A pesar de que un estudio científico confirmó la presencia de agrotóxicos en el agua y el suelo de quince escuelas de Tandil, el Concejo Deliberante sancionó una ordenanza en sintonía con los pedidos del agronegocio: habilita fumigaciones cerca de viviendas, escuelas y cursos de agua. La normativa desoye un fallo judicial que había fijado 2000 metros de protección.
Por Nicolás Scipione (desde Tandil)
Vecinos y vecinas se movilizaron desde temprano ante el Concejo Deliberante para exigir que no se vote una nueva ordenanza de aplicación de agrotóxicos en Tandil. Se les negó el acceso a la sesión con una numerosa presencia policial. Mientras tanto, los y las concejales votaron una normativa que permite que se fumigue a solo 60 metros de las casas, 20 metros de los cursos de agua, 50 de los pozos de agua y a solo 150 de las escuelas rurales. La ordenanza quedó sancionada por 19 votos a favor y una abstención. En Rafaela (Santa Fe) también se legisló para facilitar el uso de agrotóxicos.
La bancada mayoritaria de Juntos por el Cambio y la del Frente de Todos acompañaron la ordenanza, aunque este último bloque presentó un dictamen de minoría con observaciones sobre las distancias y la autoridad de aplicación en la misma. Los concejales no permitieron que vecinos y vecinas presencien la sesión. La nueva normativa reemplaza la ordenanza 12.316 del año 2011.
Una ordenanza que contradice leyes y tratados de Derechos Humanos
En las últimas semanas se vivieron momentos intensos en Tandil. Los y las representantes del pueblo ultimaron detalles para sancionar esta ordenanza y, ante esto, vecinos y vecinas de la ciudad se congregaron ante cada sesión para exigir que se convoque a una audiencia pública que debata de forma democrática y abierta. «Nos amparan los tratados internacionales de derechos humanos, leyes nacionales, provinciales y locales como el Acuerdo de Escazú, la Ley General del Ambiente y la Ordenanza 8094”, reclamó en un comunicado la Asamblea por un Tandil sin Trigo Transgénico ni Agrotóxicos.
El 26 de noviembre, ante la protesta de los vecinos y vecinas dentro del recinto, las autoridades legislativas convocaron a una reunión ampliada de la Comisión de Trabajo, Producción y Ambiente para el lunes 29, en la que se vio presencia de policías de civil, con participación de tan solo 19 oradores y oradoras, pretendiendo con este encuentro reemplazar la Audiencia Pública solicitada por las organizaciones sociales.
Aun así, los vecinos y vecinas hicieron escuchar su voz disidente. Damián Colucci, productor agroecológico de la zona señaló: “Hace 21 años que no usamos insumos químicos y logramos un sistema muy interesante. Siempre me pareció raro, por la restricción en las aplicaciones, que muchos campos dejaron de producir linderos a la ciudad y nosotros siempre necesitando ampliar la superficie, muy pocas veces nos vinieron a buscar”.
Asimismo, Claudio Lowy, ingeniero forestal y coordinador del Nodo Tandil de Bios Argentina, aclaró que el borrador de la ordenanza define la «zona de exclusión» y no autoriza en ella el uso de productos agroquímicos aunque “sólo se permiten aquellos de tipo biológicos, línea jardín peri-hogareña y/o domisanitarios” que está definida según Resolución 391/1990 sin actualización desde 2010 y, agrega, que no se tiene en cuenta que la Organización Mundial de la Salud no clasifica formulados, sino que clasifica principios activos.
“No clasifica por ejemplo, al formulado Roundup, sino que clasifica al principio activo glifosato. Y lo que se comercializa en Tandil son formulados de principios activos y no principios activos”, aclara. En este sentido, Lowy señala que el estado municipal sólo tiene en cuenta la toxicidad letal aguda, sin contemplar, por ejemplo, si produce cáncer, malformaciones congénitas, daños neuronales o afectan el sistema inmunológico.
El Poder Judicial protege, el poder político fumiga
El conflicto por las fumigaciones en Tandil comenzó en 2019 cuando un grupo de profesionales de la Universidad del Centro de Buenos Aires (Unicen) demostró la presencia de 16 agrotóxicos en el agua y suelo de 15 escuelas rurales de la zona. Presentaron al Concejo Deliberante, conjuntamente con la ONG Bios Argentina Nodo Tandil y el respaldo de 46.000 firmas de vecinos y vecinas, un proyecto de ordenanza para prohibir las fumigaciones aéreas con agroquímicos y fijar una distancia mínima (para las aspersiones terrestres) de 2000 metros de lugares habitados y cursos de agua.
En octubre de 2020, ante la denuncias en campos lindantes con escuelas y poblados rurales, el juez Francisco Blanc, del Juzgado Provincial en lo Civil y Comercial 2 de Azul, dictó una medida cautelar que que restringe las fumigaciones aéreas a 2000 metros y las terrestres a 500 metros de casas, escuelas, poblados, pozos y cursos de agua.
Curiosamente, en noviembre de 2020 y sin argumentaciones, las autoridades del Municipio hicieron una presentación ante el juez Blanc donde expresaban que la medida cautelar “se excede en sus atribuciones” y, paralelamente, comenzaron un trabajo parlamentario a través de la Comisión de Trabajo, Producción y Ambiente para sancionar una ordenanza que deje sin efecto su medida cautelar.
