Un análisis de Zentrix Consultora estima que aplicar la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria requeriría entre $2,45 y $3,65 billones el próximo año. Según el estudio, el proyecto presupuestario contempla $5,93 billones sin asignación específica que podrían destinarse a ese fin.
El proyecto de Presupuesto Nacional 2027 enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso contiene recursos que permitirían cumplir con la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente sin modificar el resultado fiscal previsto. Así lo sostiene un informe de Zentrix Consultora, que analiza las partidas presupuestarias, el marco legal vigente y las resoluciones judiciales vinculadas con el financiamiento de las universidades nacionales.
De acuerdo con el estudio, la aplicación integral de la ley demandaría entre $2,45 y $3,65 billones durante 2027, mientras que el proyecto presupuestario contempla $5,93 billones sin una asignación específica dentro de la jurisdicción Obligaciones a cargo del Tesoro.
El análisis plantea que esos recursos ya están incluidos en el gasto total proyectado por el Gobierno nacional. Por lo tanto, su reasignación al sistema universitario no implicaría aumentar el gasto previsto, sino modificar el destino de fondos cuya utilización todavía depende de decisiones del Poder Ejecutivo.
Cuánto costaría cumplir con la ley
El informe toma como referencia los $7,35 billones que el artículo 12 del proyecto de Presupuesto 2027 asigna a las universidades nacionales.
Según las estimaciones de Zentrix, cumplir con las obligaciones exigibles por la medida cautelar judicial, vinculadas con la recomposición salarial y las becas, demandaría alrededor de $2 billones durante el próximo año.
En cambio, la aplicación integral de la Ley 27.795, que incluye la actualización de los gastos de funcionamiento universitario, el financiamiento de los hospitales universitarios, la ciencia y la extensión, requeriría entre $2,45 y $3,65 billones, según la base de cálculo utilizada.
El documento señala que esos montos representan entre el 1% y el 1,8% del gasto total previsto para 2027, y entre el 0,14% y el 0,26% del Producto Bruto Interno (PBI).
Dónde estarían los fondos
Uno de los principales argumentos del estudio se concentra en la evolución de la jurisdicción Obligaciones a cargo del Tesoro, cuya asignación presupuestaria pasaría de $5,6 billones a $14,8 billones en el proyecto para 2027.
Dentro de esa partida, $7,68 billones figuran bajo el concepto de «otras asistencias financieras», sin que se identifique de antemano a sus destinatarios.
Para calcular los recursos potencialmente disponibles, Zentrix adopta un criterio conservador y descuenta $1,45 billones previstos como reserva para aumentos salariales de la Administración Nacional y otros $0,30 billones que ya se destinan a las universidades.
Después de esas deducciones, el informe identifica $5,93 billones sin asignación específica. Según el análisis, el costo de aplicar integralmente la ley universitaria representaría, como máximo, el 62% de ese monto.
La consultora sostiene que esta disponibilidad permitiría financiar las obligaciones universitarias sin incrementar el gasto total contemplado en el proyecto presupuestario.
La disputa por la vigencia de la ley
La Ley 27.795 fue aprobada por el Congreso y quedó vigente en octubre de 2025, luego de que ambas cámaras insistieran con la norma tras el veto presidencial. Sin embargo, el Poder Ejecutivo suspendió su ejecución mediante el Decreto 759/2025, con el argumento de que la ley no identificaba las fuentes de financiamiento necesarias.
Desde entonces, el conflicto se trasladó también al ámbito judicial. Según la cronología incluida en el informe, la Justicia ordenó cumplir las disposiciones referidas a salarios y becas mediante una medida cautelar, que la Corte Suprema dejó firme en junio de 2026.
El 6 de octubre de este año, un juzgado federal ordenó la aplicación integral de la ley en una sentencia que el Gobierno apeló.
En ese escenario, el estudio plantea que el tratamiento del Presupuesto 2027 ofrece una oportunidad para incorporar las partidas correspondientes y resolver parte de la controversia sobre el financiamiento.
El impacto sobre los salarios y la actividad universitaria
El informe también advierte sobre las consecuencias que el desfasaje presupuestario tiene para los trabajadores y el funcionamiento de las instituciones universitarias.
Según el documento, nueve de cada diez pesos del presupuesto universitario se destinan al pago de salarios. Por esa razón, la diferencia entre los créditos asignados y la evolución de los precios repercute directamente sobre los ingresos de docentes y trabajadores no docentes.
Aunque el acuerdo salarial de junio de 2026 interrumpió una caída de 19 meses, el salario real todavía se encontraría un 22% por debajo del nivel de noviembre de 2023, de acuerdo con las estimaciones citadas por Zentrix.
El análisis también recoge datos del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), según los cuales alrededor de 10.000 docentes renunciaron durante ese período. Además, señala que la ejecución real de los recursos destinados a ciencia y técnica universitaria en 2025 equivalió al 38% de la registrada en 2023.
Estos indicadores son presentados como parte de un escenario de pérdida del poder adquisitivo y dificultades para sostener las actividades académicas, científicas y de extensión.
El Presupuesto 2027 abre un nuevo frente de discusión
El proyecto presupuestario incorpora otro punto de conflicto en su artículo 12, que establece un crédito determinado para las universidades y calcula los incrementos salariales sobre la base de las plantas de personal de noviembre de 2026.
La Ley 27.795, en cambio, establece la realización de negociaciones paritarias con intervalos no superiores a tres meses y una actualización salarial que no resulte inferior a la inflación.
Según las proyecciones de Zentrix, si la inflación supera las previsiones oficiales, cada cinco puntos porcentuales de desvío dejarían sin financiamiento alrededor de $0,32 billones.
El informe advierte que una eventual insuficiencia de las partidas presupuestarias no eliminaría las obligaciones establecidas por una ley vigente y podría prolongar el conflicto judicial durante 2027.
En este contexto, la resolución de la disputa dependerá tanto de las decisiones de la Justicia como del tratamiento que el Congreso dé al Presupuesto Nacional.
La propuesta de Zentrix Consultora
El estudio concluye que el Congreso podría incorporar las partidas necesarias para financiar las universidades durante el debate del Presupuesto 2027, utilizando recursos ya contemplados en el gasto proyectado.
Como fundamento jurídico, cita la Ley de Administración Financiera 24.156, que contempla facultades para reestructurar créditos presupuestarios dentro de los límites establecidos, y la Ley 24.629, cuyo artículo 5 vincula la suspensión de determinadas leyes de gasto con la incorporación de las partidas correspondientes al presupuesto nacional.
De acuerdo con la interpretación de la consultora, la inclusión de esos recursos permitiría superar el argumento fiscal utilizado para suspender la ejecución de la Ley 27.795, aunque la resolución definitiva del conflicto dependerá de las decisiones institucionales y judiciales correspondientes.
El documento fue elaborado a partir del análisis de la legislación vigente, el Decreto 759/2025, el proyecto de Presupuesto 2027 y sus planillas, las resoluciones judiciales y datos de organismos e instituciones como el Consejo Interuniversitario Nacional, FEDUN-CIICTI, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), la Oficina de Presupuesto del Congreso y el INDEC. La información está actualizada al 13 de octubre de 2026.
Sobre Zentrix Consultora
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