El jefe de Gabinete de Javier Milei, Manuel Adorni, volvió a quedar en el centro de la escena política y judicial luego de una serie de revelaciones sobre su patrimonio, obras realizadas en una propiedad de un country bonaerense y presuntas inconsistencias en sus declaraciones patrimoniales.
La polémica escaló esta semana, cuando la senadora y presidenta del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, le pidió públicamente que presente “de inmediato” su declaración jurada de bienes para aclarar la situación y evitar un mayor desgaste para el Gobierno nacional.
El origen del escándalo
La causa comenzó a tomar volumen a partir de distintas publicaciones periodísticas y actuaciones judiciales vinculadas a un presunto enriquecimiento ilícito. Una de las revelaciones más resonantes surgió luego de la declaración del contratista Matías Tabar ante la Justicia federal.
Según trascendió, el empresario aseguró que Adorni le habría pagado unos 245 mil dólares en efectivo para realizar importantes refacciones en una vivienda ubicada en el country Indio Cuá, en el partido bonaerense de Exaltación de la Cruz. Entre las obras mencionadas figuran remodelaciones integrales, construcción de pileta y hasta una cascada ornamental en el jardín.
De acuerdo con las versiones difundidas en distintos medios nacionales, los pagos se habrían realizado en múltiples entregas en efectivo durante varios meses y sin documentación respaldatoria.
El caso se sumó a otras publicaciones que señalaron que la propiedad del country no habría sido incorporada en una declaración patrimonial presentada ante la Justicia Electoral porteña en 2025, pese a tratarse de un bien ganancial adquirido junto a su esposa, Bettina Angeletti.
También surgieron cuestionamientos por la compra de departamentos en la Ciudad de Buenos Aires bajo modalidades de financiamiento poco habituales, según declaraciones de escribanos y documentación incorporada a la causa judicial.
La investigación judicial y el impacto político
La investigación quedó a cargo del juez federal Ariel Lijo y del fiscal Gerardo Pollicita, quienes avanzan sobre distintos movimientos patrimoniales del funcionario.
Mientras tanto, el presidente Milei salió públicamente a respaldar a su jefe de Gabinete y compartió mensajes en redes sociales defendiendo su accionar y cuestionando las denuncias periodísticas.
Sin embargo, dentro del propio oficialismo comenzaron a escucharse voces de preocupación. La intervención más fuerte llegó desde Bullrich, quien sostuvo que Adorni debe aportar pruebas “rápidas y contundentes” para evitar que “el Gobierno se empantane”.
“No puede quedar la sensación de que somos iguales a los que venimos a correr”, afirmó la legisladora en declaraciones televisivas.
Incluso algunos medios nacionales señalaron que en sectores del oficialismo ya se debate internamente el costo político del caso y la posibilidad de que Milei evalúe cambios en el Gabinete si la situación continúa escalando.
Declaraciones juradas y sospechas
Otro de los puntos que generó controversia fue la decisión de la Oficina Anticorrupción de extender los plazos para la presentación de declaraciones juradas patrimoniales de funcionarios nacionales hasta julio de 2026, en medio del escándalo que involucra a Adorni y a otros integrantes del Gobierno.
Desde la oposición sostienen que el funcionario debe aclarar el origen de los fondos utilizados para adquirir propiedades, realizar viajes y afrontar costosas remodelaciones en poco tiempo.
Por su parte, Adorni rechazó las acusaciones y aseguró en distintas oportunidades que puede justificar cada uno de sus gastos y movimientos patrimoniales. Hasta el momento, no presentó públicamente la documentación completa reclamada por distintos sectores políticos y judiciales.
Un nuevo foco de desgaste para el Gobierno
El caso se convirtió en uno de los episodios más delicados para la administración de Milei desde el inicio de su gestión. La investigación judicial, las disputas internas dentro de La Libertad Avanza y las críticas opositoras suman presión sobre una figura clave del Gobierno nacional.
Mientras tanto, el oficialismo intenta contener el impacto político de una causa que ya atraviesa los tribunales, el Congreso y la agenda pública nacional.
