En tan solo dieciséis meses de gestión del presidente Javier Milei, el sector público nacional sufrió una poda histórica. Entre noviembre de 2023 y marzo de 2025, la dotación de personal se redujo en 48.892 puestos de trabajo, lo que representa una caída del 14,2% en la estructura del Estado. La política de “desguace” aplicada por la administración libertaria no solo apuntó a reducir el tamaño del Estado, sino también a vaciar su capacidad regulatoria y de gestión, abarcando desde la administración central hasta las empresas públicas.
El recorte afectó de manera desigual a las distintas áreas: la administración centralizada perdió 14.710 empleos (-26,3%), seguida por la descentralizada (-14.800 puestos, -10,8%) y la desconcentrada (-2.561, -8,5%). En tanto, las empresas y sociedades del Estado sufrieron un ajuste de 15.221 empleos, equivalente al 14,6% de su plantilla, mientras que otros entes estatales registraron una baja del 7,8%.
La empresa más golpeada fue la Agencia de Publicidad del Estado (ex Télam), con un recorte brutal de 14.710 trabajadores, lo que representa una reducción del 79,4% de su personal y prácticamente su desaparición. Le siguen el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) (-2.095), los Fondos Pellegrini del Banco Nación (-1.633), y medios públicos como Radio y Televisión Argentina (-614). También fueron fuertemente impactadas empresas tecnológicas, educativas y de infraestructura, como Educar S.E., Contenidos Públicos S.E., el Polo Tecnológico Constituyentes, y el Correo Argentino, con caídas que oscilan entre el 28% y el 51%.
En el plano de los organismos descentralizados y desconcentrados, el mayor golpe lo recibió el Servicio Geológico Minero Argentino, que perdió 4.787 empleos. También se registraron recortes en áreas clave para el desarrollo científico y sanitario: el Instituto Nacional de Vitivinicultura (-1.344), el CONICET (-530) y el Malbrán (-453). En términos relativos, se destacan caídas como la del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, con un desplome del 61% de su planta, y fuertes reducciones en organismos como el Instituto Nacional del Cáncer, la Agencia Nacional de Discapacidad y el Hospital Ramón Carrillo, todos con pérdidas de entre el 32% y el 38%.
Este ajuste, presentado como parte de una política de “eficiencia” estatal, pone en jaque las funciones estratégicas del Estado, dejando debilitadas áreas sensibles vinculadas a la salud, la ciencia, la educación, la producción y la comunicación pública. La tendencia marca no solo un retroceso en la cantidad de personal, sino un vaciamiento en términos de capacidades institucionales, técnicas y sociales.
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