Río de Janeiro amaneció otra vez bajo fuego. Helicópteros sobrevolando favelas, blindados avanzando por calles angostas, drones vigilando desde el cielo y explosiones que marcaron el pulso de una ciudad paralizada. El megaoperativo desplegado en los complejos de Alemão y Penha dejó un saldo brutal: al menos 120 personas muertas —entre ellas cuatro policías— y más de 80 detenidos. Una escena de guerra en pleno corazón urbano que expone, con crudeza, la persistencia de una política de seguridad basada en la violencia extrema, heredera directa del bolsonarismo.
La operación, presentada por el gobierno estadual como la mayor de la historia contra el narcotráfico, movilizó a unos 2.500 efectivos de fuerzas especiales de las policías Civil y Militar. El objetivo formal fue desarticular supuestas posiciones del Comando Vermelho, una de las organizaciones criminales más antiguas y poderosas de Brasil, nacida en las cárceles cariocas en los años setenta y hoy convertida en una estructura delictiva con alcance nacional y transnacional. Sin embargo, el despliegue tuvo consecuencias que fueron mucho más allá del combate al crimen.
La respuesta armada del grupo criminal paralizó Río. Autos incendiados, avenidas clave como la Brasil y la Línea Amarela bloqueadas, explosivos lanzados desde drones —una táctica inédita en el país— y miles de personas atrapadas sin transporte. Más de 45 escuelas suspendieron clases, decenas de líneas de colectivos fueron desviadas y el miedo se instaló en los barrios populares, donde la frontera entre criminales y vecinos vuelve a borrarse cada vez que el Estado entra a los tiros.
Detrás del operativo estuvo la decisión política del gobernador Cláudio Castro, referente del Partido Liberal y aliado del bolsonarismo, quien optó por avanzar sin respaldo federal y luego responsabilizar al gobierno nacional por la falta de apoyo militar. Castro habló de una “guerra contra el narcoterrorismo” y reclamó la intervención de las Fuerzas Armadas, un discurso que remite directamente a la lógica de militarización y excepcionalidad promovida durante los años de Jair Bolsonaro.
Desde el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, en cambio, observan el accionar del mandatario carioca como una maniobra política. No solo por el alto costo humano del operativo, sino también por el contexto: la acción se concretó mientras Lula se encontraba fuera del país, regresando de una gira internacional por el sudeste asiático, lo que alimenta sospechas de un intento de capitalizar el conflicto de cara a las elecciones del próximo año.
Las reacciones no tardaron en llegar. Legisladores, organizaciones sociales y organismos de derechos humanos denunciaron que las favelas fueron tratadas como territorio enemigo. “Licencia para tirar y matar”, resumió el diputado y pastor evangélico Henrique Vieira. Desde la Asamblea Legislativa, la presidenta de la comisión de derechos humanos, Dani Monteiro, exigió explicaciones por un operativo que volvió a convertir a las comunidades pobres en escenario de barbarie.
El repudio también cruzó fronteras. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó su horror ante los hechos y advirtió que este tipo de acciones refuerzan una tendencia de consecuencias letales extremas en comunidades marginadas. Human Rights Watch Brasil calificó el operativo como un desastre y reclamó que la Fiscalía investigue cada una de las muertes. Para su director en el país, César Muñoz, la sucesión de operativos sangrientos no solo no mejora la seguridad, sino que profundiza la inseguridad y revela el fracaso de la política de “mano dura”.
Los números respaldan esa afirmación. En 2024, Río de Janeiro registró cerca de 758 muertes por disparos en operaciones policiales o enfrentamientos armados, un promedio escalofriante de casi dos por día. La escalada no es nueva, pero se ha intensificado bajo gobiernos que entienden la seguridad como una guerra interna, donde los derechos humanos quedan suspendidos.
La retórica bolsonarista empuja aún más lejos ese límite. Días atrás, el senador Flávio Bolsonaro llegó a sugerir que Estados Unidos bombardee embarcaciones en la bahía de Guanabara para combatir el narcotráfico, celebrando intervenciones militares extranjeras como modelo. La declaración, lejos de ser una excentricidad aislada, revela una concepción de la seguridad que naturaliza la violencia extrema y la pérdida de soberanía.
El contraste con el gobierno de Lula es nítido. Sin negar la gravedad del problema del narcotráfico, la administración federal busca reencuadrar la seguridad dentro del Estado de Derecho, con control institucional y respeto por la vida. No se trata de ingenuidad, sino de una comprensión distinta: sin políticas sociales, sin presencia estatal integral y sin límites claros al uso de la fuerza, las balas solo reproducen el círculo de sangre.
Río sangra otra vez, y no por casualidad. Lo hace porque una parte de la dirigencia sigue apostando a la violencia como espectáculo político y herramienta electoral. En ese choque de modelos —el del bolsonarismo punitivo y el del lulismo democrático— se juega algo más que una estrategia de seguridad: se juega el sentido mismo de la democracia brasileña y el valor que el Estado asigna a la vida de quienes habitan sus márgenes.
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