La Justicia de Estados Unidos le dio un giro inesperado a uno de los litigios más sensibles para la economía argentina: la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York anuló la condena que obligaba al país a pagar más de 16.100 millones de dólares por la expropiación de YPF en 2012.
El fallo, conocido este viernes, representa una victoria judicial de enorme impacto fiscal para el gobierno de Javier Milei, que evita —al menos por ahora— un desembolso equivalente a una porción significativa del presupuesto nacional.
Un revés para los fondos demandantes
La decisión revoca la sentencia dictada en 2023 por la jueza Loretta Preska, quien había dado la razón a los fondos Petersen Energía y Eton Park, respaldados por el estudio financiero Burford Capital.
El tribunal de apelaciones consideró que esa resolución interpretó de manera incorrecta la legislación argentina. En particular, concluyó que no existía obligación de realizar una oferta pública a accionistas minoritarios durante el proceso de estatización.
El impacto fue inmediato en los mercados: las acciones de Burford cayeron con fuerza, mientras que los papeles de YPF registraron subas tanto en Nueva York como en Buenos Aires.
Qué estaba en juego
El origen del conflicto se remonta a 2012, cuando el Estado argentino —durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner— expropió el 51% de la petrolera que estaba en manos de la española Repsol.
Los demandantes alegaban que no recibieron el mismo trato que el accionista mayoritario, lo que derivó en una demanda multimillonaria en tribunales estadounidenses.
El fallo de primera instancia había fijado una indemnización que, con intereses, llegó a estimarse en hasta 18.000 millones de dólares.
Reacciones políticas y disputa por el relato
El presidente Milei celebró la resolución como “el mayor logro jurídico de la historia argentina”, destacando que el país no deberá pagar la suma reclamada.
Sin embargo, desde la oposición surgieron lecturas distintas. El gobernador bonaerense Axel Kicillof —quien era ministro de Economía al momento de la expropiación— sostuvo que el fallo confirma la legalidad de aquella decisión y cuestionó que el actual gobierno se adjudique el resultado.
¿Caso cerrado?
Aunque el fallo representa un alivio inmediato, el litigio aún no está completamente terminado. Los demandantes podrían intentar llevar el caso a la Corte Suprema de Estados Unidos o recurrir a otras instancias internacionales.
De todos modos, la decisión marca un punto de inflexión: desactiva, al menos por ahora, una de las mayores amenazas judiciales y financieras que enfrentaba la Argentina en el exterior.
Un impacto más allá de los tribunales
Más allá del plano legal, el fallo tiene implicancias económicas y políticas de peso. Al eliminar una potencial deuda multimillonaria, mejora las perspectivas fiscales del país y puede influir en la percepción de los inversores sobre el riesgo argentino.
En un contexto de ajuste económico y búsqueda de estabilidad, la resolución llega como un respiro. Pero también reabre debates de fondo: el rol del Estado en sectores estratégicos, la seguridad jurídica y el costo —económico y político— de las decisiones soberanas.
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