El reciente veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario, impulsado por el gobierno de Javier Milei, ha provocado un intenso debate en el ámbito político y social, sumando voces de rechazo tanto de legisladores como de referentes de la sociedad civil. La ley, que pretendía actualizar las partidas presupuestarias de las universidades nacionales y recomponer los salarios de docentes y no docentes, fue desestimada por el Poder Ejecutivo argumentando que no tenía respaldo fiscal.
Varios referentes políticos expresaron su descontento de manera tajante. Natalia de la Sota, diputada nacional por Córdoba, fue contundente en su crítica: “Un país con menos educación pública. Menos conocimiento, desigual, excluyente. Con universidades desfinanciadas. Con salarios por el piso. Eso quieren. Una Argentina para pocos”, subrayando la preocupación por el futuro de la educación pública en el país.
En la misma línea, el diputado nacional Leandro Santoro destacó la falta de celebración por parte del oficialismo tras la aprobación del veto: “Mirá si será una barbaridad lo que acaban de votar, que ganó el gobierno y el oficialismo NO FESTEJÓ”, una afirmación que pone en evidencia el malestar hasta dentro de las propias filas oficialistas.
El periodista Jorge Rial también se sumó a las críticas, advirtiendo que lo que hoy parece una victoria para el gobierno pronto se convertirá en una derrota: “Lo que parece una victoria, en poco tiempo se convertirá en derrota. Es inevitable”, presagiando que las consecuencias del veto tendrán un alto costo político y social.
Por su parte, el senador nacional Martín Lousteau también arremetió contra la decisión del gobierno, acusándolo de haber traicionado la voluntad popular: “El Gobierno, con la complicidad de algunos legisladores aliados y opositores, y utilizando recursos de todo tipo, provocó que la Cámara de Diputados termine dándole la espalda a una sociedad que, a lo largo y a lo ancho del país, dejó en claro que está a favor de la educación”.
Uno de los comentarios más duros vino de Malena Galmarini, compañera de Sergio Massa, quien criticó el accionar del oficialismo al señalar que “Dejaron de construir mayorías para sacar leyes. Pasaron a buscar minorías para sostener vetos. La casta finalmente son las mujeres, las niñeces, lxs estudiantes, lxs trabajadores y lxs viejos. O sea, digamos, todos menos ustedes”, aludiendo a la desconexión del gobierno con las necesidades de la mayoría de la población.
“Me corto la mano antes de votar con el kirchnerismo”, exclamó el diputado y exministro de Educación Alejandro Finocchiaro, subrayando que la discusión del veto también era un mensaje dirigido a los mercados internacionales. Para Finocchiaro, la prioridad parecía ser cómo sería percibida la medida en el ámbito financiero global más que el impacto en el sistema educativo.
Por otro lado, el diputado Germán Martínez expresó con indignación su rechazo al veto y señaló la contradicción en las prioridades del gobierno: “PARA LA SIDE Y LOS TROLLS HAY PLATA”, en una crítica directa al desbalance en el uso de los recursos públicos. La frase refleja la frustración que el tema ha generado entre quienes ven el veto como un ataque a la educación pública.
En un tono igualmente crítico, el diputado Miguel Ángel Pichetto comparó la política actual con un ajuste económico similar al aplicado durante la dictadura militar de Martínez de Hoz: “¿Qué son, una empresa de destrucción masiva? ¿Cuál es el plan, un ajuste al estilo Martínez de Hoz?”, cuestionando los verdaderos motivos detrás de las medidas económicas del gobierno.
Julia Strada, directora del CEPA y diputada nacional, destacó la incoherencia en las decisiones del gobierno al señalar que, a pesar de tener un superávit primario proyectado, se rechazó una medida de bajo impacto fiscal: “El gobierno tiene un superávit primario de 1.5% del PBI para 2024, pero dice que no puede hacer frente al 0.14% del PBI para sostener el presupuesto universitario. Por ende, el gobierno miente. El problema no es la magnitud del gasto sino el modelo de país excluyente de este gobierno espantoso”, remarcando que el veto no se basa en una cuestión fiscal sino en una visión ideológica.
Finalmente, el diputado Martín Soria cerró la discusión criticando la alianza entre Milei, el PRO y la UCR por vetar el financiamiento universitario: “Desde el Peronismo siempre defenderemos el derecho argentino a la Educación pública, gratuita y de calidad”, reafirmando su compromiso con la defensa de la educación pública.
El veto ha dejado al descubierto profundas divisiones en la política argentina y ha generado una ola de indignación entre sectores que consideran la medida un ataque frontal contra el derecho a una educación pública de calidad. La discusión continúa, pero las voces en contra del veto parecen ganar terreno en una sociedad que clama por una mayor inversión en el sistema educativo.
