Una marea humana colmó ayer los espacios públicos del centro porteño en una jornada de movilización histórica encabezada por trabajadores del Hospital Garrahan, docentes universitarios y estudiantes. El epicentro estuvo en la marcha que partió del Congreso hasta Plaza de Mayo, en rechazo al veto presidencial de la Ley de Emergencia Pediátrica y de la Ley de Financiamiento Universitario, que dejó al Garrahan sin recursos cruciales para su funcionamiento y agravó aún más la crisis salarial del sector salud.
La jornada comenzó temprano en el Garrahan con un paro iniciado a las 7 de la mañana por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Asociación Civil Gremial de Profesionales y Técnicos (APyT), que se extenderá hasta las 19 del domingo. El acto central arrancó cerca de las 15:30 frente al Congreso, cuando luego de una asamblea del hospital los trabajadores marcharon hacia Plaza de Mayo, acompañados por sindicatos docentes, estudiantes universitarios y agrupaciones sociales.
Desde las calles, se alzaron voces que describen la situación con urgencia e indignación: “Este veto es un acto de extrema irresponsabilidad y de gravedad institucional histórica”, declararon en un comunicado los trabajadores del Garrahan. La medida, que pretendía asignar partidas especiales para insumos médicos, equipamiento y recomposición salarial, fue vetada por Milei con el argumento de que generaría un desbalance fiscal, argumentan desde el Ejecutivo.
Al caer la noche, a las 20 horas, se convocó al llamado ruidazo nacional: un repique de cacerolas, bocinas y ruidos desde balcones, barrios porteños como Caballito, Recoleta, Boedo, Villa Lugano, Parque Chacabuco y otros, y lugares emblemáticos, como las puertas del Garrahan. Esa protesta sonora buscó materializar mediante el ruido la alarma social: la ciudadanía manifestando su rechazo público a la decisión gubernamental.
Estudiantes y docentes de la Universidad de Buenos Aires se sumaron con gran visibilidad. En la marcha compartieron reclamos por el financiamiento universitario, por la preservación de la educación pública, por salarios dignos, y por evitar que los hospitales pediátricos como el Garrahan queden debilitados.
Entre las denuncias más reiteradas: renuncias de profesionales capacitados, deterioro del servicio, precariedad salarial, falta de diálogo institucional, angustia de las familias de pacientes pediátricos que no pueden acceder a atención especializada, y el temor de que el veto no sea un hecho aislado sino parte de una política sistemática de ajuste y reducción del Estado.
Este ruidazo nacional y la movilización sitúan al veto presidencial como un punto de inflexión: no solo para quienes trabajan en salud y educación, sino también para una sociedad que se ve forzada a movilizarse para defender derechos fundamentales. El Gobierno, que hasta ahora respondió con argumentos fiscales y técnicos, enfrenta una creciente presión política y social para revertir los vetos, evitar que el Garrahan colapse, y asegurar que la educación pública conserve su financiamiento en un contexto de crisis económica.
Con la mirada puesta en el próximo miércoles 17 de septiembre, fecha en la que el Congreso tratará los vetos, la jornada de ayer dejó claro un mensaje potente: muchos sectores ya no aceptan que decisiones clave sobre salud y educación queden supeditadas solo al cálculo presupuestario, ignorando los costos humanos que implican. La sociedad exige que se escuche, y lo hace haciendo ruido.
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