El gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó una ampliación de las facultades operativas del Astillero Río Santiago, una medida que busca otorgarle mayor autonomía administrativa y acelerar la firma de contratos, acuerdos comerciales y actuaciones judiciales vinculadas a la actividad del complejo naval de Ensenada.
La decisión fue establecida a través del Decreto 357/2026, publicado en el Boletín Oficial bonaerense, y forma parte de la estrategia impulsada por la gestión de Axel Kicillof para fortalecer el funcionamiento de una de las principales industrias estatales de la provincia.
A partir de esta modificación, el presidente del ente administrador del Astillero podrá aprobar y suscribir contratos relacionados con la comercialización de bienes y servicios, además de acuerdos necesarios para el desarrollo de actividades industriales, navales y metalúrgicas.
La normativa también habilita a las autoridades del Astillero a disponer de materiales abandonados, rezagos y bienes considerados riesgosos para la seguridad o el ambiente, con el objetivo de agilizar procesos internos y administrativos.
Mayor autonomía para acuerdos y litigios
Uno de los puntos centrales del decreto es la ampliación de facultades jurídicas y comerciales.
Las autoridades del Astillero quedaron habilitadas para intervenir ante la Fiscalía de Estado en procesos judiciales y arbitrales, tanto en el país como en el exterior. Esto incluye la posibilidad de participar en conciliaciones, transacciones, acuerdos procesales, allanamientos y desistimientos en representación del ente estatal.
En los hechos, la administración bonaerense descentralizó parte de las decisiones vinculadas con el funcionamiento operativo y comercial del complejo naval, históricamente atravesado por dificultades financieras, demoras productivas y negociaciones complejas con proveedores y organismos públicos.
Continuidad administrativa
El decreto también establece mecanismos para garantizar la continuidad operativa del Astillero. En caso de vacancia temporal de la presidencia y vicepresidencia del ente, las atribuciones pasarán automáticamente al gerente general del complejo industrial.
Desde el Ejecutivo provincial señalaron que la medida apunta a evitar interrupciones en la gestión y asegurar capacidad de respuesta ante contratos y procesos en marcha.
Un símbolo de la industria naval bonaerense
En los fundamentos del decreto, el gobierno recordó que el Astillero Río Santiago tiene capacidad para firmar convenios con organismos municipales, provinciales, nacionales e internacionales, además de desarrollar tareas de diseño, construcción y reparación de embarcaciones, maquinarias e infraestructura industrial.
El complejo naval, ubicado en Ensenada, es considerado uno de los principales símbolos de la industria pesada bonaerense y emplea a miles de trabajadores especializados.
La decisión oficial se produce además en un contexto de fuerte debate político sobre el rol de las empresas estatales y el futuro de la industria nacional, mientras distintos sectores industriales advierten sobre el impacto de la caída de la obra pública y la retracción económica sobre la actividad productiva.
Con esta medida, el gobierno provincial busca otorgarle mayor capacidad de maniobra al Astillero para acelerar negociaciones, cerrar acuerdos estratégicos y sostener el nivel de actividad en uno de los sectores industriales más emblemáticos de la provincia de Buenos Aires.
