El Congreso de la Nación aprobó una reforma a la Ley de Glaciares que introduce cambios en los criterios de protección de las zonas periglaciares, una decisión que fue celebrada por el gobierno de Javier Milei pero que generó fuertes cuestionamientos desde sectores científicos y organizaciones ambientales.
La modificación apunta principalmente a flexibilizar las restricciones sobre actividades productivas en áreas cercanas a glaciares, particularmente en regiones cordilleranas donde existen proyectos mineros y energéticos.
Hasta ahora, la normativa vigente establecía limitaciones estrictas para preservar no solo los glaciares en sí, sino también el ambiente periglacial —clave en la regulación hídrica—. Con la reforma, se redefinen estos alcances, habilitando intervenciones bajo nuevos criterios técnicos y evaluaciones de impacto.
Desde el oficialismo sostienen que la medida permitirá “destrabar inversiones” y generar empleo, al tiempo que aseguran que se mantendrán mecanismos de control ambiental.
Tras la aprobación, el Ejecutivo nacional celebró la iniciativa como parte de una política orientada a dinamizar sectores estratégicos de la economía, en particular la minería.
En esa línea, funcionarios destacaron que la reforma busca “equilibrar el desarrollo productivo con el cuidado del ambiente”, y cuestionaron lo que consideran “excesos regulatorios” de la legislación anterior.
Las advertencias del sector científico
Sin embargo, desde la comunidad científica surgieron voces de preocupación. Investigadores vinculados al CONICET advirtieron que la modificación podría afectar ecosistemas clave para la provisión de agua dulce.
Los especialistas remarcan que las zonas periglaciares funcionan como reservas estratégicas, regulando el flujo hídrico en regiones donde el agua es un recurso escaso. Alterar estos sistemas —señalan— podría tener consecuencias a largo plazo en la disponibilidad de agua para consumo humano, agricultura y producción.
Además, alertan sobre la dificultad de evaluar con precisión los impactos acumulativos de las intervenciones en estos ambientes sensibles.
En la misma línea, organizaciones socioambientales cuestionaron la reforma por considerar que debilita uno de los marcos legales más importantes en materia de protección de recursos naturales en Argentina.
Diversos colectivos sostienen que la ley original fue fruto de años de debate y de la presión de comunidades afectadas por proyectos extractivos. En ese sentido, interpretan los cambios como un retroceso que prioriza intereses económicos por sobre la seguridad hídrica y ambiental.
También advierten que la apertura de estas zonas podría generar conflictos sociales en territorios donde ya existen tensiones entre comunidades, empresas y Estados provinciales.
Un debate que vuelve al centro
La reforma reabre así una discusión de fondo en la Argentina: cómo equilibrar el desarrollo económico con la preservación de bienes comunes estratégicos.
En un contexto de crisis climática global, donde los glaciares retroceden a un ritmo acelerado, el rol de estas reservas naturales adquiere una dimensión aún más crítica.
Entre la promesa de inversiones y el temor por el agua que vendrá, la decisión del Congreso deja planteado un interrogante que trasciende lo inmediato: qué futuro se construye cuando lo que está en juego no es solo el presente, sino las fuentes mismas de la vida.
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