La discusión por la instalación de un peaje sobre la Ruta Nacional N° 3, en el tramo que une Cacharí con Azul, volvió al centro de la escena. No es un tema nuevo, pero sí uno que se acerca a una definición clave: el proceso licitatorio impulsado por el Gobierno nacional entra en su etapa final y la adjudicación podría concretarse en breve, sin haber incorporado —según denuncian distintos sectores— los reclamos planteados por la comunidad.
El origen del conflicto se remonta a octubre de 2024, cuando el gobierno de Javier Milei presentó la denominada Red Federal de Concesiones. Se trata de un ambicioso esquema que busca transferir al sector privado la operación y mantenimiento de más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales, bajo el modelo de concesión “autosustentable”: sin subsidios estatales y financiado exclusivamente mediante el cobro de peajes.
Dentro de ese esquema, el tramo de la Ruta 3 que atraviesa Azul fue incluido en el llamado “Tramo Sur”, uno de los más extensos y estratégicos, con conexión hacia el sur bonaerense y la Patagonia.
Sin embargo, desde el inicio el proyecto despertó resistencias. En las audiencias públicas realizadas en junio de 2025 en San Miguel del Monte —instancias no vinculantes— vecinos, instituciones y autoridades locales plantearon una serie de objeciones: la necesidad de extender la autovía hasta Azul, la construcción de accesos seguros, un puente peatonal en cercanías de la Escuela 27 y, especialmente, la ubicación prevista para una de las cabinas de peaje.
Dos peajes en el distrito y reclamos sin respuesta
Según los pliegos licitatorios correspondientes a la Etapa II de la concesión, en el partido de Azul se proyectan dos estaciones de peaje: una en el kilómetro 290 —en la zona entre Cacharí y Azul— y otra en el kilómetro 380.
Para distintos sectores, esta ubicación no sólo resulta inconveniente sino también perjudicial para la economía regional, al afectar el tránsito cotidiano de trabajadores, productores y vecinos.
Pese a los cuestionamientos, la Resolución 1843/2025 del Ministerio de Economía avanzó con el llamado a licitación sin introducir modificaciones sustanciales en ese punto. A lo largo del proceso, se emitieron diversas circulares aclaratorias que ajustaron aspectos técnicos y administrativos, pero sin responder a los planteos realizados durante las audiencias públicas.
La polémica por la exclusión de AUBASA
En las últimas horas, la controversia sumó un nuevo capítulo. La empresa Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA), que se había presentado como oferente, denunció haber sido excluida de manera “arbitraria” del proceso licitatorio.
Según informó la firma, la decisión se basó en criterios que no respetan las condiciones establecidas en los pliegos originales, lo que —afirman— compromete la transparencia y legalidad del procedimiento. La empresa presentó una impugnación formal, señalando “graves irregularidades e inconsistencias jurídicas y técnicas” en el dictamen de precalificación.
Este planteo podría demorar o tensionar la etapa final del proceso, aunque hasta el momento no hay señales de que implique una revisión integral del esquema.
Mientras se aguarda la adjudicación definitiva, el debate sigue abierto en Azul y la región. La preocupación no sólo gira en torno al costo del peaje, sino también a la falta de obras estructurales que acompañen la concesión, como la transformación en autovía o mejoras en la seguridad vial.
En ese escenario, el reclamo local insiste en una idea que se repite desde hace meses: que cualquier avance en la concesión de la Ruta 3 contemple las necesidades concretas del territorio y no se limite únicamente a garantizar la rentabilidad del sistema.
El reloj avanza hacia la adjudicación. Y con él, crece la sensación de que una decisión tomada lejos del territorio podría terminar impactando, día a día, en la vida de quienes transitan —y habitan— ese tramo de la ruta.
