El Senado aprobó por unanimidad la destitución del mandatario en un juicio político vinculado con la crisis de Ueno Bank. Su sucesor prometió compensar a los ahorristas afectados, mientras la Fiscalía avanza con una investigación penal.
La crisis política y financiera de Paraguay tuvo este viernes un desenlace que profundizó el impacto institucional del escándalo de Ueno Bank: el Senado destituyó al presidente Santiago Peña, Pedro Alliana asumió la jefatura del Estado y el expresidente quedó bajo arresto domiciliario en el marco de una investigación penal.
La Cámara de Senadores declaró culpable a Peña por mal desempeño de funciones, con 44 votos afirmativos y ninguno en contra. La sesión se desarrolló sin la presencia del mandatario, quien había presentado su renuncia el jueves, pero cuya dimisión no llegó a ser tratada por el Congreso debido a la falta de quórum.
La decisión convirtió a Peña en el segundo presidente paraguayo apartado del poder mediante un juicio político desde el retorno de la democracia, después de Fernando Lugo, destituido en junio de 2012.
Alliana asumió y prometió responder a los ahorristas
Tras la destitución, el vicepresidente Pedro Alliana juró como nuevo presidente ante el Congreso Nacional. Deberá completar el período de gobierno iniciado en 2023, que concluye en agosto de 2028.
En su primer mensaje, el nuevo mandatario se refirió a la crisis financiera y aseguró que los ciudadanos afectados por el cierre de Ueno Bank no serán abandonados. Prometió adoptar medidas para compensar a los ahorristas y dar respuestas a quienes no pueden acceder a sus depósitos.
En la misma sesión, el Congreso eligió a Antonio Barrios como vicepresidente para completar el mandato constitucional.
Las acusaciones contra Peña
El juicio político estuvo vinculado con los presuntos conflictos de intereses y las irregularidades que rodearon el funcionamiento de Ueno Bank, una entidad que durante la gestión de Peña recibió importantes recursos de organismos públicos.
Entre las causales de destitución, los legisladores mencionaron la presunta manipulación de mecanismos regulatorios, el direccionamiento de fondos públicos y previsionales, el incumplimiento de límites crediticios y posibles beneficios patrimoniales indebidos.
También cuestionaron la actuación de las autoridades del Banco Central y el impacto que la crisis provocó sobre la confianza en el sistema financiero.
Peña había tenido participación accionaria en el conglomerado Ueno Holding, aunque sostuvo que vendió sus acciones en marzo de 2025 y negó haber cometido irregularidades.
La condena parlamentaria por mal desempeño de funciones no equivale a una sentencia penal. Sin embargo, la destitución tiene consecuencias institucionales: al haber sido declarado culpable en un juicio político, Peña no podrá acceder a la condición de senador vitalicio que la Constitución reserva a los expresidentes electos, salvo aquellos sometidos a juicio político y hallados culpables.
El expresidente, bajo arresto domiciliario
La situación del exmandatario también se trasladó al ámbito judicial. Según informaron Reuters y Associated Press, luego de su destitución las autoridades dispusieron que permanezca bajo arresto domiciliario mientras avanza la investigación penal vinculada con el caso Ueno.
Peña deberá comparecer ante la Fiscalía este sábado. La investigación apunta a establecer posibles responsabilidades en el manejo de fondos públicos, la supervisión de la entidad financiera y las relaciones entre el banco y funcionarios del Estado.
Las actuaciones también alcanzan a exdirectivos de Ueno y a antiguos funcionarios vinculados con los organismos de control. Peña niega las acusaciones.
Una crisis que todavía no encuentra salida
La intervención de Ueno Bank fue dispuesta por el Banco Central de Paraguay luego de que la entidad presentara un índice de solvencia inferior al mínimo exigido. El banco contaba con aproximadamente 2,9 millones de clientes en un país de poco más de seis millones de habitantes.
El cierre dejó a miles de personas sin acceso inmediato a sus ahorros y generó preocupación por los fondos públicos depositados en la institución, entre ellos recursos vinculados al Instituto de Previsión Social.
Mientras se desarrollaba la crisis política, comenzaron los primeros procedimientos de devolución de depósitos a determinados grupos de clientes a través del Fondo de Garantía de Depósitos. Sin embargo, el proceso de restitución de los fondos y el esclarecimiento de las responsabilidades financieras y políticas todavía están lejos de concluir.
Con la salida de Peña y la llegada de Alliana, Paraguay inicia una nueva etapa de gobierno en medio de una crisis que excede el destino de una entidad bancaria: puso bajo cuestionamiento los mecanismos de control del sistema financiero, la administración de recursos públicos y los vínculos entre el poder político y los intereses privados.
