Hoy se vivió un episodio lamentable en el que la represión se impuso sobre el derecho a protestar. La marcha de jubilados, símbolo de quienes han construido nuestro futuro, fue brutalmente interrumpida por fuerzas policiales que actuaron con extrema dureza. Entre los hechos que conmocionan se destaca la detención del sacerdote Francisco “Paco” Olveira, una figura reconocida por su compromiso social, y la violenta dispersión de los manifestantes, que contínua esta noche.
La brutal acción policial dejó a un fotógrafo, Pablo Grillo, internado en estado de extrema gravedad en el Hospital Ramos Mejía, donde fue operado de urgencia con peligro de su vida.
Lo que más alarma es el uso intencionado de tácticas intimidatorias por parte de las fuerzas del orden: se reporta que la Policía plantó un revolver en el piso, con la aparente intención de que los manifestantes la recojan y así justifiquen una supuesta situación de violencia armada. Este tipo de acciones no solo vulneran derechos fundamentales, sino que también refuerzan un clima de autoritarismo que afecta aún mas la debilitada imágen del gobierno de Javier Milei.
Es inaceptable que el régimen actual se apoye en la violencia y la intimidación para silenciar a quienes reclaman justicia y mejores condiciones para nuestros jubilados. Estos ciudadanos, que han contribuido a lo largo de décadas al progreso del país, merecen respeto y apoyo, no represión. Ante esta situación, queda claro que la gestión de Milei está delegando en la fuerza y el control el rol de garantizar la seguridad, en detrimento del diálogo y la participación ciudadana.
El episodio de hoy es un llamado urgente a la reflexión: la democracia se fortalece con el respeto a los derechos de protesta y la garantía de que, en un Estado de derecho, el poder no se utiliza para intimidar ni silenciar a la ciudadanía. Es momento de exigir respuestas, de recuperar la libertad de expresión y de poner fin a prácticas autoritarias que, lejos de solucionar las crisis, solo perpetúan el sufrimiento y la división.
