El gobierno de Milei firmó un nuevo acuerdo con el FMI que compromete al país con más endeudamiento, ajuste fiscal, reformas regresivas y riesgos crecientes.
El 14 de abril se conoció el contenido del nuevo acuerdo firmado por el Gobierno argentino con el Fondo Monetario Internacional. El préstamo, que asciende a USD 20.000 millones, forma parte de un programa de Facilidades Extendidas que se suma a una ya abultada deuda con el organismo, llevando la exposición de Argentina al 43,1% del total prestado por el FMI a nivel mundial: una concentración inédita y peligrosa.
Este nuevo “puente financiero” busca sostener un modelo económico que, lejos de fomentar la producción y el trabajo, se apoya en el ajuste, la apertura indiscriminada, la valorización financiera y un esquema cambiario frágil. Las condiciones impuestas por el Fondo incluyen: recortes en subsidios, reformas laboral, previsional y tributaria, liberalización de precios y tarifas, y una meta de superávit fiscal creciente hasta 2027. Todo ello bajo la promesa de una bonanza exportadora futura que, según el FMI, llegaría recién hacia 2030.
El acuerdo fue avalado por decreto, sin pasar por el Congreso, lo que representa una grave violación institucional al no respetar lo dispuesto por el artículo 75 de la Constitución Nacional ni por la ley de 2021 que exige ratificación legislativa para este tipo de compromisos.
En el corto plazo, el modelo genera apreciación cambiaria, deterioro de la cuenta corriente, presión sobre reservas y un freno al crecimiento. La necesidad financiera para 2025 se estima en USD 47.000 millones, mientras que los ingresos esperados solo alcanzarían USD 31.800 millones. La brecha se cubrirá con más deuda.
Mientras tanto, el nuevo esquema monetario y cambiario plantea una banda de flotación amplia para el dólar, eliminación de restricciones y desregulación financiera, medidas que podrían intensificar la volatilidad y acelerar la inflación, especialmente en un contexto de tarifas liberadas y subsidios eliminados.
El acuerdo no incluye ninguna política concreta de impulso a la producción, el empleo o la soberanía económica. Por el contrario, el FMI reconoce que el repago del préstamo está plagado de “riesgos excepcionales” y que el margen de maniobra del país es “limitado”.
El futuro de la economía argentina queda así atado a una promesa incierta: exportar más gas y litio en los próximos cinco años. Mientras tanto, los costos del nuevo endeudamiento y el ajuste caen sobre los hombros de los trabajadores, jubilados y sectores populares.
Argentina vuelve a recorrer un camino conocido: el de la dependencia financiera, la subordinación política y el debilitamiento de su estructura productiva. Un camino que, lejos de ser una salida, profundiza la crisis.
