado en 2004. Durante años, esa condición impidió que prosperara su extradición.
Había integrado las Brigadas Rojas, organización armada de izquierda que actuó en Italia durante las décadas de 1970 y 1980 y fue responsable de secuestros y asesinatos. Bertulazzi fue condenado en Italia a 27 años de prisión por su participación en el secuestro del empresario naviero Pietro Costa, ocurrido en 1977, y por otros delitos vinculados con su pertenencia a la organización.
En agosto de 2024, durante el gobierno de Javier Milei, Argentina le revocó la condición de refugiado y fue detenido en Buenos Aires. La decisión modificó la situación que había mantenido durante dos décadas y abrió el camino para avanzar con el pedido de extradición italiano.
La defensa cuestionó esa decisión y sostuvo que Bertulazzi tenía graves problemas de salud, entre ellos antecedentes de tres accidentes cerebrovasculares. También planteó objeciones al proceso judicial que culminó con su condena en Italia, realizado en ausencia del acusado. Según publicó el diario español El País, su familia argumentó que, de ser extraditado, podía pasar el resto de su vida en prisión sin acceder a un nuevo juicio.
La discusión sobre los procesos en ausencia no es menor. El propio El País recordó que este tipo de procedimientos fue utilizado en Italia durante los llamados “años de plomo” y que su compatibilidad con las garantías de un juicio justo fue cuestionada en otros casos de extradición de antiguos militantes italianos refugiados en Europa.
Casación suspendió la extradición

En una nueva instancia del caso, este jueves 19 de noviembre la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal resolvió suspender el trámite de extradición de Bertulazzi hasta que sea capturado. La decisión dispone que las actuaciones regresen al juzgado federal que interviene en la causa y que vuelvan a Casación una vez que el prófugo quede a disposición de la Justicia.
La resolución no modifica por sí misma la situación de fondo del pedido italiano, pero impide que el procedimiento continúe mientras Bertulazzi permanezca prófugo.
La detención de su esposa agrega ahora otro capítulo a un expediente atravesado por decisiones políticas, reclamos judiciales y una disputa sobre las garantías que deben respetarse en un proceso de extradición. Mientras el Gobierno nacional presenta el caso como una persecución de un condenado por delitos graves, la defensa y la familia han señalado los riesgos que, a su entender, implica su entrega a Italia.
La cuestión de fondo sigue abierta: la responsabilidad penal de Bertulazzi por los hechos que se le atribuyen, las garantías del proceso que lo condenó y el derecho a la protección internacional que tuvo durante veinte años son aspectos distintos que no deberían confundirse. La detención de una mujer de 77 años, acusada por su presunta colaboración en una fuga, exige además que la investigación respete plenamente sus derechos y las garantías del debido proceso.
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