Allí comenzó también un proceso de trabajo legislativo que durante meses se mantuvo casi en secreto. Se anunciaban en medios locales avances sobre un borrador de una futura ordenanza, reuniones con “actores involucrados” y las promesas de basarse en las “Buenas Prácticas Agrícolas (BPA)” promovidas desde el gobierno nacional y provincial, pero poco se sabía públicamente del contenido del proyecto de ordenanza.
¿Trigo agroecológico o trigo transgénico?
Por otro lado, el 2 de enero de 2021, vecinos y vecinas de la ciudad apoyaron la presentación de un amparo ambiental colectivo de diversas organizaciones sociales de distintos puntos de Buenos Aire ante el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil 2 de Mar del Plata. El objetivo fue detener la liberación del trigo transgénico HB4. Esta acción avivó un debate latente: en Tandil se producen unas 200.000 toneladas de trigo al año.
En junio de 2021 se anunció con bombos y platillos la firma de una carta de intención entre el Municipio, una cooperativa de vivienda local y las empresas Bioceres y Ortech para instalar una planta de fabricación de paneles a base de rastrojo de trigo transgénico en el Parque Industrial de la ciudad.
En agosto pasado, la Asamblea por un Tandil sin Trigo Transgénico ni Agrotóxicos solicitó a las autoridades municipales una entrevista para interiorizarse sobre los pormenores del proyecto. Fueron atendidos por la secretaria de Desarrollo Productivo y Relaciones Internacionales, Marcela Petrantonio, y su director de Asuntos Agropecuarios, Cristian Trevolazavala, también integrante de la cámara agroindustrial de Tandil. Los funcionarios no respondieron ninguna de las preguntas. Aún hoy no se sabe cuáles son los estudios de impacto ambiental que avalan el proyecto, no se sabe si están fiscalizados los modos de producción de los paneles y tampoco se conoce la proyección real respecto de la cantidad de puestos de trabajo que garantizaría que, según los promotores municipales del proyecto, sería su mayor ventaja.
En octubre último, un grupo de huertas orgánicas de la zona urbana de la ciudad denunció problemas en sus cultivos. El caso más resonante fue el de una huerta que perdió la producción de 10.000 plantines de hortalizas, frutales y aromáticas, es decir, todo el trabajo de la temporada 2021 perdido por la aplicación del agrotóxico 2-4D y aún esperan que el Municipio acompañe el pedido de muestras correspondientes para saber dónde y cómo se aplicó ese herbicida.
Concejales a favor de agrotóxicos en Tandil
Algunas declaraciones de la semana pasada indicaban que los concejales creían todo sentenciado. El titular del Concejo Deliberante y jefe de la bancada mayoritaria de Juntos por el Cambio, Juan Pablo Frolik, en la tarde del jueves anunció la sesión extraordinaria para el lunes 6 de diciembre. «Hace dos años que se está tratando el tema y todos se expresaron libremente». Y les adelantó: «Se van a tratar dos dictámenes y en todo caso ustedes pueden seguir trabajando por una modificación de la ordenanza que se trate». Asimismo, la presidenta de la Comisión de Trabajo, Producción y Ambiente, María Haydeé Condino, también concejal de Juntos por el Cambio, dijo públicamente a medios locales que, si fuera necesario, se votará la ordenanza con disidencias en los puntos más discutidos, como las zonas de exclusión y de zonas de amortiguamiento.
Durante todo el proceso de debate entre legislativo fue un misterio si había consenso entre los distintos bloques sobre los metros de distancia para la aplicación de los agrotóxicos, que la medida judicial había fijado en 500 metros. Mientras algunos sectores del agronegocio hablaban de 150 metros, las organizaciones sociales reclaman que sea de 2000 metros de escuelas y poblaciones.
El concejal del Frente de Todos, Juan Arrizabalaga, que se abstuvo en la votación, manifestó el viernes pasado a organizaciones sociales que había acuerdo de bloque para acompañar la ordenanza, aunque internamente tienen distintas opiniones y prometió seguir pidiendo la realización de la Audiencia Pública. Asimismo el concejal Rogelio Iparraguirre, del mismo bloque, mencionó el reclamo al lanzamiento del Plan Nacional de Forestación: “Ante la pronta aprobación de la nueva ordenanza de regulación de aplicación de agroquímicos en Tandil se hace más notaria la necesidad imperiosa de tener barreras forestales, particularmente en las escuelas rurales y en el área periurbana. El Plan Nacional de Forestación será una gran oportunidad, una medida de fuerte impacto ambiental que tiene que ver con el cuidado de la casa común para todos los tandilenses”.
Virginia Toledo López, integrante de la Asamblea por un Tandil sin Trigo Transgénico ni Agrotóxicos, advirtió que planean continuar exigiendo la audiencia pública. Consideran que hay muchísimas pruebas que confirman la incapacidad de controlar la deriva de los agrotóxicos y aclaran que los árboles no son “barreras naturales”, que además transforman e inciden en el ecosistema local. Por eso, rechazan el anteproyecto “que miente sobre la zona de exclusión al habilitar el uso de sustancias agrotóxicas”. Seguirán exigiendo que se retome el proyecto presentado en 2019 y que el debate sea incorporado a la Comisión de Salud del Concejo Deliberante, como una problemática de salud pública y se presentarán ante la justicia para que eso suceda.
