Rodrigo David Santamaría Martini está imputado en una causa que investiga maniobras por un monto cercano a los 100.000 dólares. Fue detenido el jueves durante un operativo en el barrio Carús, donde también se realizaron allanamientos en otros dos domicilios.
Rodrigo David Santamaría Martini, de 38 años, se negó a declarar este jueves durante la indagatoria realizada en los tribunales de Azul, en el marco de una investigación penal por ocho presuntos hechos de estafa. El ex presidente del GEN local y ex prosecretario legislativo del Concejo Deliberante permanece detenido, mientras avanza la causa que investiga un perjuicio económico estimado en alrededor de 100.000 dólares.
La audiencia se realizó ante la Justicia, con la asistencia de un defensor oficial, luego de que el dirigente fuera detenido durante las primeras horas del jueves 15 de octubre. La investigación está a cargo del fiscal David Carballo, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 2 del Departamento Judicial de Azul.
Según la información publicada por medios locales y regionales, la detención se concretó mediante un procedimiento del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría Primera, en un departamento del barrio Carús. El lugar se encontraría vinculado con un familiar del imputado, donde habría permanecido durante los días previos al arresto.
Tres allanamientos en Azul
La medida fue solicitada por el fiscal Carballo y autorizada por el juez Federico Barberena, titular del Juzgado de Garantías N.º 2. Además de ordenar la detención, el magistrado dispuso tres allanamientos en inmuebles relacionados con Santamaría Martini.
Uno de los procedimientos se realizó en el departamento del barrio Carús, ubicado en la zona de Rivadavia y calle 4. Los otros tuvieron como escenario un quincho situado sobre la prolongación norte de Rivadavia y el domicilio donde residía el imputado, en la calle Guido Spano.
Los operativos tuvieron como objetivo reunir elementos que puedan aportar pruebas a la investigación. Entre los objetos buscados figuraban teléfonos celulares, computadoras, dispositivos de almacenamiento digital, contratos, pagarés, recibos, comprobantes de transferencias, agendas y listados de supuestos inversores.
También se había dispuesto el secuestro de documentación contable y bancaria, registros de ingresos, egresos, intereses y reinversiones, información de billeteras virtuales, documentación relacionada con operaciones comerciales y dinero en efectivo, tanto en pesos como en dólares.
De acuerdo con la información difundida por fuentes policiales, durante los allanamientos se secuestraron distintos elementos considerados de interés para la causa.
Ocho hechos bajo investigación
La investigación se encuentra caratulada como “estafas reiteradas —ocho hechos— en concurso real”. La hipótesis de la acusación sostiene que, al menos entre marzo de 2025 y septiembre de 2026, Santamaría Martini habría ofrecido a distintas personas realizar inversiones en moneda nacional y extranjera, con la promesa de obtener elevados rendimientos económicos periódicos.
Según las denuncias, el dinero habría sido entregado bajo un acuerdo de pago de intereses. Las dificultades habrían comenzado cuando algunos aportantes intentaron cobrar los montos convenidos y dejaron de obtener respuestas.
Las primeras presentaciones penales trascendieron públicamente el 8 de octubre. En esa etapa inicial, se había informado sobre al menos cuatro personas denunciantes y un monto superior a los 85.000 dólares. Con el avance de la investigación, la imputación pasó a contemplar ocho hechos y el perjuicio estimado llegó a unos 100.000 dólares.
La Fiscalía investiga si el imputado habría utilizado la confianza de los aportantes y una aparente solvencia económica para concretar las operaciones denunciadas. No se descarta que puedan presentarse nuevos damnificados.
Había renunciado a sus cargos
La detención se produjo días después de que Santamaría Martini presentara su renuncia a la presidencia del GEN Azul y a la Prosecretaría Legislativa del Concejo Deliberante, cargos que ocupaba hasta que se conocieron las denuncias.
La dimisión fue aceptada por las autoridades correspondientes. El presidente del Concejo Deliberante, Ignacio Furiasse, se había referido públicamente al caso y señalado que correspondía a la Justicia determinar si existió delito y establecer las eventuales responsabilidades.
La causa continúa bajo la intervención de la UFI N.º 2 del Departamento Judicial de Azul. La imputación y las medidas judiciales adoptadas forman parte de una investigación en curso y no constituyen, por sí mismas, una declaración de culpabilidad.
