Desde el Colegio Profesional de Terapia Ocupacional bonaerense advirtieron sobre tratamientos realizados por personas sin habilitación y cursos que prometen competencias para las que no existe una autorización profesional. La entidad impulsa acciones conjuntas con otros colegios y gestiona acuerdos con la Procuración General para fortalecer las denuncias.
El ejercicio ilegal de las profesiones de la salud y la difusión de ofertas educativas engañosas generan preocupación entre las entidades profesionales de la provincia de Buenos Aires. Desde el Colegio Profesional de Terapia Ocupacional (CoTOBA) advirtieron que estas prácticas pueden poner en riesgo la salud de la población y perjudicar a quienes buscan formarse para trabajar en el sector.
La presidenta de la institución, Claudia Spidalieri, explicó que la problemática fue uno de los temas centrales de una reunión preparatoria del encuentro que diez colegios profesionales mantuvieron con el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak.
“Estuvimos trabajando con los otros colegios profesionales y justamente planteamos la necesidad de hacer algo en conjunto”, señaló Spidalieri, quien destacó la importancia de coordinar medidas de prevención, fiscalización y concientización.
Según la titular del CoTOBA, desde la puesta en funcionamiento del Colegio se encontraron con una cantidad de situaciones que superó las previsiones iniciales. “Nunca dimensionamos la magnitud que hay en relación al ejercicio ilegal de nuestra profesión”, reconoció.
Tratamientos sin habilitación profesional
Entre los casos detectados, Spidalieri mencionó denuncias de familias que descubrieron que sus hijos recibían atención de personas sin habilitación, así como situaciones advertidas por trabajadores de hospitales públicos.
En uno de los episodios relatados, un paciente había recibido tratamientos domiciliarios de una persona que se presentaba como terapista ocupacional, pero que, según indicó la dirigente, carecía de formación profesional y habría realizado intervenciones contraindicadas para su patología.
La presidenta del Colegio también alertó sobre instituciones y empresas prestadoras que incorporan estudiantes avanzados o personas sin matrícula para realizar tareas reservadas a profesionales habilitados.
En ese sentido, recordó que contar con un título universitario no siempre es suficiente para ejercer legalmente: cuando la normativa exige matrícula profesional, también es necesario cumplir con ese requisito.
Cursos que prometen una habilitación que no existe
Otra preocupación está vinculada con las capacitaciones que ofrecen formar supuestos auxiliares para desempeñar funciones propias de profesiones universitarias reguladas.
Spidalieri puso como ejemplo los cursos de “auxiliar de Terapia Ocupacional” y sostuvo que esa denominación no constituye una habilitación para ejercer la disciplina.
“En el caso nuestro no hay auxiliar de Terapia Ocupacional. Eso no existe, no existe”, enfatizó.
Estas propuestas pueden generar perjuicios económicos y laborales para quienes pagan por una formación cuyos alcances no son los que esperan. También pueden exponer a pacientes a intervenciones realizadas por personas que no cuentan con las competencias ni las autorizaciones necesarias.
Por ese motivo, desde el CoTOBA recomendaron verificar previamente la validez de los títulos, el reconocimiento de las instituciones educativas y los alcances de las certificaciones antes de inscribirse en un curso.
Gestiones ante la Procuración General
Frente a esta situación, el Colegio inició gestiones con la Procuración General de la provincia de Buenos Aires para mejorar el tratamiento judicial de las denuncias por ejercicio ilegal.
Spidalieri confirmó que mantuvieron reuniones con autoridades del Ministerio Público y que trabajan en la posibilidad de formalizar un convenio de cooperación.
La entidad ya presentó numerosas denuncias penales en distintas fiscalías bonaerenses. Sin embargo, la dirigente advirtió que el desconocimiento sobre las incumbencias específicas de la Terapia Ocupacional puede dificultar la comprensión de los hechos denunciados y el avance de algunas investigaciones.
Desde el Colegio consideran que una mayor articulación entre las entidades profesionales, las autoridades sanitarias y el sistema judicial permitiría mejorar la detección de irregularidades y prevenir situaciones que comprometan la seguridad de los pacientes.
La advertencia apunta tanto a proteger a la población como a garantizar que las prestaciones de salud sean realizadas por profesionales debidamente formados y habilitados.
